Arranca la justicia privada

Según cuentan algunos medios, esta semana se posesionó el sexto ministro de Justicia del mandato del "histórico" Pacto. Ojalá lo sea para darle lustre a esa cartera, luego de que en lo corrido del actual cuatrienio ha llegado a su máximo ocaso, por cuenta de un gobierno para el que el derecho solo sirve si es para legitimar y dar forma al cotidiano capricho palaciego. Han quedado atrás los tiempos en los que, desde ese despacho, se libraron épicas batallas por la defensa de la legalidad, del orden jurídico y del interés general. Petro solo se acordó de este ministerio al inicio de su mandato, para asignarle la responsabilidad de tramitar el proyecto de ley de la ‘paz total’, y así lograr un marco jurídico para que la delincuencia organizada gozara de toda clase de beneficios y privilegios, supuestamente en nombre de la paz. Luego de este despropósito, con el que se comprometieron el orden jurídico y el sosiego ciudadano, se ha debido desmontar el aviso con que se identifica a ese ministerio. Tiempo después escogió un vocero que soportara la herejía de que es posible adelantar una constituyente, sin tramitar una ley que la convoque, aprobada por el Congreso, como lo manda la Constitución. En esa oportunidad se volvió a saber del Ministerio de Justicia, al que se le encargó este esperpento, como respuesta al supuesto "bloqueo institucional" que, según el Gobierno, se tipificó cuando el Congreso, en ejercicio de sus potestades, decidió archivar varias de las iniciativas oficiales. El desafío, claro está, no duró sino un par de meses. Ahora, a partir del próximo 27 de febrero, con fundamento en la Ley 2540 de 2025, será posible que árbitros de origen privado adelanten procesos ejecutivos contra deudores morosos, lo que, hasta hoy, solo era posible ante jueces ordinarios del Estado. Así como se oye: ¡particulares ejecutando a deudores!, lo cual no deja de ser insólito, tratándose del único aporte de los "progresistas" al orden jurídico, no obstante que dicen tutelar los intereses de los sectores más vulnerables. Terminaron de adalides de la privatización de la justicia. Durante muchas décadas se debatió esta alternativa judicial, sin mayor éxito. La ilustre comisión que diseñó el estatuto arbitral vigente, en el año 2012, presidida por el maestro Fernando Hinestrosa, de clara estirpe liberal, también la descartó, no obstante el interés de que se acogiera, expresado por varios de los procesalistas que la integraron. El reparo principal siempre ha consistido en la necesidad de evitar barreras de acceso a la justicia y, sobre todo, en la conveniencia de proteger a las partes débiles en las relaciones jurídicas de contenido económico, quienes quedan expuestas a que jueces pagos por sus acreedores sean quienes conozcan de los procesos de ejecución en los que se cobran obligaciones a su cargo, y no los jueces naturales del Estado. La prevención es mayor cuando la habilitación arbitral deriva de cláusulas consignadas en contratos de adhesión, en los que, en la práctica, no existe plena libertad de disposición de sus derechos procesales por la parte adherente, así la nueva ley exija que en estos casos se deberá suministrar al consumidor suficiente información, clara, y comprensible, sobre los efectos y alcances del pacto arbitral y del proceso arbitral ejecutivo. Refiriéndose a esta clase de cautelas normativas, la Corte Constitucional ha dicho que resultan ser "una inocua garantía para evitar que el consumidor se vea presionado y obligado a suscribir una cláusula compromisoria, si se tiene en cuenta la frágil posición que él ocupa en la relación convencional" (C-1140/2000). Así que el gran legado jurídico del Pacto Histórico es la creación de los árbitros "ejecutores". Y no se diga que el Gobierno cumplió en este frente objetando algunos incisos de la nueva ley, porque -en su calidad de colegislador- bien ha podido apelar a su arrasadora mayoría en la Cámara para impedir la aprobación de esta extravagancia. Será mucho el daño reputacional que se le cause al arbitraje, ahora con los árbitros "chepitos". Taponazo. La Fiscalía cumple y el Gobierno la ataca. ¿Por qué será?
El gran legado jurídico de Petro
Néstor Humberto Martínez Neira
A partir del próximo 27 de febrero será posible que árbitros de origen privado adelanten procesos ejecutivos contra deudores morosos, lo que, hasta hoy, solo era posible ante jueces ordinarios del Estado.