Emergencia económica: si cae, por el momento sería manejable

Las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre el riesgo que vendría para el país en caso de que se caiga la emergencia económica en la Corte Constitucional abrió un nuevo debate político y jurídico respecto a qué tan acertado fue el jefe de Estado al decir que se dispararía el costo de la deuda y se pondría al Estado en un aprieto grave, dado que para algunos analistas, esto sería una situación manejable. Expertos coincidieron en que la situación sería manejable. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, interpreta el tono del Ejecutivo como una señal de prevención y a su juicio, "cuando desde el Ejecutivo se plantea públicamente un escenario de crisis extrema… suele ser porque se percibe un alto riesgo jurídico de que la medida no supere el control constitucional". Pero resalta que el impacto macro no sería grave y que Colombia ha enfrentado ajustes complejos sin estados de excepción. Por eso insiste en que lo que ocurriría sería un retorno al carril institucional ordinario que obligaría al Gobierno a "tramitar los ajustes fiscales necesarios por las vías ordinarias y dentro del marco constitucional", lo que, paradójicamente, puede fortalecer la confianza. Dice que "el país no queda desfinanciado porque se caiga la emergencia" porque los ingresos permanentes siguen, el presupuesto vigente se mantiene y la capacidad de endeudamiento existe. La verdadera diferencia está en que se pierde la herramienta excepcional de modificar ingresos o gastos sin Congreso. Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, va más allá y afirma que el Gobierno sabe que el decreto podría ser inexequible porque "ninguno de los hechos alegados es imprevisto o extraordinario" y existen mecanismos ordinarios para atender la situación, más aún cuando califica el episodio como "una crisis auto infringida". Para Londoño, el problema fiscal estaba anunciado por el exceso de gasto y el faltante es manejable con un recorte del presupuesto. "El faltante alegado por el gobierno es del 3% del presupuesto y eso se puede manejar. Adicionalmente el estatuto orgánico de presupuesto en su artículo 55 determina que si las leyes de financiamiento no son aprobadas procede el recorte del presupuesto. Para mí, el único efecto sería que los mercados creerían más en el país al ver que existen instituciones serias que limitan los excesos por parte del gobierno", acotó. Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, coincide en que las consecuencias no serían tan dramáticas y sugiere que el mensaje del Gobierno también opera como mecanismo de presión pública. "Tal vez es una forma de poner presión sobre la Corte", dice, y agrega que no cree que la caída tenga mayores efectos fiscales ni sobre la actividad económica. Su tesis es que el recaudo estimado no alcanzaría a mejorar de forma significativa la situación fiscal, lo que relativiza la idea de un punto de quiebre. Aun así, Restrepo plantea un efecto que considera valioso en el largo plazo al señalar que tumbar la emergencia ayudaría a restablecer una restricción al poder gubernamental de imponer tributos", lo cual refuerza la separación de poderes y el Estado de derecho. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, resalta que el presidente Petro "sabe perfectamente que este es un decreto inconstitucional" y que hay "no mucha probabilidad de éxito" porque "se incumplen las condiciones". Para él, el debate no es de supervivencia estatal sino de decisión política; ya que "no existe un hecho imprevisible grave" y concluye que no sería grave que se caiga la emergencia porque "una medida como esta no deja desfinanciado al país". Sostiene que el Presidente "lo está agravando" y que el Gobierno debió recortar gastos desde el inicio. Luis Fernando Calderón, director del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, explica que la emergencia está bajo control automático y que la Corte ya pide pruebas e información, además de que algunas autoridades regionales anunciaron acciones contra decretos tributarios, especialmente los que tocan alcohol y tabaco; lo cual aumenta la fragilidad jurídica del paquete. Calderón afirma que los mensajes del Presidente sobre que "no habría para pagar la deuda" funcionan como presión preventiva para trasladar el costo político a quien tumbe la emergencia y en su lectura, el efecto sí podría ser delicado por la combinación de ingresos que se frenarían, el tamaño del hueco y el golpe a la confianza. En ese marco, su conclusión es que "desfinanciado es exagerado", pero el país sí puede quedar "más estrecho de caja" y con menos margen para sostener el plan de gasto como está diseñado; por lo que si se cae la declaratoria el golpe es mayor porque arrastra el paquete completo, mientras que si caen decretos específicos el impacto sería más focalizado.