Las claves de las dificultades que debe resolver la fiscalía tras confirmarse libertad de imputados en Procultura

A cuatro años de la decisión que se adoptó en el Gobierno Regional Metropolitano de traspasar más de $1.600 millones al programa contra el suicidio Quédate de la fundación Procultura, la Fiscalía Regional de Antofagasta insiste en que dicho contrato carecía de legalidad y que, al igual que en otras indagatorias del caso Convenios, como aquella que involucra a Democracia Viva, existió un sistema defraudatorio, que perjudicó las arcas fiscales.
Los últimos fallos de primera y segunda instancia que rechazaron la prisión preventiva para el exdirector de la fundación, Alberto Larraín; la exrepresentante legal, María Constanza Gómez; la exjefa de Estudios, María Teresa Abusleme y la funcionaria pública del Gobierno Regional (Gore) Metropolitano, Evelyn Magdaleno, debilitaron la tesis del órgano persecutor en esta indagatoria, según intervinientes, lo que deja en un complejo escenario al Ministerio Público de cara a la audiencia programada para este martes.
Se trata de un día clave para los investigadores, dado que buscarán obtener en la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero de uno de los principales indagados en el caso, el gobernador metropolitano Claudio Orrego.
A fallos, se suma marginación de querellante
Como si las dos sentencias adversas no fueran suficientes, el viernes se conoció que además el tribunal de alzada capitalino rechazó la intervención del querellante por la UDI, Pablo Toloza, que respalda el trabajo de la fiscalía, para el debate de desafuero del martes.
Para la corte, según su resolución, era "jurídicamente improcedente que se extienda a este asunto la calidad de querellante que ostenta el solicitante (Toloza) con motivo de una causa diversa, que se tramita por cuerda separada, (...) y, en consecuencia, no forma parte de los antecedentes que motivan la solicitud de desafuero y que deben ser conocidos por este tribunal".
Cambios de fiscales dieron cuenta de problemas
Desde el inicio de la indagatoria por el caso Convenios en 2023, hubo problemas con la tramitación judicial del caso Procultura. El cambio del primer fiscal, el jefe regional de Aysén, Carlos Palma, fue deteriorando, cada vez más, la continuidad que debía tener la investigación, comentan en el Ministerio Público.
Palma fue marginado de la causa porque acabó siendo indagado en el caso Audio y esta fue traspasada a la jurisdicción de Coquimbo, con su par Patricio Cooper, quien hace algunos meses también fue cuestionado. Aunque en el caso de este último por una fallida diligencia, con la que pretendió incluir la interceptación telefónica a la expareja de Larraín, Josefina Huneeus.
Fue así que la indagatoria acabó en Antofagasta, en manos del jefe regional, Juan Castro Bekios. Hoy los cuestionamientos persisten: primero, por los supuestos errores que se cometieron en alegatos ante los tribunales, lo que determinó la salida del fiscal adjunto Eduardo Ríos, actualmente sumariado; segundo, a raíz de las dudas surgidas respecto de los sustentos de la investigación.
Tensión interna y monitoreo desde las vacaciones
Eran las 11:30 horas del jueves recién pasado y desde el tercer piso de la Corte de Santiago bajaba preocupado el fiscal Cristián Aguilar, quien argumentó para aumentar, sin éxito, las cautelares de los imputados.
"No tengo nada que comentar por ahora", dijo, para luego salir rápidamente del Palacio de Tribunales. Su reacción reflejaba la tensión en la fiscalía por la causa. También, llamó la atención de los presentes la ausencia de Castro Bekios: estaba de vacaciones. Sin embargo, se comentó que habría estado siguiendo la audiencia.
Pese a ello, el Ministerio Público mantiene intacta su convicción sobre la existencia de delitos y la participación de los imputados en estos. "El año 2022 en fecha no determinada el gobernador de la Región Metropolitana, señor Claudio Orrego se habría puesto de acuerdo con los imputados". Todo con el fin, añade, que "la fundación Procultura (...), fuera favorecida para la ejecución del programa (...), Quédate, por un monto de $1.683.788.000, siendo suscrito con fecha 26 de agosto de 2022", consigna la orden de detención.
Esto, agrega, "sin que dicha fundación tuviere la experiencia, idoneidad y competencias en particular, para su ejecución, facilitando en consecuencia los medios para su comisión, para defraudar al fisco".
Dificultad para el delito de fraude al fisco
Así, Aguilar insistió ante la corte en que habría una irregular amistad entre imputados, lo que motivó, a su juicio, la entrega de los fondos a Procultura. Para acreditar aquello, recordó la mensajería entre ellos.
"Nos interesa transmitir a esta corte que, en base a los antecedentes que se invocaron y se encuentran descritos en el recurso, es posible sustentar el concierto entre el gobernador señor Claudio Orrego y los restantes imputados, especialmente el señor Alberto Larraín, para los efectos de facilitar los medios para que se pudiera suscribir un convenio de transferencias de fondos, en favor de Procultura, lo que en definitiva causó perjuicio fiscal al Estado por el monto total de la transferencia", expuso.
Se trata de una posición que sería reiterada el martes. Aunque el tribunal de alzada desestimó la calidad de funcionarios públicos de los imputados, negándose a endurecer la cautelar de estos, en el caso del gobernador sería distinto, porque este sí tiene esa investidura, que es la exigida para que se configure ese delito.
La confianza de las defensas
Las defensas, no obstante, estiman que ya es "casi una batalla perdida" por la fiscalía, dadas las resoluciones judiciales de primer y segunda instancia que cuestionaron la investigación, en este y otros aspectos. Sobre todo, porque la fiscalía además se abrió a otras figuras penales en su recurso de apelación, como la apropiación indebida, lo que entre defensores fue considerado una clara debilidad del caso.
La sentencia de la corte, que ratificó lo resuelto por el juzgado de garantía, establece que "los antecedentes invocados por los acusadores no alcanzan a satisfacer el estándar exigible para imponer a los imputados las medidas cautelares solicitadas, toda vez que no permiten justificar con la intensidad requerida en esta etapa procesal, presunciones fundadas de la participación punible que en el hecho les habría correspondido a los imputados".
Seguros   Las defensas estiman que, de cobrarse los seguros comprometidos en este caso, se recuperaría el dinero para el Gore Metropolitano y, por lo tanto, se extinguiría el supuesto delito.