Nuevas normas de Minsalud: ahora el ‘shu, shu, shu’ llegaría a las IPS

Una nueva discusión se sumó al sector de la salud, después de que el Gobierno emitió el Decreto 0182 de 2026, el cual regula la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional en el país, norma que se suma a circulares y resoluciones que ha sacado la cartera sanitaria en los últimos meses. Si bien existen posiciones enfrentadas respecto a la viabilidad de la normativa, lo cierto es que, en la coyuntura que enfrenta el sistema de salud colombiano, implica un riesgo para el aseguramiento, la prestación de los servicios y la continuidad de tratamientos de al menos 6,5 millones de afiliados que planean mover en los territorios. En términos generales, la nueva reglamentación establece mecanismos de limitación territorial de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la asignación obligatoria de afiliados, las restricciones de participación territorial y la redistribución y ordenamiento del mercado del aseguramiento. A renglón seguido, el decreto dispone que las entidades con baja participación en determinados territorios saldrán de esos mercados y sus usuarios serán objeto de una asignación especial por parte del Estado. En ese sentido, una de las mayores preocupaciones de los actores de la salud se enfoca especialmente en el caso de la Nueva EPS y de las entidades que hoy están bajo medida de intervención y sobre la viabilidad de la normativa. Según estimaciones de Acemi, gremio de las EPS, con la aplicación de las nuevas reglas de territorialización, la Nueva EPS, que no presenta estados financieros desde 2023 y que ha sido cuestionada por su poca capacidad de operación, pasaría a recibir 2,6 millones de nuevos usuarios, lo que equivale a un incremento del 22,6%. Adicionalmente, menciona el gremio que otras EPS intervenidas podrían enfrentar incrementos cercanos al 40% en el número de afiliados, lo que elevaría las exigencias operativas en entidades que ya presentan limitaciones. En contraste, las EPS asociadas a Acemi, que no están intervenidas, perderían más de 800.000 usuarios con la redistribución proyectada. "Las entidades intervenidas no están preparadas operativa ni financieramente para recibir más usuarios y la redistribución planteada modifica de manera sustancial el mapa del aseguramiento en Colombia", indicó Ana María Vesga, presidenta del gremio. Ahora bien, en ese mismo frente, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, aseguró a Portafolio que el decreto es ilegal, teniendo en cuenta que lo que está planteando no se debe hacer vía decreto, sino por una ley de la República, ya que están modificando la estructura de la operación del aseguramiento. También cuestionó que al menos 800.000 pacientes, dentro del total de los 6,5 millones que van a ser trasladados, serán extraídos hacía EPS intervenidas que no operan mejor y con mayor eficiencia. "A esos pacientes los están deteriorando en su atención, porque los van a trasladar a EPS que no están funcionando bien, que tienen un incremento de barreras de acceso, un más alto número de peticiones, quejas y reclamos, que tienen más tutelas y una situación financiera más grave, con pérdidas patrimoniales severas", opinó. Ambos actores prevén que el decreto sea reversado por el Consejo de Estado, debido también a unos vicios contra la restricción a la libertad económica, pues afecta la libre competencia, escogencia, limita la entrada de EPS, la permanencia territorial y de participación en el mercado. Afectación para IPS Otro punto de alta preocupación es que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en Colombia, como clínicas, hospitales, laboratorios y consultorios, públicos y privados, son otro subsector que se enfrenta a una serie de preocupaciones por cuenta del decreto. Un análisis de la Unión de IPS’s Colombia (Unips), revela que el principal impacto se vería reflejado sobre el apartado de obligación estructural de contratación mínima del 60% con hospitales públicos. "Las Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado y las de naturaleza pública del régimen contributivo deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1122 de 2007, en relación con la contratación de al menos el sesenta (60%) del gasto en salud con las Empresas Sociales del Estado (ESE)", sostiene el decreto. En ese sentido, el gremio apuntó que el efecto sería estructural, ya que el mercado disponible para las IPS de naturaleza privada sería del 40% del gasto total de las EPS públicas y subsidiadas. Para Jorge Toro, presidente de Unips, el decreto genera un colapso a la red prestadora, porque muchas de las EPS van a redefinir contratación, lo que implica una cancelación de los contratos que ya están establecidos, así como se puede presentar un aumento de la cartera entre las promotoras y las prestadoras. "Hoy el decreto pone en alto riesgo la operación del aseguramiento en cada uno de los actores, pero el mayor damnificado es el usuario", reiteró Toro. Otro de los focos es la necesidad del decreto, pero no en este momento. De acuerdo