¿Quién sí y quién no le subió 23% al valor de vivienda VIS?

El incremento del salario mínimo para 2026, que lo ubicó en $1.750.905 tras un ajuste del 23%, elevó de manera automática el precio máximo de la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), cuyos valores están definidos en múltiplos del salario mínimo legal vigente. Con el nuevo nivel salarial, una vivienda VIS de 150 salarios mínimos alcanzó los $262.635.750 y las unidades VIP hasta los $157.581.450 en zonas urbanas. La actualización impacta tanto a quienes planean comprar vivienda este año como a hogares que firmaron contratos sobre planos en años anteriores. De esta manera, las constructoras implementan estrategias para contener incrementos y evitar desistimientos en proyectos en curso. Así mismo, vale mencionar que en 2022, una vivienda VIS con un tope de 150 salarios mínimos tenía un valor aproximado de $150.000.000. Con el aumento del salario mínimo y los ajustes acumulados en el periodo, ese mismo tipo de vivienda alcanzará en 2026 los $262.635.750. La diferencia supera los $110 millones en cuatro años. La legislación establece diferentes límites de precio según el tipo de vivienda social y su ubicación. En el caso de la vivienda de interés prioritario (VIP), el valor máximo permitido corresponde a 70 salarios mínimos en municipios fuera de los cascos urbanos y a 90 salarios mínimos en zonas urbanas. Una vivienda VIP de 70 salarios mínimos tiene un precio máximo de $122.563.350. Esto es un incremento de $22,6 millones frente a los valores registrados en 2025. Para las unidades VIP ubicadas en zonas urbanas, cuyo tope es de 90 salarios mínimos, el valor máximo llega a los $157.581.450. El ajuste anual en este caso será de aproximadamente $29,3 millones. La vivienda de interés social (VIS) también presenta distintos límites según el lugar donde se construya el proyecto. En zonas urbanas el precio máximo es de 135 salarios mínimos; en cascos urbanos puede llegar a 150 salarios mínimos; y en proyectos de renovación urbana el límite se ubica en 175 salarios mínimos. Con el nuevo salario mínimo, los topes para 2026 se ubican en $236.372.175 para las viviendas de 135 salarios mínimos, $262.635.750 para las de 150 salarios mínimos y $306.408.375 para las unidades de renovación urbana con límite de 175 salarios mínimos. En comparación con 2025, estos valores implican incrementos de $44,1 millones, $49,1 millones y $57,3 millones respectivamente. Estrategias de las constructoras Ante el aumento del salario mínimo y su impacto directo en el valor de la vivienda social, varias constructoras han tomado medidas para reducir la incertidumbre de los compradores y evitar cancelaciones en proyectos en desarrollo. Por su parte, el Grupo Oikos informó que mantendrá precios controlados en sus proyectos de vivienda de interés social durante 2026. Según la compañía, los incrementos estarán por debajo del aumento del salario mínimo y de los subsidios de vivienda. La decisión impactará a más de 2.400 familias vinculadas a los proyectos de la compañía. De acuerdo con la empresa, los ajustes de precio en sus desarrollos VIS están entre el 5,8% y el 11,5%, dependiendo de las características del proyecto y de la fecha de escrituración. Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Oikos, explicó que la medida implica una decisión corporativa para limitar el impacto del aumento del salario mínimo en los compradores. "Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para que el precio de la vivienda social tenga un incremento mínimo y, lo más importante, a precio fijo. Queremos que el ahorro de las familias rinda más y que su patrimonio esté protegido frente a la inflación", señaló. Cambio de estrategia Otras compañías han optado por cambios en sus modelos de comercialización para evitar que el precio final dependa directamente del salario mínimo. Desde Constructora Capital indicaron que la empresa modificó su esquema de ventas para ofrecer sus proyectos exclusivamente en pesos, en lugar de salarios mínimos. "Entendemos que la volatilidad económica y el incremento del salario mínimo impactan la estructura de costos del sector. Para mitigar estas presiones y mantener la viabilidad de nuestros desarrollos, hemos fortalecido nuestra planeación financiera y apostado por la innovación, optimizando los procesos constructivos para absorber de la mejor manera las fluctuaciones en la mano de obra y los insumos", señaló Pablo Echeverri, presidente de Constructora Capital. "Desde hace cerca de dos años, nuestros proyectos se comercializan exclusivamente en pesos y no en salarios mínimos, garantizándoles a las familias total transparencia y claridad sobre el valor final de su vivienda desde el primer momento en que deciden invertir. El objetivo central de todas estas eficiencias operativas y comerciales es proteger el bienestar de nuestros clientes", agregó Pablo Echeverri, presidente de Constructora Capital. La compañía también definió ajustes escalonados en los proyectos que ya estaban en ejecución para reducir el impacto sobre los compradores que habían firmado contratos antes del aumento del salario mínimo. En el caso de Conaltura, en los negocios que estaban vinculados a salarios mínimos, hicieron una apuesta importante para "proteger a los clientes y evitar desistimientos". "Les comunicamos que no trasladaríamos automáticamente el incremento del 23% al valor de sus viviendas. En lugar de eso, estamos buscando un porcentaje que sea viable para la sostenibilidad de los proyectos y que afecte lo menos posible a las familias. Para tomar esa decisión de manera responsable, estamos esperando el decreto final del Gobierno Nacional y trabajando alineados con el gremio del sector. En el caso de los nuevos negocios, desvinculamos las ventas del salario mínimo y manejamos incrementos que, en promedio, no superan el 12,5%, buscando mantener un equilibrio entre la viabilidad de los proyectos y la capacidad de pago de los compradores", señaló la compañía a Portafolio. Según Coordenada Urbana, sistema de información de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) estas medidas funcionaron y el comportamiento de las cancelaciones de compra en enero mostró una relación inferior frente al volumen de ventas y se fijo como una de las cifras más bajas registradas en los últimos años.