El director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, instruyó que se solicitara pasar a régimen de Comisión General durante la discusión en la sesión, de modo que no quedara registrada en actas.
El ministro
Juan Castillo compareció ayer ante la comisión de Trabajo de la
Cámara de Representantes junto
al director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, tras la polémica generada por la
partida compensatoria aprobada por mayoría por el anterior directorio de la
Caja de Profesionales, que luego fue revocada.
La
compensación de $ 131.520 que iba a comenzar a regir para los siete
integrantes del nuevo directorio que asumió el lunes fue votada inicialmente el 15 de enero y desató un fuerte revuelo
político, que derivó en la renuncia anticipada de los dos delegados representantes del
Poder Ejecutivo:
María Noel Sanguinetti y
Gustavo Rodríguez Azcué.
En el Parlamento, Castillo y Di Doménico negaron haber dado instrucciones a los dos representantes del gobierno para que voten a favor de la partida (lo que se aclaró en realidad es que no se dio mandato para que se
incumpliera la ley), que era ilegal al incumplir con el artículo 289 de la ley de
reforma de la seguridad social, que estableció el
carácter honorario de los cargos del directorio.
Sin embargo, según pudo constatar El País a partir de varias fuentes, hubo consulta por parte de los directores a Di Doménico, que dio el visto bueno e instruyó el encargo explícito de que para llevar adelante la votación y tratar el tema se solicite pasar a sesión en
régimen de
Comisión General.
Este mecanismo, que implica el retiro de sala de la
taquígrafa y del jefe del
Departamento de Secretaría cuando se utiliza, es empleado habitualmente por el directorio para tratar discusiones o asuntos que se considera no deberían quedar registrados o que contienen información sensible. En este caso, al no existir versión
taquigráfica, tampoco quedó constancia, al momento de la votación, del informe de Jurídica que advertía sobre la "ilegalidad" de lo que se estaba votando.
En el acta del
directorio correspondiente al 8 de enero, cuando el representante de los
afiliados jubilados, Robert Long, desarrolló su argumento a favor de crear la partida (los nuevos directores dejarán de percibir
salario como lo hacían hasta ahora), Sanguinetti planteó que se harían "las consultas necesarias para tomar una decisión sobre el punto" (en referencia a
Di Doménico).
Del acta del 15 de enero, surge que cuando el asunto fue tratado en la
directiva para ser votado, fue la propia delegada la que propuso que se pasara a régimen de
Comisión General. Esta directiva, supo El País, la dio el
jerarca de la cartera.
En el
Parlamento, Di Doménico quien desde el episodio no ha realizado
declaraciones públicas y que fue cuestionado por ello en comisión por el diputado colorado
Conrado Rodríguez sostuvo que los lineamientos a los delegados siempre se impartían de forma "presencial". Negó que hubiera ocurrido lo que planteó Sanguinetti y afirmó que los
delegados que dejaron el cargo el 20 de enero actuaron por
iniciativa propia.
En contraste, en su carta de renuncia la economista había expresó que "su actuación en las instancias cuestionadas se realizó en cumplimiento de un
mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los r
epresentantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de las competencias impartidas por esa
Secretaría de Estado".
En la misma línea, el otro delegado renunciante Rodríguez Azcué declaró a Búsqueda que el jerarca de
Trabajo estaba al tanto del planteo hecho el 8 de enero y que fue consultado por los delegados, aunque aclaró que no se había hablado de un
monto.
Sobre la remoción de los delegados, Castillo comunicó a los legisladores que en el caso de Rodríguez Azcué se le solicitó la
renuncia, mientras que Sanguinetti la presentó por iniciativa propia, luego de que desde el
Ejecutivo se le pidiera una reunión para informar sobre su actuación.
En rueda de prensa, el ministro dijo que desde la
cartera se respetó en todo momento "la integridad personal y la formación personal" de los dos
delegados (remplazados por sus suplentes a los pocos días), pero que cometieron un error
"No tenemos absolutamente nada para cuestionar, pero se equivocan cuando votaron algo que va contra la
ley. Y, obviamente, tuvimos que aceptar la renuncia o pedírsela. Hubo un error y se subsanó
políticamente", declaró.
Los argumentos a favor de la partida
Para argumentar a favor de la partida, el director Long hizo una exposición durante la sesión del directorio del 8 de enero para poner en revisión los fundamentos del
carácter honorario de los siete cargos criticando incluso el artículo 289 de la ley 20.130 (la de la reforma de la seguridad social, que calificó como una señal "
politiquera").
"Fue un claro ejemplo de la
manipulación estratégica de la información y la narrativa mediática para
fines políticos, a menudo a través de la espectacularización, la polarización, la distracción o la promoción interesada para lograr
liderazgos partidarios, afectando la opinión pública y el debate
democrático, usando formatos sensacionalistas y apelando a emociones en lugar de a la razón mediante estrategias que controlan el clima social y la
agenda pública. Gran parte de la polémica pública no fue por los directores, sino por el cargo de
gerente general, que llegó a percibir unos $ 920.000 nominales, monto que fue drásticamente recortado tras el cese del jerarca en junio de 2023", cuestionó y recordó.
En su descargo, sostuvo que la Caja se encontraba en "una situación de gran
presión que desborda los recursos de la organización, generando alto
estrés, incertidumbre y sensación de
pérdida de control, requiriendo una respuesta urgente y efectiva para evitar consecuencias aún más negativas, que requiere una dedicación de tiempo casi "'
fulltime'".
Defendió que el carácter honorario de los cargos era contraproducente para una buena gestión de la
paraestatal que maneja millones de dólares, ya que los directores que asumirían no podrían dedicarle el tiempo necesario ni involucrarse en la gestión cotidiana de un
organismo que está en profunda crisis y que debió ser salvado por fondos estatales para cumplir con sus obligaciones.
Esta postura presentada por Long es compartida por otros directores como
Fernando Rodríguez Sanguinetti (que se mantiene en el directorio tras el cambio de autoridades), el renunciante Rodríguez Azcué y por
jerarquías del Ministerio de Trabajo, incluido Di Doménico.
En el proyecto enviado por el gobierno para el salvataje de la
Caja de Profesionales se planteaba la posibilidad de prever "un régimen de compensación de gastos o de
viáticos indispensables para los integrantes del directorio, con el objetivo de favorecer el mejor
desempeño de la función". Sin embargo, la oposición no acompañó dicha propuesta y fueron rechazados por ambas cámaras.
Algunos colectivos de profesionales, como el Colegio de Contadores y FEMI (
Federación Médica del Interior), también se han mostrado a favor de establecer una partida remuneratiora bajo la forma de
viático para los directores del organismo.
El País, Uruguay
5 de febrero de 2026
