Nuevo código laboral: Empresas, con menos márgenes de defensa

Desde ayer entró en vigencia el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, una movida que introducirá cambios que reduciría el margen de defensa de las empresas en los procesos judiciales, al ampliar las facultades de los jueces y reforzar la protección de los trabajadores, según advierten expertos del sector legal; quienes pusieron sobre la mesa que esto marca un giro en la justicia laboral y obliga a las compañías a replantear su estrategia jurídica. El nuevo marco normativo, considerado una de las transformaciones más profundas en décadas, redefine la manera en que se gestionan los conflictos laborales, dado que la reforma adopta un enfoque garantista que fortalece la protección de los derechos de trabajadores, sindicatos y afiliados al sistema de seguridad social, al tiempo que eleva el rol del juez como director activo del proceso. Uno de los cambios más relevantes es que varias facultades que antes eran discrecionales pasan a ser obligatorias para el juez. Entre ellas se encuentran la inmediación, la redistribución de la carga de la prueba y la posibilidad de decretar pruebas de oficio. Este ajuste eleva las exigencias para las empresas, que deberán responder con mayor rigor técnico y probatorio en cada etapa del proceso. Además, el nuevo Código introduce la posibilidad de que los jueces adopten decisiones más amplias dentro de los procesos y que decidan más allá de lo solicitado por las partes y ordenen medidas no previstas, modifica el alcance de los fallos y amplía el margen de intervención judicial, que sube la incertidumbre para los empleadores frente a los resultados de los litigios. De acuerdo con Gustavo Gnecco, socio de la firma Godoy, "el nuevo Código trae un cambio estructural en la forma en que se gestionan los juicios laborales". Según explicó, muchas de las facultades del juez ahora se convierten en obligaciones, lo que exige a las empresas una administración "mucho más diligente, rigurosa y técnica de sus procesos". El impacto también se refleja en los tiempos procesales. La reducción en los plazos obliga a las organizaciones a reaccionar con mayor rapidez y a contar con sistemas eficientes para la recolección y presentación de pruebas. En este entorno, la capacidad de respuesta oportuna se convierte en un factor determinante en la defensa jurídica. Otro cambio que introduce la posibilidad de invertir la carga de la prueba, lo que en la práctica puede exigir a las empresas demostrar que actuaron conforme a la ley. Este elemento incrementa la presión sobre la gestión documental y los procesos internos, al requerir evidencia sólida que respalde las decisiones laborales adoptadas por las compañías. La reforma también incorpora una nueva visión de justicia que orienta las decisiones hacia dimensiones retributivas, compensatorias, restaurativas y terapéuticas. Este enfoque podría derivar en fallos con alcances distintos a los tradicionales, ampliando el espectro de decisiones judiciales y generando nuevos escenarios de riesgo para las empresas. En este contexto, el sector legal advierte que el nuevo Código podría aumentar la litigiosidad en el país. "Este nuevo marco normativo puede aumentar la litigiosidad y elevar sustancialmente las responsabilidades probatorias de las empresas", señaló Jennifer Molina, gerente de Litigios de Godoy, quien subrayó la necesidad de anticiparse a posibles reclamaciones. Frente a este panorama, las empresas deberán ajustar sus mecanismos internos para atender nuevos procesos especiales, incluidos aquellos relacionados con reintegros por fuero y protección de derechos sindicales. La exigencia de aportar información incluso bajo esquemas de carga probatoria invertida refuerza la necesidad de contar con estructuras organizadas y eficientes. La magnitud del cambio también implica un giro en la estrategia jurídica empresarial, puesto que el énfasis se desplaza hacia un modelo de litigio preventivo, en el que las compañías deben anticipar riesgos, organizar sus pruebas con antelación y prever posibles contingencias económicas.