La Nación, Costa Rica
24 de marzo de 2026
Dos diputados fueron notificados este lunes; otro más rechazó la notificación
El Tribunal de Ética del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) abrió un proceso contra cinco diputados por haber evitado que al presidente de la República, Rodrigo Chaves, se le levantara la inmunidad para enfrentar dos procesos, uno judicial y otro administrativo, el año pasado.
Se trata de Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo y Melina Ajoy, quienes aún son parte de la fracción parlamentaria de la Unidad, así como Leslye Bojorges, quien se declaró independiente a finales de enero, al anunciar su apoyo al chavismo y su entonces candidata, Laura Fernández.
Alvarado confirmó que fue notificado "en pasillos" de la Asamblea Legislativa, este lunes, y aseguró que ya está en consulta con sus abogados para defenderse en ese proceso, en el que tiene 20 días para presentar sus argumentos.
"En el caso mío, yo puedo confirmar que fui notificado. Lo estoy analizando con mis abogados y presentaré lo que tenga que presentar ante el tribunal", dijo.
Alvarado alegó que él tiene muy claros los principios ideológicos socialcristianos, porque enfatizó que fue formado durante muchos años, por lo que reclamó que la investigación "no tiene ninguna relación con esos principios".
El diputado dijo que se le está cuestionando una decisión que, enfatizó, tomó "a conciencia" y, como legislador, "facultado para tomar esa decisión", la de votar dos veces en contra del desafuero del presidente.
"Yo puedo decirles algo. La decisión que yo tomé para no levantarle la inmunidad al presidente la tomé yo, junto con mis asesores. No tuve que ver absolutamente nada con María Marta, ni con Melina, ni con Leslye ni tampoco con Carlos", dijo.
En setiembre del año pasado, los cinco congresistas votaron en contra del desafuero de Chaves para afrontar un proceso judicial por el presunto delito de concusión por el Caso BCIE-Cariñitos, en el que la Fiscalía General lo acusó por presionar al contratista Christian Bulgarelli para que le entregara $32.000 a Federico Cruz, Choreco, quien era asesor presidencial en el primer año de gobierno.
El pago era, supuestamente, una condición para recibir un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
En diciembre, los cinco socialcristianos salvaron nuevamente a Chaves del desafuero, frente al proceso por beligerancia política que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el mandatario, por declaraciones que presuntamente atentaron contra la imparcialidad política a la que está obligado el mandatario, por norma constitucional.
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