El Canal reaviva el pulso China-EE. UU.

El fallo del Tribunal Supremo de Panamá que declara inconstitucionales los contratos que permiten a una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison operar dos puertos en el Canal de ese país abre un nuevo capítulo en uno de los frentes de la batalla geopolítica entre EE. UU. y China. CK Hutchison acordó el año pasado vender más de 40 puertos que operaba en todo el mundo -incluyendo los panameños de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico)- a un consorcio liderado por la firmas estadounidense Blackrock y la suiza MSC por 23.000 millones de dólares. La operación fue aplaudida por el gobierno estadounidense , que veía con malos ojos la presencia china en el Canal, pero lleva meses paralizada por el Gobierno chino bajo la amenaza de vetar la operación a menos que la naviera estatal Cosco obtenga un porcentaje mayoritario en ese consorcio. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró la semana pasada "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC, filial de CK Hutchison), un fallo que responde a dos demandas de la Contraloría del país presentadas a partir de una auditoría de los contratos. El tribunal ha considerado probado el contenido de esas auditorías, que hablan de "numerosas irregularidades" y de "un contrato leonino y abusivo contra los intereses del país" según el contralor general, Anel Flores. La decisión judicial supone un varapalo como mínimo de imagen para los intereses chinos. De momento, Pekín prometió este mismo viernes a través de su Ministerio de Exteriores que tomará "todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas", aunque no entró a valorar el contenido del fallo ni las decisiones del poder judicial panameño. El gigante hongkonés no se ha pronunciado directamente. Lo ha hecho PPC a través de un comunicado en el que sostiene que la decisión judicial carece de base legal y advierte de que si es preciso recurrirá a la vía legal nacional e internacional para defender sus intereses. Aunque no cabe recurso ante el fallo del Supremo panameño, la empresa sí puede solicitar aclaraciones del mismo. Se espera que el presidente del país, José Raúl Mulino, y la autoridad marítima panameña anuncien los próximos pasos la semana que viene.