Oposición sin garantías

Víctor Muñoz
En una democracia, el problema no es que el Estado tenga organismos de inteligencia. El problema empieza cuando la inteligencia deja de servir a la seguridad nacional y se acerca peligrosamente al terreno de la disputa política. Ahí la pregunta ya no es solo jurídica. Es una pregunta democrática: ¿puede la oposición competir libremente si desde el poder se alude a "informes de inteligencia" sobre sus conversaciones? La respuesta debe partir de una distinción básica. En Colombia, la inteligencia y la contrainteligencia están reguladas por la Ley 1621 de 2013. Esa ley permite actividades de inteligencia, pero bajo límites estrictos: legalidad, necesidad, idoneidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Además, prohíbe que esa función se use por razones de opinión política o para afectar los derechos de la oposición. No es una norma decorativa. Es una barrera de contención frente al abuso del poder. Hay otra línea aún más clara: la Constitución. El artículo 15 protege la intimidad y establece que las comunicaciones privadas solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial. Esa es la frontera que no se puede cruzar. Por eso, si la información mencionada en el debate público provino de llamadas, mensajes o conversaciones privadas obtenidas sin autorización judicial, el asunto deja de ser una controversia política para convertirse en una posible violación constitucional y, eventualmente, en un hecho penalmente relevante. Pero incluso si no hubiera una interceptación ilegal probada, el solo uso político de información de inteligencia ya sería profundamente grave. Porque la democracia no se daña únicamente cuando se viola la ley penal. También se erosiona cuando el poder estatal altera la igualdad de la contienda, intimida a la oposición o borra la línea entre Estado y gobierno. La Ley 1909 de 2018 protege especialmente el derecho de oposición, y la Ley 996 de 2005 fue concebida para asegurar que la competencia electoral se desarrolle en condiciones igualitarias y transparentes. En este contexto, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia deben asumir su responsabilidad institucional y establecer, con claridad, si hubo uso indebido de inteligencia estatal, interceptaciones ilegales o una posible afectación a las garantías democráticas. Lo que está en juego no es solo la legalidad de una actuación, sino la confianza de los ciudadanos en que el poder no será usado para vigilar, presionar o desequilibrar una contienda electoral. La democracia no muere de un solo golpe. Se debilita cuando el miedo reemplaza las garantías, cuando la reserva sustituye la rendición de cuentas y cuando la inteligencia deja de proteger al Estado para empezar a rozar la política. Por eso hoy la pregunta no es retórica. Es urgente: Presidente, ¿sí tenemos garantías?
Emprendedor, investigador, analista.