Límites a la gratuidad

El Gobierno ha anunciado, como parte de su "Plan de Reconstrucción Nacional", un cambio parcial en los criterios para acceder a la gratuidad universitaria. Así, se promoverá que el beneficio se concentre en las personas menores de 30 años. Y, además, se aspira a detener su expansión hacia más deciles. En efecto, en la actualidad, este beneficio rige para los estudiantes provenientes de los hogares que se posicionan en el 60 por ciento más vulnerable del país, pero la Ley de Educación Superior de 2018 (21.091) estableció un avance progresivo hacia los deciles superiores, asociado a la proporción del PIB tendencial que representen los ingresos fiscales estructurales. Ello supondría desembolsar cuantiosos recursos adicionales a los actualmente comprometidos, lo que podría ocurrir en 2029 o 2030 con el séptimo decil. Para hacerse una idea de los montos en juego, baste considerar que la gratuidad hoy vigente para los primeros seis deciles ya involucra una cifra de 2 mil 850 millones de dólares en el presupuesto de 2026, suma que es aproximadamente un 45 por ciento superior a la estimada en los informes financieros que sustentaron inicialmente esta política pública.
Pero la política de gratuidad ha tenido efectos complejos no solo sobre las cuentas fiscales, sino también en los presupuestos universitarios. A propósito de esta realidad, es que parece existir algún grado de acuerdo sobre la necesidad de suspender su extensión hacia deciles superiores. De hecho, el proyecto de ley enviado por la administración anterior para crear el FES -iniciativa descartada por el gobierno actual- modificaba significativamente los criterios originales para la progresión del beneficio, suspendiendo en la práctica su aplicación. Por tanto, cabría esperar que esta idea genere un grado importante de acuerdo.
Menos reflexión ha existido sobre la otra modificación que se ha planteado, esto es, restringir en el futuro la edad para acceder al beneficio. Se trata de una práctica que si bien existe en lugares como Estados Unidos o los Países Bajos, dista de ser generalizada. Y en Chile, aunque entre 2015 y 2025 aumentó en un 75 por ciento la matrícula de mayores de 30 años, para alcanzar un total de 281 mil 500 personas, son pocas las que reciben gratuidad: menos del 10 por ciento de ellas, casi 26 mil, serían las beneficiarias.
Pero, además, ese incremento en la matrícula se dio con especial fuerza en los institutos profesionales, mientras que en las universidades fue más modesto. Si se considera que en el anuncio se dijo que quedarían excluidas de la medida las carreras técnicas -aunque debe precisarse a qué se refieren las autoridades con esta última referencia-, el número afectado sería muy pequeño, un poco menos de 9 mil, porque estos son los que actualmente reciben el beneficio, asisten a una universidad y tienen 30 años o más. Es difícil pensar, entonces, que esto vaya a generar grandes ahorros: el monto podría bordear los 30 millones de dólares. Sin embargo, en un país donde el valor promedio de los grados universitarios es tan elevado, bloquear la posibilidad de esos estudios podría ser políticamente costoso.
Ese alto retorno de los estudios superiores en Chile, reportado por la OCDE en su último Panorama Mundial de la Educación, sugiere que las alternativas para repensar la gratuidad podrían ser otras. Por ejemplo, se podría restringirla a solo tres años para el 60 por ciento más vulnerable, empalmando luego este beneficio con un crédito contingente al ingreso por hasta otros tres años. Los ahorros fiscales en este caso sí serían relevantes y no se afectaría el acceso. Sería, además, un sistema más justo que el actual. Ello debería acompañarse con información más precisa respecto de los retornos esperados de los distintos programas, toda vez que se conoce hace tiempo que varios de ellos, a pesar del promedio elevado, no agregan valor a quienes los cursan. Una aproximación de esta naturaleza encontraría, sin duda, resistencia política, pero la ciudadanía ha mostrado desde un inicio matices respecto de la conveniencia de este beneficio en su diseño actual. Existe, entonces, espacio para plantear soluciones alternativas, atendido el costo de oportunidad que esta política significa.