La Nación, Costa Rica
4 de febrero de 2026
El Congreso rechazó la vía rápida al proyecto que permitiría retirar el 100% del ROP en un solo tracto. Así votaron las fracciones.
La Asamblea Legislativa rechazó dar vía rápida al proyecto de ley 24.955, que busca permitir el retiro total del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en un solo pago.
La moción para dispensar de trámites la iniciativa fue presentada por el diputado independiente Gilbert Jiménez, autor del proyecto, pero no tuvo el respaldo necesario del plenario.
Solo contó con el apoyo de seis diputados: el propio Jiménez; José Pablo Sibaja, David Segura y Yonder Salas (Nueva República); Ada Acuña (oficialismo); y Carlos Robles (Unidad Social Cristiana).
En contra votaron 37 diputados: 15 de Liberación Nacional, siete del chavismo, cinco de la Unidad Social Cristiana, cuatro independientes, cuatro del Frente Amplio y dos del Liberal Progresista.
La iniciativa de Jiménez busca entregar el 100% del ROP de una sola vez. Existen en la corriente legislativa otros tres planes para devolver el ROP, pero con diferentes modalidades.
"Ustedes ya han tenido suficiente tiempo, han analizado estas iniciativas y fue un tema de campaña. Yo los invito a pasar de las palabras a los hechos, que mantengamos la contundencia y claridad y le hablamos a los ciudadanos", dijo Jiménez.
"Aquí hay un proyecto con un texto sustitutivo, no es tal vez el mejor o el ideal, pero es el que podría tener la mayor razonabilidad con lo que ustedes señores diputados han planteado", señaló el diputado.
La legisladora del Frente Amplio, Rocío Alfaro, explicó que la moción presentada era para dispensar uno de los cuatro proyectos que buscan entregar el ROP a los ciudadanos.
"Hay una mesa de trabajo que se ha desarrollado en torno a esa discusión (...) No se piense que se está dispensando toda la temática del ROP, sino que solo se priorizaría uno y no lo que se está discutiendo con la población en esa mesa de trabajo y entre todas las fracciones", explicó Alfaro.
El retiro del ROP es una idea impulsada por amplios sectores de la sociedad civil, sin embargo, cuenta con la oposición de órganos como la Superintendencia de Pensiones (Supén) o el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
