US$ 74 millones en comercio ilegal de fitosanitarios

La fuerte expansión del comercio ilegal de insumos para el agro se ha convertido en una amenaza para la producción agroalimentaria en el país (y a nivel global), ya que no solo impacta desde lo económico, sino que también pone en riesgo los cultivos y plantaciones y la salud de las personas y el medio ambiente.
Por lo mismo la Asociación Nacional de Fabricantes e importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (Afipa), trabaja con CropLife América Latina en un proyecto de agricultura sustentable en el que uno de los componentes está en cómo disminuir el comercio ilegal. Para ello están desarrollando un estudio sobre la situación en el país.
"Estamos intentando dimensionar el problema a nivel nacional. Las cifras que tenemos son a partir de lo que se ha detectado, pero no hay que olvidar que hay mucha información que no podemos obtener, precisamente porque al ser ilegal no hay registros. Para eso estamos haciendo un estudio como base de información y así poder hablar con datos concretos con las autoridades y mostrarles que este problema es relevante. Aquí hay delitos económicos no solo contra las empresas, sino que hay incluso temas de impuestos, además del aumento de los riesgos para el medio ambiente y el peligro que esto puede significar para la salud de las personas. Este tipo de comercio daña la confianza en toda la cadena agroalimentaria y expone no solo a los agricultores, sino también a los consumidores a riesgos de salud, además de generar competencia desleal", dice Patricia Villarreal, directora ejecutiva de Afipa.
Se estima que a nivel global el mercado ilegal de estos productos aumentó en cifras que se mueven entre un 10 y un 15% anual, pudiendo llegar en algunos casos a un 25% de acuerdo a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y otros organismos, según consigna el informe de avance "Mercado de Productos Fitosanitarios Ilegales en Chile" encargado por Afipa a la consultora Vínculo Agrario.
Recalca que aquí no están hablando del robo de productos, que es un delito que también viene creciendo en el país, sino de actos delictivos que tienen un mayor alcance.
El tema es complejo ya que en general se trata de productos químicos que al ser comercializados de manera ilegal no existe seguridad de lo que contienen, ya que no cumplen con los estrictos estándares internacionales y locales para la producción, comercialización y uso de este tipo de insumos.
Aún más, estos productos falsificados hoy se transan a través de redes altamente organizadas que funcionan tanto en el país como a nivel internacional y que utilizan distintos canales, incluso los digitales, para comercializarlos y distribuirlos, comenta el informe. El negocio resulta tan lucrativo que se estima que hoy el mercado de productos fitosanitarios ilegales, podrían alcanzar el 15% del mercado global, lo que representaría entre US$ 6 mil millones y US$ 10 mil millones.
El mercado legal e ilegal en Chile
En esta primera etapa del estudio lo que están haciendo es mapear todas las fuentes de información con todos los aspectos para poder tener el dato más consolidado y real posible para dimensionar la realidad del problema.
El informe establece que, de acuerdo con la definición de CropLife América Latina, el término fitosanitario ilegal se refiere a un conjunto de sustancias obsoletas o prohibidas, importaciones no autorizadas y etiquetado de ingredientes falsos, inactivos o inadecuados, según la normativa del país en que se usen. Estos también pueden incluir el uso de envases de productos rellenados.
En Chile es ilegal fabricar, importar, distribuir, vender, tener o aplicar productos fitosanitarios agrícolas sin autorización del SAG, o infringir las exigencias de rotulado, almacenamiento y uso, lo que está determinado por diversas normativas tanto del Servicio Agrícola y Ganadero como del Ministerio de Salud.
La fiscalización y las sanciones de puntos de ventas, predios, aduanas y caminos recaen en el SAG, que cuando detecta ilegalidades puede ordenar el retiro o decomiso y aplicar multas.
