Bienvenida la CPI

A partir del próximo 1.º de mayo se inaugura en Colombia una oficina de representación de la Corte Penal Internacional (CPI). Algo impensable después de que se dijo que la JEP era un modelo de justicia transicional y luego de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, decidió quitarle la lupa a Colombia, luego de 17 años de "examen preliminar", por falta de progresos frente a los crímenes de guerra. Entonces dijo la JEP que la decisión de la CPI obedecía a sus "avances" en la lucha contra la impunidad y representaba un sello de la más alta calidad, sobre el esfuerzo y los resultados de la JEP". Lo cierto es que algo no debe ir tan bien para que la Corte Penal Internacional ponga sus ojos en Colombia, así se diga que todo es con un ánimo estricto de mera "cooperación", sabiendo que la competencia de la justicia internacional es de carácter residual y nada tiene que hacer respecto de Colombia, a menos que vislumbre que se vino la impunidad del conflicto armado. La realidad es que, en la actualidad, son muchos los desafíos que tiene la jurisdicción engendrada en La Habana. La primera gran dificultad consiste en que pronto vencerá el término para concluir la fase investigativa de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la confrontación civil que se quiso cerrar con el acuerdo de paz. En efecto, la Constitución establece que la JEP solamente tiene 10 años, improrrogables, para acusar tales delitos, desde su entrada en funcionamiento. Es decir, le quedan menos de 2 años para concluir las investigaciones, y de los once macrocasos que abrió tardíamente, solamente ha hecho 4 imputaciones parciales en 2 de ellos, aparte de que nada relevante se ha avanzado respecto de los 540 terceros que se sometieron voluntariamente a su jurisdicción. Adicionalmente, parecen estar durmiendo el sueño de los justos varios de los estudios contenidos en los 17 informes que personalmente le entregué como fiscal general a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, relativos a 223.000 casos con 280.000 indiciados y 197.000 víctimas involucradas, entre ellos los de los vínculos entre las Farc y agentes del Estado y los mecanismos de financiación de las Farc. De allí que, en buena hora, la actual fiscal Camargo haya tenido que llamar la atención de la JEP para evitar el cierre judicial incompleto del conflicto armado. Si se vencen los diez años, la Corte Penal Internacional asumirá el caso colombiano, para que no haya impunidad. Sería un fracaso de nuestra justicia, de proporciones mayúsculas. Lo más sensato es que el próximo gobierno, lejos de contribuir al caos, con la abolición de la JEP, promueva un acuerdo político para prorrogar el período investigativo de la jurisdicción especial y aproveche para introducir las enmiendas y los apoyos que se requieren para que no hagamos el oso y reine la justicia objetiva. No puede ser que a los agentes del Estado se les impongan las penas más altas, mientras los comandantes de la guerrilla logran las penas más bajas posibles y, de otro lado, por ejemplo, al mando se le achacan cargos por desplazamiento forzado, cuando cumplió el encargo constitucional de retomar el Caguán, luego del fracaso de las conversaciones que allí se efectuaron. De tal manera que las diferencias constructivas entre Paloma y Oviedo hay que ponerlas sobre la mesa y buscar una solución que, además, contribuya a despejar las dudas sobre la imparcialidad de la JEP. Si llegase a ganar Cepeda, la situación sería más compleja. No solo por su carga ideológica, sino por el conflicto de intereses que surge del hecho de que su señora, aún hoy, sigue allí de asesora de la Unidad de Investigación y, como tal, es corresponsable de lo que está pasando. Bienvenida la CPI, para que las víctimas y la justicia sean efectivamente el centro de todo este andamiaje. Taponazo. El registrador Penagos ganó el debate sobre la integridad del sistema electoral colombiano.
¿Fracasó la JEP?
Néstor Humberto Martínez Neira
La CPI llega cuando vence el plazo para investigar los crímenes del conflicto. El próximo gobierno debe promover un acuerdo para prorrogar el período investigativo de la JEP o habrá impunidad.