Las alternativas que le quedan a Dominga: Trama judicial se desplazaría a Santiago

Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que anuló una decisión crucial del Primer Tribunal Ambiental que permitía la materialización del proyecto minero-portuario Dominga ubicado en la Región de Coquimbo (comuna de La Higuera), Andes Iron queda en una encrucijada para poder seguir apelando ante la justicia para la realización de la iniciativa. La trama legal ahora podría desplazarse desde Antofagasta a Santiago, según abogados consultados.
En enero del año pasado, un Comité de Ministros compuesto íntegramente por subrogantes rechazó por tercera vez Dominga, con lo que se revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, un permiso clave para poder avanzar con su construcción.
En febrero de 2025, el Primer Tribunal Ambiental, luego de una solicitud del cumplimiento incidental de Andes Iron, anuló la parte central de esta resolución y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como secretaría técnica del Comité de Ministros, modificar la decisión. En la práctica, esto significó la reinstauración de la RCA de Dominga (ver infografía).
El fallo de la Corte de Apelaciones se centró en esta sentencia. "Resulta válido preguntarse si la sentencia del caso, esto es, la de 09 de diciembre de 2024 constituye de verdad un título ejecutivo que contenga una obligación de hacer, y en este sentido, se pueda demandar su cumplimiento en los términos que se pretende en la resolución del 17 de febrero de 2025, la única respuesta posible es que ello no resulta posible, y por lo mismo debe anularse todo lo obrado en esta sede", reza el dictamen de la Corte de Apelaciones.
En este sentido, el tribunal determinó que el último acto válido es el rechazo del Comité de Ministros de enero de 2025.
El posible reclamo en Santiago
Todas las decisiones del Comité de Ministros pueden ser reclamadas a la justicia, sin embargo, existe un plazo para hacerlo. De acuerdo con Juan Ignacio Marín, director de Regulatorio y Medioambiente de HD Group, hay 30 días contados desde notificada la resolución para recurrir a un tribunal ambiental.
Andes Iron no reclamó ante un tribunal luego del tercer rechazo del Comité de Ministros. Este sí fue el caso de las organizaciones ambientales, que recurrieron al Primer Tribunal Ambiental porque estimaban que las razones que motivaron la negación a Andes Iron no habían sido las suficientes. Es decir, argumentan que había más motivos para frenar el avance del proyecto.
Debido a que el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, ya se pronunció sobre el proyecto, los ministros de este tribunal se inhabilitaron y estos reclamos están pendientes en el Segundo Tribunal Ambiental, ubicado en Santiago.
El 2TA había paralizado en mayo el proceso a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones. En las reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental respecto de la decisión tomada por el Comité de Ministros, Andes Iron figura como "tercero".
La duda sobre el plazo
La principal vía de apelación de Andes Iron a la justicia, es decir, reclamar por el rechazo del Comité de Ministros ante un tribunal ambiental, podría estar en duda.
"Andes Iron podría presentar un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental competente, para cuestionar el último rechazo del proyecto. Sin embargo, es probable que se abra un debate respecto del plazo para reclamar por el tiempo que ha transcurrido; la empresa podría alegar que está dentro de plazo, porque los efectos del rechazo estaban suspendidos. Por su parte, las otras partes podrían cuestionar si el plazo para reclamar podía entenderse suspendido por esa vía", indica Emanuel Ibarra, socio del estudio Moreno, Sáez y Avilés, y exfiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
¿Proceso suspendido?
Marín estima que Andes Iron tiene un sustento para reclamar. "El rechazo del Comité de Ministros de enero de 2025 es impugnable por reclamación, la misma Corte ahora lo reafirma. Y a pesar del tiempo transcurrido, el Primer Tribunal Ambiental ordenó en su momento suspender los efectos de dicha resolución. Ahora, con la orden de anular el cumplimiento incidental por parte de la Corte de Antofagasta y todo lo obrado a partir de ese momento, se cae también la suspensión y se permite a Andes Iron reclamar", señala el abogado.
Segunda alternativa
La otra opción es que Andes Iron recurra a la Corte Suprema por la decisión de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, Ibarra ve esta opción menos probable. "La empresa además puede cuestionar la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, presentando recursos ante la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal ha tenido una visión estricta sobre la admisibilidad de los recursos de casación y queja, por lo que ese debate se podría dar en este caso", indica.
Consultados por "El Mercurio", desde Andes Iron declinaron realizar comentarios.
Los abogados advierten que la trama judicial de Dominga podría continuar. "De admitirse el reclamo de la empresa, tendrá que revisarse junto con los reclamos de los observantes del Proceso de Participación Ciudadana (PAC), cuestión que está radicada en el Segundo Tribunal Ambiental. Luego esa sentencia podrá ser impugnada nuevamente a los tribunales superiores, según lo que se resuelva. Y ese es el gran problema que existe hoy: no hay una norma de clausura de estos debates como en derecho penal, lo cual genera juicios eternos que afectan la certeza jurídica para todas las partes de estos conflictos", dice Ibarra.
"La causa es confusa por la complejidad del procedimiento y por errores o dudas dentro de la propia institucionalidad ambiental, evidenciados en tirones de oreja de tribunales y autoridades", afirma Marín.
El trasfondo de un largo recorrido
La trama del proyecto se extiende ahora por 12 años. En lo más reciente, en diciembre de 2025 el Primer Tribunal Ambiental decidió anular la votación realizada por un Comité de Ministros de la administración del Presidente Gabriel Boric, que había rechazado por segunda vez el proyecto, y ordenó que se tome nuevamente una decisión en este órgano. Una nueva instancia, esta vez compuesta únicamente por subrogantes, volvió a rechazar la iniciativa cuya inversión asciende a más de US$ 2.500 millones.
Sin embargo, la votación se dio fuera del plazo que había ordenado el Primer Tribunal Ambiental. Entre que se venció el plazo, y antes de que se rechazase nuevamente el proyecto, Andes Iron solicitó el cumplimiento incidental de la sentencia. Es decir, manifestó al Primer Tribunal Ambiental que no se había cumplido lo que ellos habían ordenado.
Luego del tercer rechazo por el Comité de Ministros, el tribunal ambiental, en el marco del análisis por el cumplimiento incidental, anuló el contenido de la decisión que daba origen al rechazo, decisión que fue anulada por la Corte de Apelaciones ante el reclamo del SEA.
8 de enero de 2025   Fue la fecha del tercer rechazo del Comité de Ministros a Dominga, en donde votaron subrogantes de los secretarios de Estado.