El juez del caso había resuelto la medida cautelar de prisión preventiva, pero esta fue revocada por el Tribunal de Apelaciones; "nunca estuvo mas de dos semanas sin hacer nada", declaró la víctima.
La
Justicia imputó a un hombre señalado de abusar sexualmente de su hija durante años. Si bien el juez entendió que debía cumplir con
prisión preventiva, un
Tribunal de Apelaciones revirtió la medida y estableció el arresto domiciliario total. La adolescente contó sobre los abusos a su novio y luego escribió una carta a su madre, quién terminó denunciando. Según declaró la víctima, el hombre la
amenazaba con suicidarse en caso de contar sobre estos episodios.
La denuncia fue presentada en abril de 2025 por la madre de la víctima contra su entonces pareja. Si bien la mujer se enteró en ese momento a través de una
carta de su hija, los episodios denunciados llevaban años perpetrándose. Según documentos del caso a los que accedió El País, los hechos habrían ocurrido desde que
la menor tenía siete años hasta el momento de la denuncia (cuando tenía 15).
La adolescente relató que los abusos se daban cuando se encontraba a solas con el imputado, principalmente cuando su madre iba a trabajar. Aseguró que hasta los 12 años fueron tocamientos y frotamientos, mientras que luego de esa edad
la obligó a mantener relaciones sexuales.
"Podía ocurrir entre una a dos veces por semana, incrementándose la frecuencia en los últimos tiempos", dijo ante un perito tras ser consultada sobre cuántas veces ocurrió. "Nunca estuvo mas de dos semanas sin hacer nada", aseguró.
Además, dijo haber sido amenazada por el hombre. "Me dijo que si yo decía algo, iba a ir a prisión y se iba a terminar
suicidando (...) era mi papá y me dolía", declaró. También dijo que él
controlaba su ubicación a través de una aplicación de celular.
"Tengo miedo. Temo a veces luego de tener encuentros con su violencia verbal que algún día me golpee o hasta te golpee a ti, tengo miedo que al contarte todo esto él se enoje tanto que nos golpee, que se sienta desesperado.
Tengo miedo mamá", escribió en la carta en la que contó lo vivido a su progenitora.
"Él me trancaba la puerta de casa para que yo no saliera. La última vez que hablamos sobre el tema para que finalmente me dejara en paz me dijo que lo haría hasta que yo tuviera 15", agregó.
El caso despertó el debate entre la
Fiscalía de Libertad de 1
er Turno y la defensa del hombre. Mientras los abogados sostienen que el imputado debe esperar el proceso en arresto domiciliario, el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva, entendiendo que puede representar un riesgo para la víctima y la investigación, o incluso fugarse.
Previo a la formalización, ya se había abierto un expediente en el
Juzgado de Familia por el cual el hombre ya contaba con medidas de prohibición de acercamiento y comunicación, las cuales fueron cumplidas. Esto fue utilizado por la defensa para argumentar que no existía la peligrosidad alegada por Fiscalía.
Si bien inicialmente el juez
Diego Dal Monte aceptó la formalización por
reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados y decretó la prisión preventiva por 120 días, la medida fue apelada y modificada por un Tribunal de Apelaciones.
"No se consideró de manera específica la conducta desarrollada por el imputado, en la cual en ningún momento se sustrajo, no ocultó información, no entorpeció la investigación, ni trató de comunicarse con la víctima, ni con terceros allegados", argumentaron sus abogados.
Por su parte, Fiscalía mantuvo la postura de pedir la prisión. "No es menor el cambio que significa para el imputado lo que es la formalización, porque se le está comunicando formalmente, cuáles son las evidencias con las que cuenta y podrá contar Fiscalía, conoce los testigos, su domicilio. El abuso imputado se dio en el ámbito intrafamiliar", argumentó el equipo fiscal, que también hizo referencia al resultado de pericias que evidencia que el hombre tiene una personalidad "
impulsiva y controladora".
Finalmente, el
Tribunal de Apelaciones Penal de 1
er Turno decidió de forma unánime modificar la medida cautelar a la de arresto domiciliario total. "Fiscalía no solo debe argumentar respecto de la existencia de los riesgos procesales sino también sobre la necesidad de conjurarlos con la medida más severa", aseguraron los ministros en la sentencia a la que accedió El País.
"No existe hechos que pronostiquen que el imputado pueda poner en riesgo la seguridad de la víctima", manifestaron. Lo mismo expresaron con respecto al riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación.
El País, Uruguay
17 de febrero de 2026
