La polémica tras el proyecto de IA ‘Colombia Inteligente’

Todo indica que los temas de nube e inteligencia artificial se han convertido en asuntos especialmente sensibles para el Gobierno. No necesariamente por la urgencia que representan para la transformación digital del país y del sector empresarial, sino por las controversias que han rodeado su implementación y los procesos contractuales asociados a estas iniciativas. El antecedente más reciente fue el freno al Marco de Nube Pública, un proceso que enfrentó cuestionamientos y dificultades en su etapa de licitación, lo que generó dudas sobre su estructuración y ejecución. Ahora surge un nuevo capítulo: el proyecto denominado ‘Colombia Inteligente: infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial’, que contempla recursos del Sistema General de Regalías por $630.000 millones. Sin embargo, más que una discusión técnica sobre la pertinencia del proyecto o su impacto en el ecosistema digital, el debate vuelve a centrarse en la ejecución, la transparencia y la capacidad institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) para llevar a cabo un proceso de selección. El inicio de la polémica La controversia tomó fuerza en diciembre de 2025, cuando varias voces en redes sociales comenzaron a cuestionar la publicación del listado definitivo de la convocatoria Colombia Inteligente. Según esas denuncias, InterNexa aparecía como la principal beneficiaria de los recursos, lo que desató dudas sobre la imparcialidad del proceso y llevó a pedir una investigación formal. El caso volvió a escalar cuando la Procuraduría General de la Nación informó que había detectado "serias inconsistencias" en la convocatoria. Tras varios requerimientos que, según el organismo de control, no recibieron respuestas "convincentes", se ordenó una inspección sorpresa en MinCiencias para revisar la estructuración y evaluación del proyecto. En esa diligencia preliminar, los funcionarios identificaron posibles riesgos tanto en el diseño del proceso como en la evaluación de las propuestas, aspectos que podrían comprometer la legalidad del trámite y poner en riesgo recursos públicos. Entre los hallazgos iniciales se mencionó una inusual rapidez en la acreditación de InterNexa como entidad habilitada para participar en este tipo de convocatorias, así como posibles fallas en la forma en que se evaluaron las propuestas. También generó inquietud el plazo otorgado para la estructuración de las ofertas. Se dio cerca de un mes para la entrega de documentos en un proyecto de alta complejidad técnica y con recursos cercanos a los $630.000 millones. Ese tiempo resultaría insuficiente para preparar una propuesta robusta, especialmente cuando se trata de infraestructura de inteligencia artificial. Más sospechas Otro punto de preocupación es que la convocatoria contemplaba asignar la totalidad de los recursos a un único beneficiario. Para algunos expertos, esta concentración podría limitar la participación del ecosistema nacional de ciencia y tecnología y reducir el impacto territorial de los recursos provenientes de regalías. Un nuevo capítulo se abrió en días recientes durante la reunión del Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Este órgano es la instancia encargada de evaluar, priorizar y aprobar los proyectos financiados con recursos de regalías, es decir, con dineros que provienen principalmente de la explotación de recursos naturales como petróleo y minería. En esa sesión, el Ocad aprobó que los recursos del proyecto Colombia Inteligente fueran asignados a InterNexa. La decisión se tomó por mayoría entre los vértices que conforman el órgano, que incluyen representantes del Gobierno, gobernadores y universidades. No obstante, una fuente le reveló a Portafolio que la Universidad Cooperativa, integrante del vértice universitario, votó en contra de la decisión. Aunque el vértice aprobó el proyecto por mayoría, esta institución dejó constancia en acta de su desacuerdo. Según la fuente, el proyecto fue llevado directamente a votación sin que se surtiera el proceso técnico habitual de revisión por parte de los equipos académicos. Y es que, en convocatorias anteriores, los proyectos pasaban primero por una evaluación técnica detallada en MinCiencias y luego eran compartidos con los equipos especializados de las universidades que integran el vértice universitario, lo que, en este caso, según indicó la fuente, no ocurrió con la misma profundidad. La fuente también señaló que la investigación en curso por parte de la Procuraduría y la ausencia de un concepto claro por parte del organismo de control fueron los principales argumentos para votar en contra y solicitar "prudencia" antes de iniciar la ejecución del proyecto. El desacuerdo, aclaró la fuente, no estaría relacionado directamente con la empresa beneficiaria, sino con la falta de información, tiempo y garantías suficientes para evaluar el proyecto con el rigor técnico que exige una iniciativa de esta magnitud. Incluso, aunque la aprobación ya se dio, consideran conveniente que no se inicie la ejecución hasta que exista "una mayor claridad institucional". A estas críticas se suman las denuncias de Juan Pablo Estrada, apoderado de Tecnalia y vocero de la alianza Red Colombia Inteligente, integrada por Tecnalia, universidades como el Externado, la Sergio Arboleda, la UNAD, el Instituto Caro y Cuervo y varias entidades territoriales.