Codelco prepara estrategia legal tras revelar ocultamiento y fiscalía pide antecedentes desde 2021

E l miércoles en la noche, Máximo Pacheco se embarcó rumbo a Estados Unidos, con destino a Washington y Miami. En esta última parada, el presidente de Codelco participará de la conferencia anual sobre Metales, Minería y Minerales Críticos, que comienza este lunes 23.
A kilómetros de distancia, Pacheco sigue de cerca y con preocupación las implicancias del frente judicial que la minera estatal mantiene, como consecuencia del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025 en la División El Teniente, por un estallido de roca, en el cual fallecieron seis trabajadores. En las últimas semanas se abrió otra arista legal que podría configurar un nuevo y complejo escenario para la compañía. "Codelco es un potro difícil de domar", suele repetir por estos días el timonel de la estatal.
Tras una auditoría interna realizada a raíz del accidente del año pasado, la firma detectó inconsistencias y ocultamientos en los antecedentes técnicos que se entregaron a los organismos fiscalizadores y reguladores, tras un accidente ocurrido el 24 de julio de 2023, también en El Teniente, es decir, dos años antes. El pasado viernes 13, la cuprífera desvinculó a tres altos ejecutivos: Claudio Sougarret, gerente general de El Teniente; Rodrigo Andrades, gerente de proyectos, y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones.
Conocedores de la interna de Codelco cuentan que luego de ser desvinculados, el propio Pacheco -quien había estado en El Teniente el martes de esa misma semana- llamó por teléfono a Sougarret y Barraza, a quienes conocía desde hace años, para pedirles explicaciones. "Le dijeron, cada uno por separado, que tenían la conciencia tranquila, que estaban serenos, que la sanción era desproporcionada e injusta, que ellos no eran los responsables, que aceptaban la responsabilidad del cargo y que ojalá esto enseñara a la corporación y a la división que las cosas hay que hacerlas bien".
En privado, también destacan que Pacheco recibió el llamado de altos ejecutivos de mineras globales "para felicitarlo por la decisión tomada y la valentía" de haber actuado de forma inmediata frente a los hechos.
Se trata de uno de los momentos más complejos por los que atraviesa la minera, admiten altas fuentes de la estatal, aunque aclaran que "el mayor golpe recibido fue el del año pasado, cuando fallecieron los seis trabajadores; eso no se compara con nada, lo que no resta importancia a lo que estamos enfrentando ahora como empresa".
Codelco nuevamente quedó bajo el escrutinio público y encendió las alarmas, "una exposición que no queremos". Y es que si bien en la minera descartan de plano la vinculación entre ambos accidentes, en el Ministerio Público persisten dudas respecto de si la información que fue ocultada repercutió en las medidas de seguridad que se tomaron desde 2023 en adelante, pudiendo haber aumentado el riesgo del posterior accidente.
El fiscal regional de O'Higgins, que lleva la investigación de la muerte de seis mineros el año pasado, confirmó que indagan si existe algún tipo de conexión entre ambos hechos. "El objetivo de nuestra investigación es poder acreditar si existe alguna vinculación entre ambos eventos", expresó esta semana el fiscal Aquiles Cubillos.
A la luz de los nuevos antecedentes, expertos creen que Codelco podría enfrentar la Ley de Delitos Económicos, vigente desde agosto de 2023 y que convirtió los delitos culposos, aquellos que se cometen con negligencia, en fuente de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
"La nueva Ley de Delitos Económicos establece la responsabilidad penal de las empresas en los casos de accidentes laborales, por lo que si se acredita que Codelco no tenía protocolos adecuados para prevenir este tipo de accidentes, tendrá responsabilidad penal. Un fuerte antecedente de dicha responsabilidad es que se acredite ocultamiento de antecedentes, según lo ha señalado el sumario interno. Ello hace muy compleja la situación penal de la empresa", subraya el exfiscal Carlos Gajardo.
El propio fiscal a cargo de la causa refrendó esa posibilidad. "Si el sistema de prevención de delitos hubiese sido insuficiente o no hubiese operado de la forma como lo requiere la ley, efectivamente se activa la responsabilidad penal de la persona jurídica".
Pero el escenario podría ser aún más complejo para la minera estatal, pues la Fiscalía Regional analiza la eventual configuración de nuevos delitos; actualmente investiga un cuasidelito de homicidio y la eventual responsabilidad de la empresa en el accidente del año pasado.
Con ese foco, el fiscal confirmó la ampliación de la investigación. "Nos encontramos estudiando posibles otros delitos que se podrían haber cometido a partir de los hechos que se han dado a conocer. Podría haber alguna falsedad involucrada o algún otro delito especial", aseguró el fiscal Cubillos. Y fue más allá. "Hemos requerido antecedentes incluso de otro evento, del año 2021; por tanto, nos encontramos analizando todos los elementos de juicio", adelantó.
Esta semana, la fiscalía citó a declarar al presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, y detalló que a la fecha "son más de 40 personas a las que hemos tomado declaración, desde obreros hasta gerentes".
