El candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, busca llegar a la presidencia con una lista de seis carpetas fiscales en curso. Además de su proceso por el delito de rebelión ?que se dio tras el golpe de Estado del 2022? el actual congresista izquierdista tiene pendientes casos de corrupción en Huaura que se iniciaron cuando ya ejercía el cargo de parlamentario.
Uno de los casos más relevantes data del 2020 e incluye presuntos delitos de concusión, colusión con perjuicio al Estado, cohecho pasivo impropio y peculado. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Otra investigación en curso lo alcanza por presunto peculado en la modalidad de apropiación o uso indebido de recursos destinados a asistencia social. El caso fue registrado el 27 de abril del 2022. Actualmente la carpeta se encuentra en etapa de investigación preliminar en Huaura.
Pero los problemas de Sánchez con la justicia no empezaron durante el gobierno de Perú Libre. En Lima, Sánchez ya arrastraba una denuncia pendiente del 2020 por fraude en la administración de personas jurídicas, registrada ante la Séptima Fiscalía Provincial Penal. En esta carpeta, Sánchez fue acusado junto a su hermano, William Sánchez Palomino, por desviar fondos del partido.
Sin embargo, el proceso judicial más avanzado y peligroso para su libertad es la acusación por el delito de rebelión, que se encuentra en etapa preparatoria formalizada por la Segunda Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
?Nexos familiares y políticos?
William Sánchez Palomino, hermano del candidato y quien postula al Senado por Juntos por el Perú, obtuvo tres órdenes de servicio con la Municipalidad de Chancay (2023) y la Municipalidad de Aucallama (2025), entidades con las que precisamente Roberto Sánchez realizaba actividades congresales y sostenía frecuentes ?diálogos técnicos? con las autoridades. Las órdenes del hermano fueron emitidas por el concepto de ?profesor de guitarra? e iban por montos desde los S/1.500 a S/3.000.
Pero no es el único caso. La sobrina de Roberto Sánchez, Mercedes Haga, obtuvo dos órdenes de servicio en el Conadis en el 2025 ?por S/10.000 y S/15.000?, mientras el congresista impulsaba leyes y aumentos presupuestales para esa misma entidad desde la Comisión de Inclusión Social.
Su esposa también se ha visto beneficiada por las normas aprobadas en el Congreso. Sánchez fue uno de los mayores promotores de la ley 32568 para que los trabajadores CAS del Ministerio de Salud pasen al régimen 728, pero no transparentó que esta medida impactaba directamente en su esposa, Claudia Pinazzo Vallejos, quien es técnico administrativa CAS de Recursos Humanos del Minsa. Con la votación favorable de Sánchez, la norma fue aprobada y publicada hace cinco días.
Por otro lado, las dos mujeres que integran su plancha presidencial han sido cuestionadas. Analí Márquez, candidata a la primera vicepresidencia, fue sancionada por la ONPE al no transparentar sus aportes de campaña en el 2020. Mientras que Brígida Curo, postulante a la segunda vicepresidencia, fue imputada ante la fiscalía de Puno por disturbios y violencia. <FFFC>
El Comercio, Perú
30 de marzo de 2026
