Debilidad en sumarios acota sanciones por licencias fraudulentas de funcionarios públicos

Luego de los informes revelados el año pasado por Contraloría, casi 30 mil funcionarios públicos del gobierno central se encuentran involucrados en procedimientos disciplinarios por mal uso de licencias médicas, de acuerdo con el 7° informe consolidado publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Según se detalló, del total de funcionarios a investigar, 25.352 sumarios administrativos ya han sido instruidos. De ellos, 21.098 están en curso, mientras que solo 1.543 procesos se encuentran completamente cerrados.
El resultado de esos: 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos y 262 fueron destituidos. De modo que solo un 1% de los más de 25 mil funcionarios cuyas investigaciones iniciaron ha tenido una consecuencia por el mal uso de las licencias médicas.
Además, 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de instruirse un procedimiento disciplinario en su contra.
De acuerdo con la Dipres, la duración promedio de las licencias fue de 22,1 días, y la remuneración promedio en esa período fue de $1,9 millones bruto mensual.
Demora por falta de capacidades
Roberto Munita, director de Administración Pública en la U. Andrés Bello, explica que los procesos administrativos dependen de cada servicio o ministerio, y que "cuando se hace un sumario, se ordena que un funcionario de la misma corporación sea quien investigue y proponga una sanción o terminación, que al final la tiene que tomar la autoridad".
Asimismo, reconoce que "ese funcionario, muchas veces, no está capacitado o muchas veces no tiene experiencia" para cumplir con el proceso, aunque funcionan como "un fiscal en una causa normal".
Para Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, "los sumarios son uno de los problemas graves que tiene la justicia administrativa en Chile, porque son poco transparentes. No cumplen el debido proceso (...), generalmente se usan para darle una apariencia de seriedad a un despido que es caprichoso".
Según el docente de Derecho UC, desde que se supo la noticia se decía que "era muy poco probable, por la forma como se llevan a cabo los sumarios en Chile, que esto pudiera tener consecuencias".
"Aquí lo que habría que hacer es cambiar la ley y que los sumarios los hiciera alguien en forma independiente, autónoma, que respetara todas las garantías de un juicio justo y que las sanciones, cuando correspondan, se apliquen", dice Leturia. También afirma que "depende de la voluntad de los que hacen el sumario" el tiempo en que se absuelven, y que "podrían haberse resuelto en dos meses".
Munita, por su parte, reconoce que el proceso "no es lineal (...), porque hay investigaciones y carpetas que salen muy rápido, y otras que requieren mucha diligencia".
"Ha habido sanciones"
Con todo, el exministro de Economía y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez Grossi, dice que el informe de Dipres "revela que ha habido sanciones" y que "es muy importante difundir estos resultados, porque efectivamente le reflejan a la ciudadanía y a los funcionarios que no se puede seguir abusando de esto".
"No es posible, creo yo, prejuzgar y decir: 'Todos debieran ser destituidos', porque probablemente ha habido algunos que han hecho mucho abuso de esto, y otros a lo mejor tenían justificación", dice.
1,9
millones de pesos al mes recibían, en promedio, los funcionarios del Gobierno Central.
22,1
días es la media de duración de cada una de las licencias solicitadas.
29.270
son los servidores públicos involucrados en las presuntas anomalías.