Más allá de la discusión

Rosmery Quintero Castro
En un entorno económico marcado por la incertidumbre y los cambios permanentes, las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan el reto de mantener su productividad, sostener el empleo y adaptarse a decisiones que inciden directamente en su viabilidad. Las políticas salariales, tributarias, financieras, entre otras, forman parte de ese contexto que define la capacidad de crecimiento del tejido empresarial. Los empresarios lideran equipos de colaboradores con distintos perfiles, aspiraciones y experiencias, quienes han superado una curva de aprendizaje, siendo partícipes de procesos de planeación y desarrollo de nuevas capacidades. Por ello, debemos proteger la estabilidad laboral como el principal activo de las empresas. Las estrategias y los esfuerzos empresariales se ven afectados por las decisiones que asume la rama legislativa y ejecutiva. No se trata de falta de compromiso de los trabajadores ni de los empresarios, sino de la necesidad de contar con políticas públicas sostenibles y que contribuyan realmente a potencializar la economía y crecimiento social de nuestra población. En el reciente sondeo del Observatorio Nacional de la Mipyme revelamos una realidad que exige atención, tras el incremento del salario mínimo, 61,6% de los empresarios manifestó que realizará ajustes para no hacer nuevas contrataciones, no reemplazar el personal retirado y reducir los turnos o las cargas laborales. Para 44,4% de los empresarios, el ajuste representó un aumento superior a 15% en la nómina. A esto se suma que la mitad de los gerentes espera una reducción significativa en la rentabilidad y que 47% califica como baja su expectativa de crecimiento para 2026. No es falta de voluntad; es una respuesta a la presión que impone un contexto económico cada vez más complejo. El impacto también se siente en la inversión: uno de cada cuatro empresas redujo su presupuesto total, y un porcentaje similar suspendió nuevas inversiones. Además, casi el 40% evalúa trasladar el incremento salarial al precio final de sus productos o servicios, aunque muchos reconocen que no es viable por la competencia o las condiciones del mercado. Ante este panorama, las Mipymes requieren medidas urgentes: reducción temporal de aportes parafiscales, líneas de crédito preferenciales para capital de trabajo y programas que mejoren la productividad. Esto no significa evadir responsabilidades, pero si buscar un equilibrio que permita seguir generando empleo formal y mantener vivas las empresas que sostienen la economía del país y a las fuentes de ingresos de miles de familias que dependen de ellas. El desafío está en pasar del debate coyuntural al estructural. La discusión sobre el salario mínimo no puede seguir aislada de una política integral de empleo, productividad y formalización. Solo así lograremos que los aumentos salariales sean una buena noticia para los trabajadores sin convertirse en una carga insostenible para las empresas, impulsando al mismo tiempo el consumo sin afectar la inflación.
Presidente Nacional de la Mipyme / Directora Acopi Atlántico.