Una reconstrucción en 30 días

Víctor Muñoz
El gobierno que se posesione el 7 de agosto de 2026 no puede llegar a administrar: tiene que llegar a reconstruir. Cuatro años de corrupción, incompetencia, nepotismo y captura institucional obligan a una lógica de operación de choque. Lo que antes podía ordenarse en meses, hoy es imperativo corregirlo en 30 días. La Presidencia debe nombrar de inmediato el equipo de mando: Dapre, Secretaría Jurídica y consejerías. En paralelo, debe estar instalado el gabinete completo: 19 ministerios y 41 viceministerios, con sus secretarías generales y jurídicas. Se debe tomar el control del "cerebro del Estado": DNP, Dane, Función Pública, Prosperidad Social. Sin planeación, datos y gestión pública, no hay reforma. El relevo de la cúpula militar y de Policía debe hacerse de inmediato, con criterios estrictamente profesionales: sin revanchas, pero sin titubeos. Entidades críticas deben entrar en revisión urgente: Migración, UIAF, UNP y todo el sistema de inteligencia. La DNI exige auditoría inmediata y una decisión política o se sanea a fondo o se cierra y se rediseña. No hay punto medio cuando la confianza está rota. En paralelo, hay que reordenar el Estado regulador: 10 superintendencias y al menos cuatro comisiones de regulación. Allí se juega la competencia, la vigilancia, la transparencia y la estabilidad de sectores enteros. También debe moverse el músculo financiero: las entidades del Grupo Bicentenario (Banco Agrario, Bancoldex, Findeter, FDN, FNA, FNG, Positiva, Previsora, Fiduprevisora, Fiducoldex, Fiduciaria, Enterritorio) y las empresas estratégicas donde el Estado tiene incidencia, como Ecopetrol y su infraestructura asociada (Hocol, Cenit, Ocensa, Reficar), ISA/XM/Internexa y las generadoras con participación estatal. Al igual que la designación de los agentes interventores donde hoy se "gobierna" vía intervención, con resultados pobres y opacidad. La cirugía invisible: juntas y delegados. La reconstrucción se juega en cientos de decisiones en cámaras de comercio, CAR, consejos superiores universitarios y juntas de empresas con participación estatal nacionales e internacionales. Ahí se define contratación, licencias, y gobernanza territorial. La política exterior tampoco es protocolo: es poder. Cerca de 60 Embajadores, 100 cónsules y delegaciones ante BID, Banco Mundial, FMI, OEA, OCDE y CAN deben alinearse rápido con una agenda clara de cooperación, inversión y financiación. Son más de 200 entidades del orden nacional: como Dian, Sena, Icbf, cetex, Invima, Inpec, Indumil, Coljuegos, Invías, Aerocivil, ProColombia, Ungrd, el Fondo de adaptación, y Fontur; así como las agencias la ANI, ANH, ANM, Andje, ANT, ART, ANE, que deben cambiar su equipo directivo en las primeras cuatro semanas. El nuevo gobierno debe hacer corte de cuentas, publicar un Libro Blanco y ordenar una auditoría forense integral de gasto, contratación y deuda contingente. Sin eso, la "reconstrucción" será un eslogan. Y la impunidad, política de Estado.
Emprendedor, investigador, analista.