La Nación, Costa Rica
20 de marzo de 2026
Tras concretarse su traslado a territorio de Estados Unidos, los términos de la futura comparecencia de Celso Gamboa ante la justicia de ese país cobran relevancia.
Tras concretarse su traslado a territorio de Estados Unidos, los términos de la futura comparecencia de Celso Gamboa ante la justicia de ese país cobran relevancia.
El compromiso del exmagistrado se centra en una colaboración estratégica con las autoridades a cambio de beneficios procesales.
Celso Gamboa no emitió una promesa pública de carácter personal o vinculante de forma genérica. Su compromiso, manifestado en declaraciones públicas mientras aguardaba el proceso de extradición, consiste en proporcionar información técnica y colaborar con las autoridades de los Estados Unidos en investigaciones sobre redes vinculadas al narcotráfico.
El punto más crítico de este ofrecimiento radica en la identificación de estructuras delictivas infiltradas, no solo en sectores generales, sino específicamente en posibles figuras del Poder Ejecutivo costarricense.
Esta entrega de información se interpreta como el primer paso hacia un acuerdo potencial de cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Bajo la figura jurídica de cooperating defendant (acusado colaborador), la estrategia de Gamboa busca alinearse con las políticas de justicia de EE. UU., que incentivan la reducción de penas a cambio de "asistencia sustancial" en casos de criminalidad organizada.
En esencia, el trato se resume en una permuta de información por beneficios: Gamboa promete delatar el funcionamiento de las estructuras de narcotráfico y su penetración política a cambio de una mejora en su situación legal.
Para facilitar este proceso y cumplir con los requerimientos del derecho internacional y costarricense, el Gobierno de los Estados Unidos emitió una serie de garantías por escrito que sirvieron como marco para la extradición:
Con la extradición ya ejecutada, el escenario queda dispuesto para que el exfuncionario inicie formalmente su proceso de declaración, el cual podría tener repercusiones directas en la política interna de Costa Rica debido a la naturaleza de la información prometida.