Un problema cada vez más grave

El problema de la cantidad de gente que vive en la calle, ha dejado ya de ser una incomodidad para el ciudadano de a pie, para convertirse en un serio dilema político para el gobierno.

Es que en todo el país, pero muy especialmente en la zona metropolitana, este problema está tomando una magnitud que hace imposible mirar para otro lado. Ya no se trata de un problema de marginalidad social, o de un nicho de ciudadanos que no se adaptan a las reglas sociales, y requieren ayuda, en especial cuando se vienen los fríos rigurosos del invierno.

Ahora el problema ha escalado a un drama de convivencia. Y a un crecimiento en los episodios de violencia en la calle, que están tironeando las ya vencidas costuras de nuestro contrato social.

Un artículo publicado en la edición dominical de El País muestra que los analistas de opinión pública ya están ubicando a este tema, entre los dos o tres que concentran la preocupación de los uruguayos. Y que el gobierno percibe que es una de las cuestiones que le están dañando su vínculo con la sociedad.

Es que tener una población de 3 o 4 mil personas, la abrumadora mayoría de ellas con antecedentes penitenciarios, consumo problemático de drogas, y graves cuadros de desequilibrio mental, es una fórmula para el desastre. Son códigos de convivencia incompatibles con los del otro millón y medio de ciudadanos, que se esfuerzan por tener una vida productiva y sustentable.

En el fondo, la solución del tema es muy simple. Hay que atacar, por supuesto, las causas profundas que alimentan el fenómeno. Que van desde la educación, al sistema carcelario, pasando por los temas de salud mental e integración social. Es claro que los millones que destina el contribuyente a esas áreas no están siendo bien usados, cuando vemos las cosas que vemos hoy en las calles.

Pero mientras nuestro sistema político logra ponerse de acuerdo con esas reformas profundas, algo hay que hacer con el problema actual. Y la solución no puede pasar por que cada invierno, nos inventemos que quienes viven en la calle son enfermos mentales, y los llevemos forzadamente a un refugio.

La realidad es que una sociedad organizada tiene ciertas reglas que se deben cumplir. Una es una máxima de solidaridad: si hay gente que no tiene donde dormir, la sociedad debería ofrecerles una alternativa potable. Que no será un hotel 5 estrellas, pero si algo donde puedan dormir y estar en su día. Lugares hay de sobra en la zona metropolitana para destinar a esos fines.

Pero la contracara ineludible de esa solidaridad, es la exigencia de que no se puede vivir en las calles. Ni las veredas, ni las plazas, ni la zona costera, están previstas para que la gente se instale a vivir de forma cotidiana. Y retirarlos de allí no debería configurar un pecado culposo para ningún funcionario público.

No sólo está el tema de la basura permanente en las calles, que esta gente genera en su permanente búsqueda de "requeches". No es apenas el tema del acoso permanente a ciudadano de a pie, en busca de dinero para financiar su consumo de drogas. Ni siquiera el espectáculo indigno de ver todos los días a personas haciendo sus necesidades fisiológicas a vista y paciencia del ciudadano, incluso en casos de menores de edad.

El problema es que se está violando uno de los pilares de la convivencia y del contrato social.

Como ciudadano de un país, el individuo renuncia a su derecho a ejercer la violencia, a la justicia por mano propia, porque lo delega en un estado que ejercerá el monopolio de la violencia institucional de forma reglada, y cuidará a sus individuos.

Cuando la calle se vuelve una selva donde el más fuerte, el más loco, o el más "pesado", puede hostigar día tras día a las personas, y el estado no hace nada para evitarlo, se genera una tensión que de una u otra manera degenerará en violencia.

Hemos visto en los últimos meses un aumento de los robos y rapiñas en las zonas y barrios más afectadas por el fenómeno. También se han filtrado videos, y conocido episodios, en los que gente en situación de calle ha atacado a personas que se negaron a darles dinero. Simplemente porque no hay consecuencias serias frente a tales desbordes. Por suerte, no hemos visto reacciones del otro lado, pero si el estado no interviene, tarde o temprano algo va a ocurrir.

La seguridad de la gente, el derecho a tener una vida en paz, en condiciones de higiene mínimas. A vivir sin ser extorsionado a cada paso, son derechos básicos en una sociedad democrática. En el Uruguay de hoy, todo eso está cuestionado. El estado debe actuar ya.