Seis ‘think tanks’ lanzan tesis para destrabar el crecimiento

En un contexto de alta incertidumbre económica y señales de desaceleración estructural, seis centros de pensamiento (think tanks)decidieron dar un paso poco habitual en el debate público colombiano y más allá de los tradicionales diagnósticos aislados, optaron por construir una hoja de ruta común, con propuestas concretas para el periodo 2026-2030, orientadas a destrabar el crecimiento económico y social del país. El ejercicio parte de una premisa clara y es "pasar del diagnóstico a la acción", destacando que el próximo gobierno no tendrá un camino fácil, razón por la cual, se necesita de las ideas de todos los que pueda aportar su grano de arena en la búsqueda de soluciones que impulsen el desarrollo nacional y en las regiones. La iniciativa reúne visiones técnicas que convergen en que el modelo de crecimiento actual muestra signos de agotamiento, dado que durante los últimos años, la economía se ha sostenido principalmente en el consumo de los hogares y el gasto público, mientras la inversión privada ha perdido dinamismo. Para los centros de pensamiento, esta combinación no es sostenible en el mediano plazo y exige decisiones estructurales y partiendo de ello, parten su diagnóstico del hecho de que sin inversión no hay crecimiento duradero; resaltando que la formación bruta de capital sigue rezagada frente a los niveles prepandemia, lo que limita la productividad y el empleo formal. En ese sentido, el foco está en recuperar la confianza empresarial y enviar señales claras de estabilidad jurídica y regulatoria que permitan reactivar los proyectos de inversión; teniendo claro que el marco regulatorio actual es un cuello de botella para la competitividad, caracterizado por su complejidad, fragmentación y altos costos de cumplimiento. Plantea la necesidad de transitar hacia un "Estado regulador basado en riesgo", que reemplace controles ex ante por esquemas de supervisión ex post, apoyados en información y datos interoperables; para lo cual proponen simplificar trámites y eliminar duplicidades y avanzar en una depuración normativa que reduzca la carga sobre empresas y emprendedores. "Buena parte del rezago productivo no se explica por falta de ideas o talento, sino por un entorno institucional que encarece la formalización y frena la innovación. La competitividad se pierde en los trámites", advierte el documento al subrayar la urgencia de reformas administrativas. El fortalecimiento del sistema financiero aparece como otro eje central; frente al que señalan que la baja penetración del crédito formal, el uso intensivo de efectivo y las restricciones regulatorias, como el esquema de la tasa de usura, limitan el acceso al financiamiento y empujan a amplios sectores hacia mecanismos informales. Así las cosas, las propuestas apuntan a modernizar sistemas de pago, avanzar en esquemas de datos abiertos y crear condiciones para que más empresas accedan al mercado de capitales; para canalizar ahorro hacia inversión productiva y reducir la dependencia de fuentes de financiamiento de corto plazo. Alertas energéticas El documento identifica sectores críticos que pueden convertirse en verdaderos puntos de quiebre si no se corrigen a tiempo y deja claro que el caso más sensible es el energético; donde se habla sobre riesgos de estrechez en la oferta de energía firme, caída en las reservas de gas y retrasos en proyectos de transmisión. A esto se suma el deterioro financiero del sector y la acumulación de pasivos públicos y sin correcciones, el riesgo de una crisis energética es real a partir de 2026. La transición energética ocupa un lugar relevante en este análisis, anque frente a ella, los centros coinciden en que avanzar en este proceso requiere orden fiscal, señales claras para la inversión y una visión realista de los tiempos y costos; ya que "sin orden fiscal no hay transición posible y por eso se debe garantizar la seguridad del suministro y la sostenibilidad financiera del sistema antes de profundizar transformaciones estructurales". Entre tanto, el sector salud aparece como prioritario sobre el que la hoja de ruta reconoce una crisis financiera profunda, marcada por problemas de liquidez y deterioro patrimonial de los aseguradores, que pone en riesgo la continuidad de los servicios. En este contexto, la recomendación es que hay que estabilizar antes de reformar; teniendo en cuenta que cualquier transformación del sistema debe partir de la recuperación de la confianza institucional y del flujo oportuno de recursos. Más allá de los sectores productivos, estos centros indicaron que la seguridad y el Estado de derecho son variables económicas; por lo que la pérdida de control territorial, la inseguridad y la incertidumbre jurídica afectan directamente la inversión y el desarrollo regional. Por eso, la hoja de ruta plantea fortalecer capacidades del Estado para garantizar seguridad, proteger la actividad productiva y reducir los costos económicos asociados a la violencia. "La alianza empezó a tomar forma a comienzos de 2025 entre el Consejo Privado de Competitividad, el centro de pensamiento económico ANIF, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), Así Vamos en Salud, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe)", explicaron los centros de pensamiento. En el ámbito social, estos expertos enfatizaron un mayor crecimiento, impulsado por inversión y productividad, es la condición necesaria para reducir pobreza, informalidad y desigualdad de manera sostenible y que el énfasis está en crear oportunidades productivas formales, más que en expandir esquemas de gasto que no cuenten con respaldo fiscal permanente. Dentro de las ideas concretas que más han llamado la atención, están la eliminación del 4x1.000, la inclusión de la formación y educación financiera dentro del Plan Nacional de Desarrollo, modificar el régimen cambiario, reformar el estatuto aduanero, descongestionar los trámites en el Invima, modificar el contrato de aprendizaje y delimitar las competencias de autoridades indígenas.