En la última década el mercado legal de este tipo de producto en el país, que proviene principalmente de la importación, de acuerdo a lo que recabó el informe, se ha mantenido estable tras alcanzar un peak de crecimiento en 2022. En 2023, el 38% de lo importado fueron herbicidas; 25%, insecticidas; 24%, fungicidas; 8%, desinfectantes, y 5%, otros, detalla el documento. En 2023, el país exportó cerca de US$ 62,3 millones en fitosanitarios, e importó alrededor de US$ 451 millones indica el documento.
"En la práctica, el circuito ilegal se estaría expresando principalmente a través del contrabando a través de pasos fronterizos no habilitados, la comercialización de productos no registrados, cancelados y prohibidos y el fraude mediante etiquetas falsas, reenvases o declaraciones engañosas", establece el informe.
Los operativos del SAG en 2024 decomisaron 28.700 kilos de productos, equivalentes a US$ 74,4 millones, un aumento del 5.970% en volumen y de 1.353% en valor respecto de 2023, de acuerdo a la información que publica el estudio y recabada a través del portal de transparencia del Servicio Nacional de Aduanas. El mayor porcentaje de decomisos se realizó a productos provenientes de Bolivia, en la Región de Arica y Parinacota. Los otros orígenes son Argentina y Perú. De todas formas no hay que olvidar que estos son los datos de lo que se ha detectado.
El avance del informe también está mostrando que el mercado ilegal se ajusta de acuerdo a las necesidades de cada año. Así por ejemplo, en los años 2024 y 2025 lo más detectado fueron insecticidas, nematicidas y rodenticidas, los que aumentaron un 93% en el 2024 y un 95% en 2025. "Esto sugiere un ajuste de la oferta ilegal hacia categorías de alta demanda/rotación o mayor margen. Desde el punto de vista regulatorio y operativo esta priorización exige reforzar la vigilancia de ingredientes activos críticos (cancelados, prohibidos o restringido), intensificar controles de etiquetados y reenvasado y monitorear marketplaces donde estas categorías circulan con mayor frecuencia", comenta el documento.
Los pendientes
Enfrentar el problema resulta complejo, porque significa contar con una estrategia múltiple que permita trabajar en los distintos ámbitos, desde lo normativo hasta el usuario final.
Patricia Villarreal recalca que en el país este comercio es una realidad creciente, que si bien es perseguido de manera activa, requiere de un trabajo tanto a nivel interno como interregional, precisamente uno de los focos que vienen desarrollando.
"Trabajamos con Aduanas y el SAG en cómo asociarnos y hacer capacitaciones. Quisiéramos que se replicara la mesa del delito de O'Higgins, donde hemos podido hacer hartas cosas, en donde están todas las instituciones relacionas. Es clave hacer capacitaciones a los agricultores, a las policías (Carabineros y PDI) para que ellos también puedan identificar los productos y también tomar resguardos para hacer los decomisos", comenta.
La especialista recalca que uno de los aspectos claves en esto es generar conciencia a través de la capacitación.
"Aquí se trata de que los mismos agricultores identifiquen los riesgos y entiendan el impacto que puede tener comprar un producto de este tipo, que si bien puede ser más barato, podría provocar daños inesperados al cultivo. También implica trabajar con las autoridades en términos de normativas, sanciones, fiscalización. El estudio nos permite contar con cifras de lo que está ocurriendo en el país", comenta.
Agrega que lo que interesa es que esa misma metodología que se ha aplicado en O'Higgins se replique en regiones como Arica y Parinacota, Iquique o Valparaíso donde hay mucho intercambio comercial.
"En esas regiones se podrían establecer al menos las mesas de trabajo para poder tratarlo regionalmente. Estamos teniendo reuniones con distintas organizaciones públicas y privadas, como Pensar Agro, o con los integrantes del nuevo gobierno. Ya hemos tenido reuniones con integrantes del comando que está en temas de seguridad, por ejemplo", comenta Patricia Villarreal.
10.000 millones de dólares de productos ilegales llegarían a comercializarse en el mundo.