Hay división entre los gremios por arancel del 35% al acero

La Cámara Colombiana de Productores de Acero y la Cámara Fedemetal de la Andi recibieron positivamente el decreto 0264, que establece un arancel del 35% a importaciones de productos del sector siderúrgico y metalmecánico, medida temporal por un año que cobija 14 subpartidas. En la etapa de comentarios al proyecto se remitieron 105 cartas de apoyo de 12 departamentos y Bogotá por 63 entidades. Según el gremio, la cadena productiva representa a 50.000 familias que derivan sus ingresos de la industria. De acuerdo con las organizaciones, el arancel busca equilibrar las condiciones de competencia frente a distorsiones del mercado internacional del acero. La solicitud había sido presentada ante el Gobierno Nacional meses atrás, en el marco de preocupaciones del sector por prácticas de comercio que afectan la producción local. En un pronunciamiento, la Andi indicó que la decisión se alinea con principios de libre competencia, en tanto corrige distorsiones introducidas por agentes que han aprovechado el mercado colombiano para comercializar excedentes de inventario. La organización señaló que estas prácticas han incidido en el comportamiento de las importaciones en los últimos años. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, afirmó que la expedición del decreto constituye un apoyo frente a prácticas de dumping y desviación de comercio. "Es una buena noticia que se haya emitido este decreto sin duda alguna, un apoyo fundamental contra las prácticas de dumping y desviación de comercio. Es justo reconocer cuando se toman medidas en favor de la industria, y esta es una de ellas", señaló. El gremio citó información de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según la cual el acero es el bien sobre el que más medidas de defensa comercial se aplican a nivel global. La Andi explicó que este tipo de decisiones responde a factores como la sobrecapacidad mundial, la existencia de subsidios externos y prácticas de competencia desleal. La medida adoptada se inscribe en una tendencia internacional documentada por distintos organismos. Según cifras de Alacero, entre 2010 y 2023 se han aplicado en el mundo 737 medidas de defensa comercial sobre productos siderúrgicos y metalmecánicos. De ese total, 618 corresponden a medidas antidumping, 85 a compensatorias y 34 a salvaguardias. Las organizaciones del sector indicaron que estas cifras evidencian el uso de instrumentos de defensa comercial en diferentes mercados cuando se identifican distorsiones. En el caso colombiano, el arancel se aplicará de manera temporal mientras se monitorea el comportamiento del comercio en las subpartidas incluidas en el decreto. La Andi señaló que la industria siderúrgica continuará operando bajo estándares de calidad para abastecer a sectores como la construcción y la industria, con los que mantiene relaciones de hace décadas. Indicó que se mantendrán los encadenamientos productivos y dinámicas de abastecimiento en el mercado local durante la vigencia de la medida. Camacol rechaza la medida y demandará La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) anunció que demandará el decreto, una medida que su presidente, Guillermo Herrera, considera no solo técnicamente injustificada sino abiertamente contradictoria con los objetivos de política de vivienda. La noticia llega luego de 33 meses de caída en las iniciaciones de obra y un sector que opera en sus niveles más bajos desde 2012. "Por un lado dice que quiere desindexar los precios de la vivienda por el alza del salario mínimo, pero por el otro sigue encareciendo los costos de producción", dijo Herrera. El Gobierno busca reducir los topes de precio de la VIS para hacerla más accesible, pero encarece los insumos con los que se construye. Los nuevos aranceles se suman a decisiones anteriores y al impacto acumulado del alza salarial, llevando los costos totales de producción de vivienda a un incremento de entre el 16% y el 20%, con un efecto directo sobre los segmentos más vulnerables del mercado. "No encontramos que haya un soporte técnico que dé claridad sobre estas decisiones y también creemos que deja muchas dudas sobre la legalidad y los propósitos que deben tener las medidas arancelarias", explicó Herrera. Para el gremio, los aranceles solo se justifican ante dumping comprobado. En otras palabras, cuando un país exporta productos a precios artificialmente bajos para desplazar la producción local, condición que el decreto vigente no acredita con suficiente claridad. "Lo hemos advertido, pero desafortunadamente el Gobierno siempre hace de oídos sordos y no presta atención a muchos de los reclamos técnicos con soporte técnico", aseguró el gremio.