Sin confianza en el territorio, se pierde futuro sostenible

En Colombia, el futuro de la minería ya no se define únicamente en los títulos, las reservas o los precios internacionales. Se juega, cada vez más, en el terreno de la confianza. Allí donde históricamente han existido tensiones entre empresas, Estado y comunidades, hoy el desafío es otro: construir relaciones legítimas basadas en participación real y diálogo permanente. La discusión no es menor. Durante décadas, los conflictos socioambientales han evidenciado que la ausencia de reglas claras y de inclusión efectiva puede fracturar cualquier proyecto, sin importar su viabilidad técnica o económica. El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo plantea como un problema estructural. "Lo que estamos enfrentando es la necesidad de transformar el modelo minero. El actual esquema ha discriminado a los pequeños mineros y no permite su participación efectiva. Eso genera una brecha que afecta la confianza". Esa brecha, explica, no es solo económica, sino también social y política. La falta de integración entre pequeña, mediana y gran minería ha impedido construir un modelo más equilibrado, donde los beneficios y las decisiones se distribuyan de manera más amplia. "Se necesitan encadenamientos productivos donde todos los actores puedan trabajar conjuntamente para un aprovechamiento armónico y responsable", señala. A este diagnóstico se suma otra advertencia clave: la ausencia de reglas claras en la relación con las comunidades. Para el también exministro Amylkar Acosta Medina, ningún proyecto extractivo puede sostenerse sin lo que denomina "licencia social para operar". "Debe entenderse como el consentimiento informado de las comunidades. Así como existe una licencia ambiental, también debe existir un plan de gestión social", afirma. El problema, agrega, es que el país aún no ha resuelto del todo los mecanismos para garantizar esa participación. La falta de reglamentación sobre consultas previas y populares sigue siendo, en sus palabras, "una fuente de conflictos y controversias" que deteriora la relación entre empresas y territorios. El poder del diálogo En este contexto, algunas experiencias empresariales intentan cerrar esa brecha apostándole a un modelo distinto, que esté menos centrado en la operación y más en el territorio. Es el caso de la empresa minera Drummond Ltd. En 2024, la compañía ejecutó más de 135.000 millones de pesos en inversión social, alcanzando a más de 440.000 personas en su área de influencia en Cesar y Magdalena. Pero, más allá de las cifras, su apuesta está en el cómo. Alfredo Araujo, vicepresidente de Gobierno y Comunidades, asegura que la clave ha sido construir desde antes de la operación. "El territorio se ha trabajado a través de estudios realizados con las comunidades y las autoridades locales. Incluso antes de empezar la explotación, iniciamos procesos de inversión social a través de una fundación". Ese enfoque temprano, según explica, ha permitido consolidar relaciones más estables. La empresa no solo trabaja con comunidades, sino también con alcaldes, concejales y organizaciones locales, en un intento por articularse con las dinámicas institucionales del territorio. "Nuestro propósito no es reemplazar al Estado, sino complementar y cubrir algunas deficiencias", señala Araujo. Participación que trasciende la inversión El modelo de la compañía se estructura en educación, diversificación económica, fortalecimiento institucional y bienestar social. Entre los resultados reportados hay miles de beneficiarios en programas educativos, apoyo a emprendimientos locales y proyectos de vivienda. Sin embargo, el elemento diferenciador está en la participación. La empresa afirma que las comunidades intervienen en diagnósticos, priorización de proyectos y seguimiento de resultados. Incluso, en algunos casos, en la construcción de planes de desarrollo municipales junto con autoridades locales y universidades. Un reto país Aun así, los especialistas advierten que los esfuerzos individuales no son suficientes. Sin cambios estructurales en la política minera y en los mecanismos de participación, los avances seguirán siendo fragmentados. El desafío, en palabras de Camacho, es rediseñar el modelo para hacerlo más incluyente. Y, como plantea Acosta, establecer reglas claras que permitan que la licencia social no sea un concepto abstracto, sino una práctica verificable. Algunas iniciativas institucionales han mostrado que es posible avanzar. Estrategias de gestión territorial en el sector de hidrocarburos, por ejemplo, han permitido tramitar conflictos sin mayores crisis cuando existen canales claros de diálogo. Pero el reto de fondo persiste. Se debe pasar de relaciones marcadas por la desconfianza a vínculos sostenidos en la corresponsabilidad.