Priorizar madres y jóvenes, apuntar al medio libre y disminuir desconfianza: Cómo debe ser el nuevo sistema de reinserción, según expertos

Una reforma constitucional que se tramitó en apenas tres meses -y solo dos si se considera el receso legislativo de febrero- es una de las tantas evidencias que demuestra el apoyo transversal para separar las labores de custodia y reinserción social de Gendarmería, y de convertir la institución en una fuerza de orden y de seguridad. Así, el proyecto de ley presentado por la administración anterior y al que el Presidente José Antonio Kast le puso urgencia, fue aprobado este martes en el Senado por 42 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
¿Pero qué viene ahora respecto de la ley que traspasará la función de custodia desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública? El ministro de la primera cartera, Fernando Rabat -quien debutó en el Congreso en medio de la aprobación- explicó que "lo que se viene desde un punto de vista formal es que ella sea promulgada por el Presidente de la República y luego publicada en el Diario Oficial".
Tras ello, detalla que "desde entonces vamos a trabajar nosotros en leyes que nos imponen las normas transitorias, la creación de un servicio de reinserción, y, les quiero señalar que previendo una buena votación, ya nos habíamos reunido previamente con la ministra de Seguridad (Trinidad Steinert) y con sus equipos de trabajo para poder, lo antes posible, adecuar el cambio a la realidad".
Desconfianza en personas ligadas a institución que los custodia
Así, para crear aquel órgano de reinserción que seguirá a cargo del Ministerio de Justicia, habrá un año de plazo, a partir de la publicación de la ley. Esa nueva institución es mirada con buenos ojos por diversos expertos en materia carcelaria.
Christian Alveal, exdirector de Gendarmería, apunta a que "es fundamental señalar que esta separación constituye un avance relevante para fortalecer nuestra política criminal, especialmente en el contexto del combate al crimen organizado". Ello, porque esto "permite especializar funciones y enfocar mejor los recursos del Estado".
Asimismo, Ana María Stuven, experta en reinserción social femenina, justifica la separación de funciones en "el estado psicológico en que está una persona privada de libertad" y la desconfianza que "naturalmente" tienen los privados de libertad con las personas vinculadas "a la institución que las custodia". Ello, aunque "no necesariamente sean personas uniformadas", ya que "aunque sean personas civiles", dicha pertenencia a la institución que "te mantiene en prisión", genera de forma inmediata desconfianza. Aquello, merma la posibilidad de un proceso de reinserción exitoso.
"La reinserción no se juega al interior de la cárcel"
En tanto, el exfiscal Luis Toledo, actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián, dice que, según la experiencia comparada, la separación de funciones "es una decisión correcta y alineada con experiencias exitosas como las de Noruega, Canadá y España, donde esta distinción ha permitido profesionalizar la intervención y mejorar los resultados en términos de reincidencia".
Sin embargo, agrega que en los países mencionados "la reinserción no se juega al interior de la cárcel, sino en la capacidad del sistema para sostener el proceso una vez que la persona egresa". Esa observación también la comparte Alveal, quien explica que "la reinserción efectiva se consolida principalmente en el medio libre". Lo anterior porque "al interior de los recintos penitenciarios se pueden generar condiciones e intervenciones", aunque siempre existe el riesgo de conductas instrumentales orientadas a obtener beneficios sin un cambio real".
Por ello, cree que para tener una reinserción efectiva "deben implementarse planes de intervención especializada liderados por profesionales de Gendarmería, mientras que el servicio de reinserción debe asumir el proceso de egreso con al menos seis meses de anticipación, asegurando un acompañamiento efectivo durante el primer año en libertad, con el objetivo de reducir la reincidencia".
En ese marco, según el exjefe de Gendarmería, "es clave avanzar en la georreferenciación de la población penitenciaria". Así, resulta vital que aquellos territorios "con mayor concentración" de retornos "requieren una estrategia reforzada de prevención y coordinación con los gobiernos locales". Y menciona que "los municipios y sus consejos de seguridad cumplen un rol fundamental". Y que "para que esa labor sea efectiva, deben contar con información oportuna y pertinente, línea en la que ya está avanzando la Asociación Chilena de Municipalidades, liderada por su presidente, Gustavo Alessandri".
Prioridades para el sistema
La puesta en marcha supone varios desafíos. Toledo visualiza que "cuando el nuevo servicio comience a operar, la prioridad debe ser una segmentación rigurosa de la población penal". Y remarca que "la evidencia comparada es clara en que no todos los internos requieren lo mismo ni deben recibir la misma intensidad de intervención". "Chile debe concentrar esfuerzos en infractores primerizos, jóvenes en etapas iniciales de carrera delictiva y mujeres, particularmente aquellas con hijos", plantea.
Por su parte, Stuven dice que "la reinserción requiere de un acompañamiento pospenitenciario. La Corporación Abriendo Puertas (de la cual es fundadora) lo ha demostrado". Ello, porque "a las personas que han estado vinculadas con nosotros de forma intrapenitenciaria las acompañamos por seis meses, por un año, porque es muy difícil la reinserción laboral y familiar". Y detalla que "en el caso de las mujeres, que incluso han perdido contacto con sus hijos, o que no han querido mantener contacto con sus hijos para que no las vean en condición de privación de libertad. Entonces, recomponer los vínculos con la familia y recomponer los vínculos laborales son situaciones que requieren de mucho apoyo".
También para Alveal, "la prioridad debe estar en mujeres y jóvenes privados de libertad, grupos donde la intervención temprana puede generar mayores impactos".
Mujeres
Una de las prioridades de la nueva administración se centra en las madres privadas de libertad con hijos en etapa preescolar.