Hay riesgo de racionamiento eléctrico y alzas en los precios

La Contraloría General de la República advirtió que Colombia enfrenta riesgos de racionamiento energético y aumentos en los precios por debilidades en el almacenamiento, el abastecimiento de hidrocarburos y la generación eléctrica. El informe señala una reducción en la autosuficiencia de gas y petróleo, una mayor dependencia de importaciones y retrasos en proyectos estratégicos. También identifica fallas en la planeación energética, brechas en cobertura eléctrica y limitaciones en infraestructura que comprometen la estabilidad del sistema y la capacidad de respuesta ante contingencias. El estudio sectorial ‘Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030’ expone que la producción de gas natural disponible para la venta es menor que la producción total, debido a factores técnicos como consumos propios, reinyecciones y volúmenes que no cumplen especificaciones. En 2024, solo el 67% del gas extraído fue comercializado, lo que obligó al país a recurrir por primera vez a la importación de gas natural licuado para cubrir la demanda interna. La reducción de reservas probadas también incide en el panorama. El informe establece que el horizonte de autosuficiencia se ubica en 5,9 años para el gas y 7,2 años para el petróleo, en un contexto de agotamiento natural de los campos y baja incorporación de nuevos recursos. Esto, según el organismo, limita la capacidad del país para sostener el abastecimiento interno en el mediano plazo. El documento advierte que la falta de adjudicación de proyectos de regasificación, especialmente en la región del Pacífico, y la ausencia de redundancias en el sistema de transporte incrementan el riesgo de desatención de la demanda desde 2026. Las regiones del interior aparecen entre las más expuestas, lo que ha llevado a plantear alternativas como la importación por Buenaventura y opciones adicionales en La Guajira y Coveñas. En el caso del Gas Licuado de Petróleo, el análisis destaca su importancia en zonas rurales y dispersas, donde funciona como sustituto de la leña. Sin embargo, la limitada capacidad de almacenamiento y las restricciones logísticas afectan la continuidad y calidad del suministro, especialmente en áreas alejadas de los centros de producción y refinación. El informe también señala que la demanda interna de gasolina depende en un 40% de importaciones, lo que refleja un cambio estructural en el abastecimiento. En ese contexto, se menciona que la eliminación de subsidios se convierte en un factor relevante debido a que el país ya no produce la totalidad de lo que consume. En el caso del ACPM, aunque las importaciones son menores, la ausencia de nuevos proyectos de refinación indica que esa dependencia aumentará con el tiempo. Fallas en planeación

e infraestructura La Contraloría General de la República identificó desarticulación entre las metas de expansión de cobertura y las garantías de abastecimiento. El informe señala que, mientras se plantean objetivos para aumentar el número de usuarios, no se asegura el volumen de gas necesario para atenderlos, lo que puede generar presiones sobre el sistema y afectar la estabilidad de precios. El documento también hace referencia a cuellos de botella regulatorios, retrasos en proyectos estratégicos y debilidades institucionales que han impedido materializar inversiones. Estas condiciones afectan la seguridad energética y la estabilidad tarifaria, además de comprometer la protección de los recursos públicos. En este contexto, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró el llamado al Gobierno para adoptar medidas oportunas que eviten escenarios de racionamiento. El informe recuerda que en octubre de 2025 ya se había advertido al Ministerio de Minas y Energía sobre la disminución de la oferta nacional de energéticos y los retrasos en proyectos clave. La coyuntura internacional también incide en el análisis. El estudio menciona que el conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Medio Oriente han incrementado la volatilidad de los mercados energéticos y la competencia global por hidrocarburos. Este escenario, según el organismo, refuerza la necesidad de que Colombia reduzca su dependencia de importaciones y fortalezca su soberanía energética. El documento plantea la necesidad de avanzar en la reactivación de actividades exploratorias, el desarrollo de infraestructura de importación y regasificación y la implementación de almacenamientos estratégicos de combustibles. Aunque estos últimos se encuentran en proceso de definición y reglamentación, su construcción aún no se ha concretado, lo que mantiene la vulnerabilidad del sistema ante eventos imprevistos. En el sector eléctrico, el informe identifica avances en cobertura, pero señala que persisten brechas significativas. Más de 1,3 millones de viviendas no cuentan con servicio de energía, y cerrar esa brecha requeriría inversiones superiores a $32 billones. Además, existen desigualdades territoriales en la calidad del servicio, reflejadas en interrupciones y fallas en la continuidad.