La desfinanciación de la salud profundiza la crisis operativa

La discusión sobre el sistema de salud en Colombia ha terminado concentrándose, de manera casi exclusiva, en el problema de los pagos y en la falta de recursos, un enfoque que, si bien refleja la gravedad de la coyuntura financiera, también está ocultando otros efectos estructurales que se manifiestan en la operación diaria del sistema. Pero el sector privado ha venido actuando como uno de los actores clave dentro de la discusión sobre el futuro del sistema y también, como un apoyo para la resolución de los problemas, no solo financieros sino también, para facilitar el acceso y las oportunidades de los pacientes. Y están dispuestos a un mayor control y vigilancia para detectar los deterioros en la salud. En el marco de la ‘Mesa de expertos I Retos del sistema de salud: El rol de los prestadores y aseguradores en su sostenibilidad’ convocada por Portafolio y Zentria, Jaime Pumarejo, director del medio, señaló que actualmente se evidencia que gran parte de los actores están concentrados en la falta de pago y en otros puntos, más allá de la solución a los problemas que enfrenta el sistema de salud. En ese sentido, el deterioro financiero se ha convertido en el eje alrededor del cual giran las alertas de expertos, gremios, entes de control, prestadores y representantes de pacientes. La falta de flujo de recursos, el aumento de las carteras vencidas y la ausencia de decisiones de corto plazo están afectando no solo a las EPS, sino a toda la cadena, desde la provisión de medicamentos hasta la continuidad de tratamientos de alto costo y por consiguiente a los pacientes. Uno de los primeros efectos del problema de financiamiento se registra en el acceso a medicamentos. Carolina Buendía, presidenta de Zentria, advirtió que se está viendo que "no hay medicamentos, porque no hay pago. Esto se trata de un tema económico". El problema no se limita a la falta de recursos públicos. Buendía también puso sobre la mesa una presión estructural sobre los ingresos del sistema al señalar que "las empresas dejaron de aportar para la salud,pero sí requieren del sistema, por ejemplo en el reclamo de las incapacidades". El fenómeno ha reducido la capacidad de recaudo y la demanda por servicios se mantiene o aumenta. El profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, sostuvo que la crisis no es solo financiera, sino también resultado de decisiones institucionales que han debilitado el sistema. "El gobierno deterioró un sistema intencionalmente" y alertó sobre la preocupación creciente entre los estudiantes por el futuro del sector salud. Hernández recordó debates sobre la necesidad de mantener separadas las funciones del sistema. "Un sistema de salud tiene cuatro funciones: financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio y rectoría. Estas deben estar separadas. El Gobierno las quiere unir y colocar al Adres como aseguradora", señaló. Dijo que la concentración de funciones puede profundizar los riesgos financieros y operativos. Estabilización Ana María Vesga, presidenta de Acemi, insistió en que la discusión debe partir de medidas inmediatas de estabilización financiera, sin aplazar decisiones clave. "Hay que tomar unas medidas de estabilización que son inmediatas, pero simultáneamente hay que empezar a pensar en cómo se van a afrontar. No podemos esperar seis meses o un año", señaló. Cuestionó la dispersión de cifras que se han mencionado sobre los recursos faltantes del sistema. "Hemos oído cifras de $60 billones, $70 billones, $50 billones y hasta $30 billones, y eso habla de lo grave que está la comprensión sobre la crisis del sistema en términos financieros", afirmó. Defendió la insuficiencia técnica de la UPC, pero opinó que el costo real del sistema se ha incrementado por el deterioro financiero. "El sistema hoy nos vale mucho más, precisamente, por el apagamiento financiero que están teniendo que hacer muchas de las entidades", explicó. Uno de los puntos más críticos del debate es el estado financiero de las EPS intervenidas. Vesga señaló que, si no se toman decisiones antes de agosto, el escenario puede agravarse. "Estas EPS tienen $23 billones en pasivos y han deteriorado sus patrimonios. Hoy tienen $16 billones de patrimonio negativo", indicó. La posibilidad de liquidaciones masivas aparece como un riesgo latente, pero también como una alternativa inviable. "No se pueden liquidar las EPS intervenidas, porque si las liquidamos ¿a dónde mandamos el resto de población?", preguntó Vesga, al detallar que seis entidades afiliadas a Acemi, con cerca de 19 millones de afiliados, solo tendrían capacidad real de recibir 1,5 millones adicionales. Las cifras de afiliación también muestran presiones estructurales sobre el financiamiento. Según Vesga, el sistema cuenta con 12 millones de cotizantes, de los cuales 2,3 millones son independientes y cerca de 10 millones son beneficiarios del régimen contributivo. "De la mitad de los cotizantes, la mitad es salario mínimo", afirmó. Este panorama ha incrementado el esfuerzo fiscal del Estado para cerrar el presupuesto del sistema. Vesga planteó la necesidad de revisar el impacto de la informalidad y de repensar los topes de cotización, además de explorar fuentes alternativas como impuestos saludables, gravámenes a dispositivos electrónicos, vapeadores y otros mecanismos que, según indicó, representarían entre $9 billones y $10 billones asociados al aseguramiento. Mónica Ulloa, delegada para Asuntos Civiles del Trabajo y Seguridad Social de la la Procuraduría, recordó que existe un fallo pendiente relacionado con el ajuste de la UPC. "La explicación del Gobierno para no acoger la propuesta fue que no habían recursos y que se debía esperar a los resultados de las mesas UPC, que no produjeron ningún resultado", señaló.
Mabel Rodríguez de Cala, BU Head Hospitales Zentria, dijo que la crisis financiera está impactando directamente la calidad de la atención. "Desde el punto de vista clínico, la no entrega de medicamentos provoca un gasto adicional para el sistema", pues los retrasos generan sobrecostos. Néstor Álvarez, presidente de la Asociación Pacientes de Alto Costo, fue enfático al señalar que "el país no va a avanzar si no tenemos un sistema de información e interoperabilidad". De acuerdo con Néstor Álvarez, la ausencia de datos facilita que se cometan errores en materia de facturación y limita el control del gasto.