Tribunal confirmó la indemnización de $ 1.009.000, entendiendo que fue trasladada a pesar de que el organismo conocía sus problemas de salud mental y que ella había pedido evitar algunos destinos.
La
Fiscalía General de la Nación fue condenada y deberá indemnizar con casi $ 1.000.000 a una exfiscal. La mujer presentó pruebas que demostraron que, a pesar de conocer sus afectaciones de salud mental, sus superiores la trasladaron en más de una oportunidad a sectores que agravaban su situación. La resolución fue confirmada por un
Tribunal luego de que el organismo presentara un recurso de apelación.
La exfuncionaria (que trabajó en Fiscalía entre 1990 y 2022), presentó una demanda en la que solicitó la reparación por daños ocasionados "por un acto administrativo lesivo, así como una serie de hechos que determinaron la existencia de acoso laboral", según consta en el documento al que accedió El País.
"Durante más de 26 años cumplió la función en forma destacada, con total dedicación y excelente legajo sin observaciones", aseguró su defensa en la demanda. Según detalló, sobre el final de su carrera existieron traslados que afectaron su estado psíquico y emocional. En febrero de 2016, cuando desaparecieron casi en su totalidad las
Fiscalías Letradas en lo Civil (donde se desempeñaba), fue trasladada a la órbita penal.
La defensa destacó que a pesar de que Fiscalía conocía que la mujer enfrentaba problemas de salud mental, "no consideró las consecuencias". Debido a que tuvo que afrontar tareas para las cuales no estaba preparada comenzó a sufrir ataques de pánico diarios y crisis de depresión profunda. La situación fue comunicada a sus superiores (el fiscal general adjunto
Ariel Cancela y el fiscal de corte
Jorge Díaz) aunque no recibió respuesta.
Tuvo la posibilidad de ingresar a las
Fiscalías de Violencia Doméstica en materia civil, donde cumplió la función pública con normalidad. Sin embargo, por la "naturaleza sensible de la materia" solicitó en reiteradas oportunidades su traslado a la Fiscalía de Aduanas, lo que no fue aceptado.
En 2018, nuevamente se vio inmersa en la órbita penal, y a pesar de reiterar su petición de ser trasladada a Aduanas, era ignorada por las autoridades. Luego de dos años de presentar informes psiquiátricos y pruebas de que sufría una depresión severa, finalmente tuvo el destino deseado.
Permaneció dos años cumpliendo funciones sin problemas, pero en agosto de 2020 Fiscalía resolvió nuevamente moverla a la de
Delitos Sexuales, Género y Violencia Doméstica, en la órbita penal. Trabajando allí, llegó incluso a tener una crisis de ansiedad en medio de una audiencia.
La Junta Médica de
ASSE dictaminó que la mujer padecía una "afección crónica", sugiriendo su continuidad laboral en la Fiscalía de Aduanas y Hacienda. La situación fue evaluada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), debido a que la mujer presentó un recurso de nulidad. Finalmente, el traslado fue revertido y permaneció en Aduanas y Hacienda hasta su jubilación.
En su argumentación ante el juez de lo Contencioso Administrativo
Alejandro Martínez de las Heras, la mujer dijo nunca haber sido capacitada para el nuevo Código del Proceso Penal, lo que dificultaba su trabajo. Su defensa aseguró que la actitud de las autoridades de Fiscalía encuadra dentro del concepto de "
mobbing" o "acoso laboral". "Existió una clara situación de
hostigamiento,
acoso,
persecución y
deshumanización que no puede aceptarse", concluyeron.
Desde Fiscalía defendieron que no existió ningún accionar lesivo y negaron haber sido responsables de los padecimientos de la exfuncionaria. "La actividad del organismo público (...) no tiene por misión reportar como hospital público de la función pública, de actuar como paliativo de situaciones personales", argumentaron. Señalaron a la funcionaria de no estar cómoda en su lugar de trabajo y que "pretendía que la institución la cobijara en un lugar donde se sintiera a gusto personal".
Finalmente, el juez Alejandro Martínez de las Heras consideró que el "acoso moral institucional" estuvo "suficientemente acreditado". "Se violaron de manera reiterada, sistemática y continua sus derechos fundamentales, como funcionaria pública y como persona", sentenció en un documento al que accedió El País.
Además, concluyó que "no existió motivación para los traslados", lo que se potencia al tener en cuenta el perfil de la entonces fiscal. "Un elenco de omisiones que indudablemente son claros indicios que evidencian la existencia de una 'falta de servicio' relacionada a una situación de acoso institucional", sentenció.
La versión de la mujer fue respaldada por testigos, así como por documentación y médicos, quienes valoraron que el contexto de lo penal incidía negativamente en ella y "precipitaba síntomas a pesar del esfuerzo que hacia para intentar mantenerse en ese rol".
El monto establecido por el magistrado para la indemnización fue de $ 1.009.000. Este se encuentra dividido en $ 80.000 para cubrir los gastos en medicación, $129.000 por tratamiento psicicológico y $ 800.000 por el daño moral padecido. A esta cifra deberán sumarse los intereses legales desde el momento de presentada la demanda.
Tras conocer la resolución del juez, desde Fiscalía presentaron un recurso de apelación, con el objetivo de que un Tribunal revirtiera el fallo. En su argumentación, insistió en que la exfiscal "fue trasladada de acuerdo a las necesidades y organización del servicio".
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones Civil de 3er Turno se expresó nuevamente en su contra, respaldando el fallo de Martínez de las Heras. En el documento al que accedió El País, los ministros manifestaron que existió "nexo causal" entre el acto administrativo de Fiscalía y el daño padecido por la funcionaria.
El País, Uruguay
23 de febrero de 2026