Máximo Pacheco está imputado en la investigación por el accidente del año pasado, siendo asesorado por el abogado Juan Domingo Acosta. Hasta ahora, no ha sido llamado a declarar.
En paralelo, los exejecutivos de la minera que fueron desvinculados preparan sus defensas para cuando sean requeridos por el Ministerio Público. A ellos, estiman conocedores del proceso, se sumaría Andrés Music, quien fue gerente general de El Teniente hasta agosto de 2025. "La justicia determinará su responsabilidad en el ocultamiento de información del evento de 2023, porque él fue gerente de Teniente entre 2019 y 2025", acota un cercano a Codelco.
Contactados por "El Mercurio", los exejecutivos no quisieron emitir declaraciones.
Los argumentos de la defensa
En Codelco anticipan un "juicio complejo" y prevén, en el mejor de los escenarios, que durante el primer semestre podrían desarrollarse las audiencias de formalización.
En la estrategia legal de Codelco trabajan los abogados Julián López y Davor Harasic. Cercanos a la defensa descartan que el panorama legal se haya complejizado para la compañía y sostienen que los argumentos de la minera son sólidos para descartar vinculaciones entre los accidentes de 2023 y de 2025. Enfatizan que de haber responsabilidades, estas son individuales.
"Codelco ha demostrado que siempre ha estado dispuesto a colaborar con el Ministerio Público para que se investigue adecuadamente. Ha sido transparente, no ha ocultado nada, y quienes sí lo hicieron fueron despedidos", aseveran desde el entorno legal. Y recalcan que "el informe internacional de expertos lo encargó Codelco, no el Ministerio Público, para descifrar qué pasó en 2025 y evitar que haya otro accidente".
Desde el ámbito de la defensa relatan la cronología del ocultamiento de información denunciado por la minera. Mencionan que apenas Codelco descubrió "el cercenamiento" del documento referido al accidente de 2023, que había sido enviado a los organismos competentes, tomó acciones en menos de 24 horas. "Codelco tomó conocimiento a las 16 horas de un día determinado, a las 18 horas de ese mismo día inició una auditoría, que demoró 15 a 20 días, y apenas salió el resultado, se tomaron las medidas y se desvinculó a los responsables, enviando la información al Ministerio Público".
Por lo mismo, cuestionan y ven con inquietud que "con mucha liviandad se dice que no se tomaron medidas frente al accidente de 2023. Vincular los dos eventos, de 2023 y 2025, en este minuto es irresponsable y muy prematuro. No existe ningún análisis técnico y científico que permita relacionar los dos hechos. El fiscal en esto, como muchos fiscales, tiene una hipótesis, pero hay que probar si es cierta o no".
Al interior de Codelco y sus asesores legales existe la convicción de que "recién ahora se puede ser predictivo respecto de ambos eventos. En 2023 no podíamos suponer que en 2025 habría otro accidente. Codelco ha reconocido falencias en la administración de El Teniente y ha tomado medidas".
Conocedores de la estrategia legal de la cuprera argumentan. "El documento original del accidente de 2023 tenía 56 páginas y se convirtió en 51 páginas, que fue el que se envió a los órganos reguladores. Se eliminó y omitió todo lo que decía relación al Panel Invariante, que es el sector donde se produjo el evento de 2023, eso es lo que se cercenó, porque una parte del permiso para funcionar estaba en tramitación".
Pero, remarcan, "el informe original está en Codelco desde 2023, no se ocultó, y por lo mismo, no significa que Codelco ignoró el tema o no tomó las medidas necesarias".
Cercanos a la defensa de la minera creen que si bien las acusaciones de la fiscalía debieran ir dirigidas contra quienes resulten responsables individualmente y no directamente contra la empresa, "porque el ocultamiento no lo hace la empresa, lo hicieron algunos ejecutivos y Codelco no debiera ser perseguido directamente", igualmente prevén que la fiscalía intentará apuntar a la responsabilidad de la persona jurídica, "y ahí no tienen responsabilidad ni el directorio ni los ejecutivos. Sí puede haber, en conjunto, responsabilidades personales".
¿A qué se expone Codelco?
"La nueva ley no fue pensada para entes estatales. La ley establece como sanción la designación de un interventor, lo que es ilógico para Codelco; también fija multas a beneficio fiscal, o sea, Codelco se sacaría la plata del bolsillo derecho y la colocaría en Tesorería en el bolsillo izquierdo. No tiene sentido", responde una fuente vinculada a la defensa.
Otro consultado ligado a la minera agrega: "La sanción más alta es la disolución de la empresa, lo que es absurdo en este caso, y también lo es la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado. El riesgo más real para Codelco es la imposición de una multa a beneficio fiscal".
Cercanos a la defensa si bien valoran el trabajo del Ministerio Público, abogan por "una comunicación más fluida, que nos permita colaborar aportando los antecedentes. No nos parece buena idea aventurar hipótesis que no están comprobadas".
Codelco, en paralelo, ha estado conversando con los familiares de los seis fallecidos del accidente de julio de 2025, para otorgar una indemnización, "pero ha sido difícil dialogar y determinar qué es lo que quieren, porque hay seis abogados que quieren cosas distintas".