Suspensión de trasplantes y quimioterapias, entre los posibles impactos del decreto de Minsalud

edwin caicedo - periodista de medioambiente y salud @CaicedoUcros
El sistema de salud colombiano se prepara para uno de los movimientos administrativos más grandes y controvertidos de su historia reciente. El Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, ordena el traslado de 6’519.719 afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) en un plazo de apenas tres meses. Se trata de una redistribución masiva de pacientes que, aunque fue presentada por el Ministerio de Salud como un ejercicio técnico de reorganización territorial del aseguramiento, ha encendido las alertas de expertos, académicos y organizaciones de pacientes que advierten riesgos reales para la continuidad de tratamientos y para el ejercicio del derecho a elegir asegurador. La magnitud del traslado es difícil de dimensionar sin acudir a las cifras: equivale a más del 12 % de todos los afiliados del sistema de salud colombiano. En la práctica significa que millones de personas verán modificada su EPS sin haberlo solicitado, y en muchos casos también tendrán que adaptarse a nuevas redes hospitalarias, médicos tratantes, centros de diagnóstico y procedimientos administrativos. Es decir, detrás de un cambio que en el papel aparece como un simple ajuste de afiliación, se esconde un movimiento que puede alterar tratamientos médicos en curso, rutas de atención y relaciones clínicas construidas durante años. Para quienes estudian el sistema, el decreto abre además un nuevo capítulo en la disputa política y jurídica por la reforma de la salud. No es la primera vez que el Gobierno intenta rediseñar el aseguramiento mediante instrumentos administrativos. Antes lo hizo con el Decreto 0858 de 2025, una norma con la que el Ministerio de Salud buscó implementar cambios estructurales en el funcionamiento del sistema luego del estancamiento de la reforma de la salud en el Congreso. Aquella iniciativa terminó suspendida por el Consejo de Estado, que consideró que el Ejecutivo se había extralimitado al modificar por decreto materias que corresponden a la ley. En medio de ese contexto, el traslado masivo de pacientes abre interrogantes sobre la continuidad de la atención médica. Para organizaciones de pacientes, el problema central es que el cambio de asegurador no ocurre en abstracto: afecta tratamientos que ya están en curso. "El traslado masivo de usuarios no es un simple cambio administrativo de afiliación, como lo quieren hacer ver. En la práctica implica el traslado de procesos terapéuticos complejos que ya están en curso", explicó Martha Herrera, directora de la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas. Según advierte, el riesgo es particularmente alto en pacientes con enfermedades raras, cáncer, patologías respiratorias o condiciones crónicas de alta complejidad, cuyos tratamientos dependen de una continuidad estricta. Cuando un paciente se encuentra en medio de una terapia especializada —como un ciclo de quimioterapia, un tratamiento biológico o la administración de medicamentos huérfanos— cualquier cambio en el asegurador puede generar revalidaciones de autorizaciones, modificaciones en la red de prestadores o demoras en la entrega de medicamentos. "Eso ya lo hemos visto cuando se liquidan EPS. La entidad receptora empieza a poner barreras: volver a confirmar diagnósticos, repetir pruebas, reautorizar tratamientos. Eso no solo implica un detrimento para el sistema, sino un riesgo real para la vida de los pacientes", señaló Herrera. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostiene que el decreto limita derechos fundamentales del sistema, como la libre elección y la portabilidad. En los municipios donde solo quedará una EPS habilitada, advierte, los usuarios quedarán prácticamente atrapados en una sola entidad. "Los pacientes pierden el derecho a la libre elección y a la movilidad dentro del sistema", afirma. Esa misma preocupación la comparte Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios, quien cuestiona la forma en que el Gobierno ha presentado la medida. "El Ministerio dice que no está haciendo un traslado de EPS, pero cuando usted saca a un usuario de una EPS y lo pasa a otra, eso en lógica sencilla es un traslado", explica. Para Molina, el problema no es solo el cambio en sí mismo, sino el momento en que se produce. "Puede que tenga lógica reorganizar territorialmente el sistema, pero lo que no tiene lógica es hacerlo en medio de la crisis actual y trasladar más de dos millones de colombianos a una EPS que lleva casi dos años intervenida y que ha mostrado deterioro en sus indicadores de servicio", dice. El vocero de los usuarios también advierte que el impacto podría trasladarse a los hogares. "Vamos a ver incremento en gastos de bolsillo y dificultades para las familias que tienen pacientes con enfermedades huérfanas o de alta complejidad", afirma. A su juicio, la incertidumbre que genera el cambio puede traducirse incluso en mayores niveles de angustia entre los pacientes. "La angustia también enferma", dice. En la práctica, los riesgos se vuelven más visibles cuando se aterrizan en casos concretos. Molina menciona, por ejemplo, el caso de pacientes que se encuentran en lista de espera para trasplantes de órganos o que reciben ciclos de quimioterapia. Si el asegurador cambia en medio del proceso, el tratamiento puede detenerse mientras se reorganiza la atención. Lo mismo ocurre con pacientes trasplantados que dependen de medicamentos inmunosupresores o con personas que siguen terapias complejas para enfermedades raras. Desde la perspectiva de salud pública, el impacto de trasladar millones de afiliados al mismo tiempo también plantea retos operativos para el sistema. El salubrista Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, explica que los procesos de migración masiva suelen generar retrasos en autorizaciones, cambios en las redes de prestadores y dificultades para garantizar la continuidad de tratamientos. Pero el problema no se limita a la atención especializada. También puede afectar programas esenciales del sistema, como el seguimiento de enfermedades crónicas, los controles de salud materno-infantil o las campañas de vacunación. "Cuando se mueven millones de pacientes al mismo tiempo, el riesgo no está en el cambio administrativo sino en que durante la transición se interrumpan tratamientos, controles o rutas de atención, especialmente en poblaciones vulnerables", advierte Hernández. Si la transición no se gestiona con cuidado —añade— pueden aparecer congestiones en call centers, pérdida temporal de información administrativa o duplicidad de trámites que terminan afectando a los pacientes. Las críticas también se extienden al terreno jurídico. Para el exministro de Salud Augusto Galán, el decreto introduce modificaciones estructurales en el sistema de aseguramiento que deberían tramitarse mediante una ley. "Se está haciendo una modificación muy estructural del aseguramiento por vía de decreto", afirma. A su juicio, el mayor riesgo no está en el traslado administrativo en sí mismo, sino en lo que puede ocurrir mientras se reorganizan las redes de atención. "Lo más delicado es qué pasará con los pacientes que tienen tratamientos que no se pueden suspender. Mientras se contrata la nueva red y se hacen los ajustes administrativos, esos pacientes pueden quedar sometidos a riesgos muy grandes", explica. Mientras las demandas contra el decreto avanzan en el Consejo de Estado, el proceso de redistribución de afiliados ya empezó a tomar forma en el sistema. En los próximos meses, el traslado de más de seis millones de pacientes se sentirá en hospitales, farmacias y consultorios de todo el país. Allí, lejos del lenguaje técnico de los decretos y de las disputas jurídicas, se medirá el verdadero impacto de una decisión administrativa que puede redefinir el funcionamiento del aseguramiento en Colombia.