con el presidente de Unips, la normativa de territorialización es necesaria, pero no con las condiciones actuales de las EPS. "Ese decreto debió esperarse para cuando efectivamente tengamos un sistema de aseguramiento, con unas EPS que puedan garantizar condiciones distintas. No le podemos trasladar casi tres millones de usuarios a la Nueva EPS cuando no está en ni en condiciones de atender los 11,5 millones que tiene hoy", dijo. En la misma línea, Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), indicó que el decreto sería una normativa razonable en un momento en el que todas las EPS estuvieran funcionando de forma adecuada, para llegar a una concentración racional del aseguramiento. "En las condiciones actuales, donde hay un gran número de EPS que están disfuncionando, es un verdadero peligro exponer a poblaciones que sean sacadas de unas EPS para llevarlas a otras en las cuales podrían eventualmente estar en peores condiciones", señaló Giraldo. El dirigente gremial también hizo especial mención a la Nueva EPS, de la cual opinó que en varias ocasiones se ha escrito a la Superintendencia de Salud sobre necesidad de acotar el número de usuarios de esa entidad, de acuerdo a las capacidades reales que tiene. "Debería disminuir el número de afiliados y trasladar algunos de ellos a EPS que están en mejores condiciones, que están respondiendo adecuadamente a la red, a las IPS y a la población", dijo. ¿Prioridad de pagos? Otra de las preocupaciones que se suma al decreto emitido por el Gobierno es la Circular 003 de 2026, también anunciada la semana pasada. Esta norma busca priorizar el pago a la red hospitalaria pública por parte de las EPS intervenidas, dado el llamado de la Contraloría General de la República sobre evitar una agudización de la difícil situación financiera del sistema de salud. En ese frente, Jorge Toro resaltó que desde el gremio de las IPS se hizo un llamado al Ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, donde le piden priorizar el pago a toda la red prestadora. "Aquí no puede haber exclusiones, cuando en este momento el 90% de la red de prestación de servicios es privada. Es la que tiene el portafolio de servicios de alta y mediana complejidad en el país", apuntó. De igual manera, Juan Carlos Giraldo señaló que desde las clínicas y los hospitales se considera que, al ser un gremio que agrupa a instituciones públicas y privadas, es de gran importancia proteger a la red pública, que en algunos municipios es el único prestador de servicios. Sin embargo, reconoció que hay una realidad operativa del sistema de salud y es que existe una correlación de 91% de IPS de naturaleza privada y cerca de 9% de naturaleza pública. "Esto no es solo una cifra, esto se traduce en la prestación de los servicios, que en el mayor porcentaje se hace en el sector privado, y representa cerca de dos terceras partes y una tercera parte o un poco menos en el sector público", agregó. Detalló que esto significa que la prelación no debe estar basada en la naturaleza jurídica de la institución, sino también de acuerdo al sitio donde efectivamente se prestaron los servicios. "Nuestro llamado es que debe haber un equilibrio que preserve la sostenibilidad y viabilidad de toda la red prestadora de servicios de salud pública y privada, porque si bien priorizando la red pública se puede manejar un mejor momento corriente para esa institucionalidad, no pagarle a la totalidad de la red hará que se desequilibre toda la operación del servicio, especialmente en los niveles de complejidad de mediana y alta, que es sostenido por la red prestadora privada", sostuvo el dirigente gremial. Finalmente, diversos actores, que pidieron no ser identificados, le aseguraron a Portafolio que incluso, en medio de los anuncios del Gobierno, el presidente Gustavo Petro indicó que el Estado va a pagar $40.000 con los hospitales públicos la cápita del primer nivel de atención, cuando eso en manos de privados no vale más de $17.000 por usuario. "Eso seguirá generando un desequilibrio en el sector porque la red pública es más cara", concluyeron.
La situación que está viviendo el sistema de salud colombiano, no solo estaría afectando a las EPS o IPS, sino también a los usuarios. Si bien los actores sostienen que la medida puede ser "buena" pero con otra realidad, mientras tanto, los verdades afectados van a ser los pacientes de los territorios. De acuerdo con Agusto Galán, "un paciente en esas circunstancias, que hoy está recibiendo un tratamiento por una enfermedad crónica, de alto costo, huérfana o rara, va a ser trasladado a un escenario en donde muy posiblemente no tienen la red para atenderlo", cuestionó. Así mismo, reiteró que a pesar de que "un sistema de salud no se apaga como se apaga un sistema energético", lo más probable es que cada día haya más barreras y dificultades, no solo con los medicamentos, sino con otros accesos a la prestación de los servicios. Un ejemplo de ello, menciona Galán es "la nueva EPS, que está afectando la atención a pacientes de muy enfermedades raras con un alto costo".