Los defensores también aseguraron que los campos adquiridos por la hija y el yerno de Gustavo Basso fueron pagados con fondos legítimos y no con dinero de Conexión Ganadera.
Los abogados de la
familia Basso defendieron en conversación con El País
las transacciones realizadas por las hijas del fallecido Gustavo Basso, así como su yerno, por las cuales están siendo indagados. La próxima semana el
fiscal Enrique Rodríguez tomará declaración a las hijas de
Pablo Carrasco, quienes también están en el centro de la polémica tras conocerse que una de ellas realizó transferencias millonarias hacia el exterior.
El pasado miércoles se dieron las primeras dos de una serie de declaraciones que el
fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, tomará a familiares de los socios fundadores de
Conexión Ganadera. Los primeros en asistir fueron
Agustina Basso (hija de Gustavo) y su esposo
Alfredo Rava, aunque lo hicieron de forma individual.
Las instancias tuvieron varios puntos en común, ya que se investigan los movimientos de dinero realizados por la pareja, aunque se buscó también que cada uno aclarara su rol dentro del esquema de Conexión Ganadera.
Uno de los puntos indagados por el fiscal fue la compra de tres terrenos por parte de Basso y Rava. "Se anunció en redes y se hizo eco el doctor Juan Pablo Decia (abogado de damnificados) de que supuestamente los habían comprado con dinero de Conexión Ganadera", dijeron a El País los abogados
Eduardo Sasson y
Pablo Donnángelo, quienes negaron esta afirmación. Además, aseguraron que la compra de estos padrones "no tiene nada de novedoso", ya que el fiscal había solicitado en julio del año pasado su embargo.
Actualmente, según explicaron los abogados a El País, se encuentra en trámite una tercería en la que buscan probar que el origen de los fondos no tiene que ver con Conexión Ganadera. "No tenemos dudas, y después de la declaración de ayer creemos que el fiscal tampoco, que se hará lugar a dicha tercería", aseguraron.
Basso y Rava explicaron ante el fiscal que estos campos fueron adquiridos con un proyecto de inversión aprobado por el Banco República (BROU) en 2022, por el cual se consiguió financiar con garantía hipotecaria. Según su versión, la ejecución del proyecto permitió el pago de las obligaciones con el banco, aspecto que también está siendo tramitado en la Justicia Civil.
"Sería más prudente analizar la carpeta de investigación y los expedientes judiciales antes que darle tanto uso a las redes sociales", apuntaron los abogados tras declaraciones recientes de abogados de los damnificados.
Previo a la declaración de Basso y Rava en Fiscalía, también había sido puesta sobre la mesa la transferencia de más de US$ 1.800.000 de cuentas de la pareja hacia otras pertenecientes a Gustavo Basso y que eran administradas por Daniela Cabral (su esposa). Según una denuncia presentada por el abogado de damnificados Juan Pablo Decia, basada en informes del Banco Central y la Senaclaft, estos movimientos fueron realizados en los días posteriores a la muerte de Basso.
"Se movieron altos volúmenes de dinero en poco tiempo entre cuentas de sus empresas y familiares", destacó Decia y apuntó contra la familia Basso criticando que "no se utilizó para pagarle a los inversores honrando los compromisos asumidos".
Agustina Basso y Rava explicaron al fiscal su versión de los hechos, quedando pendiente la presentación de un documento por parte de su defensa en los próximos días para probar la trazabilidad del dinero. Para explicar estos movimientos, indicaron que usaron cuentas personales para pagar deudas del escritorio rural, mientras que la cuenta de sucesores de Gustavo Basso se encontraba bloqueada tras su fallecimiento. "Ese dinero fue utilizado para cancelar obligaciones y facturas preexistentes del giro del propio escritorio", dijeron los abogados.
"No se quedaron con un solo dólar. Resulta incomprensible buscar atribuirle un sentido delictivo a esto", concluyeron Sasson y Donnángelo.
Por último, la pareja debió responder sobre un inmueble en el que vivían en Florida. En este marco presentaron documentos para demostrar que se trata de una casa que alquilaban, cuyo contrato fue rescindido.
La familia Basso pondrá a disposición de la causa propiedades que sostuvieron que no sabían que estaban a su nombre, aseguraron sus abogados a El País. Un ejemplo es una panadería a nombre de Agustina Basso, sobre la cual dijo desconocer que era la propietaria hasta que se lo comunicaron tras la muerte de su padre.
El País, Uruguay
20 de febrero de 2026
