El diputado Perrone, para quien "rompe los ojos" que "Cardama no estaba preparado" para entregar los buques, planteó a los blancos que apoyará la iniciativa si se investigaba todo el proceso; el PN aceptó.
El Parlamento va a ser escenario, y por varias semanas, si no meses, de los nuevos capítulos de confrontación entre gobierno y oposición por el denominado caso Cardama, el astillero español al que la administración de Yamandú Orsi rescindió el contrato firmado durante la gestión de Luis Lacalle Pou para adquirir dos patrulleras oceánicas, alegando una serie larga de irregularidades en la presentación de las garantías y problemas en la fase de construcción de las embarcaciones, todos argumentos que serán además expuestos en tribunales nacionales e internacionales en el mediano plazo.
Pero el Parlamento será un espacio protagónico porque, tanto de un lado como del otro, está la convicción de que hay necesidad de investigar a fondo todo lo ocurrido, aunque, obviamente, con ópticas bien diferentes. La oposición apunta a cargar las tintas a las decisiones que llevaron, en este período, a la cancelación del contrato por poco más de 82 millones de euros, y que a su parecer expone al Estado a una pérdida millonaria en juicio (ver recuadro), y el oficialismo a aquellas que llevaron, justamente, a la elección de un astillero para hacerle un encargo para el que el gobierno no tiene dudas no estaba preparado, como habría quedado establecido en los problemas encontrados en los distintos informes y auditorías hechos in situ.
Lo que está en fase de definición es cómo y quiénes, pero todo está encaminado para que se cree una comisión investigadora que requerirá, primero, la conformación de una preinvestigadora que buscará los méritos para la segunda instancia- en la Cámara de Representantes.
La iniciativa aunque la idea circulaba entre legisladores del Frente Amplio es del Partido Nacional, que tratará formalmente el tema este miércoles en su bancada. Y en principio aterrizará en Diputados porque es allí donde la oposición puede alcanzar la necesaria mayoría simple, para lo que ya se está trabajando. Y en efecto, de acuerdo a los intercambios hechos en las últimas horas propiciados por el senador nacionalista Martín Lema que fue quien planteó la iniciativa en primer lugar el pasado viernes, luego del anuncio de Orsi, esa mayoría ya está conformada, porque tanto Cabildo Abierto como el partido Identidad Soberana están dispuestos a sumarse.
El propio Lema confirmó lo primero en un diálogo telefónico que mantuvo este lunes con el diputado Álvaro Perrone, quien aceptó dar los votos de su partido, pero puso como condición que el trabajo de la investigación no se limite al capítulo de la cancelación contractual, sino que alcance todo el proceso. Lema respondió que no tenía problemas, que esa era también su intención y que no había "nada para ocultar".
De cualquier manera, la postura de Perrone es similar a la del gobierno, porque parte de la definición también manifestada por Guido Manini Ríos de que "la compra fue claramente mala". "Rompe los ojos que Cardama no estaba preparado, rompe los ojos el precio acordado por las patrullas y rompe los ojos la necesidad de dar de baja al contrato, porque la garantía de fiel cumplimiento no era un elemento accesorio, como dicen los blancos", afirmó el cabildante a El País. "Y no había chances de renegociar con el astillero como para que se pudiera cumplir con el contrato agregó Perrone. Cardama no tenía ninguna capacidad, ni siquiera se supo qué pasó con los motores" para los buques.
La "discrepancia" con el Poder Ejecutivo, ante la consulta sobre si tenía alguna, reside en la decisión de no dar a conocer los detalles de la denuncia presentada en Fiscalía a fines de octubre pasado, así como en la "falta de información" respecto a otros aspectos del caso, "como el estudio jurídico contratado en España, y los criterios para elegirlo" para intentar recuperar lo que se lleva de construido y los 28.794.500 millones de euros que se llevan abonados hasta el momento. Hasta aquí hay 49 votos, pero deben sumarse los dos de Identidad Soberana, cuyo referente, Gustavo Salle, tiene como principio votar siempre a favor de estas instancias y no evalúa hacer una excepción con este caso. Aunque, al igual que Cabildo, pide que el trabajo parlamentario aborde "todo el proceso, desde el gobierno de Lacalle Pou hasta el actual".
La bancada del Frente Amplio, mientras tanto, se encuentra analizando el escenario. El senador Daniel Caggiani, por ejemplo, dijo a El País que el oficialismo está interesado en que "se pueda echar luz sobre el proceso de contratación y el mayor fraude al Estado en una compra pública". Para ello, se deberá individualizar "a los responsables" que avalaron "algunas de las decisiones que se tomaron", pero añadió que no hay, todavía, una definición tomada sobre la propuesta de la comisión investigadora de la oposición.
El duelo personal
Está claro, en filas del oficialismo y de la oposición, que hay dos actores políticos que se enfrentan con particular ardor en esta polémica: el prosecretario Jorge Díaz quien ha liderado la estrategia jurídica del gobierno y el senador Javier García, ministro durante el proceso de la compra y activo defensor de lo actuado.
Y ambos, otra vez, se dirigieron públicas alusiones personales en las últimas horas. "A mí lo que me llama poderosamente la atención es que quienes fueron engañados reivindiquen con tanta fuerza a quien los engañó", fue una de las frases que Díaz formuló en Desayunos Informales, en donde acusó a García de estar "fungiendo de abogado defensor del astillero" y de "gallear" en la prensa en lugar de "pedir disculpas".
García, en un tuit, le respondió: "En todo gobierno sin liderazgo se le cuela un Rasputín. A este se le coló el propio".
El País, Uruguay
17 de febrero de 2026
