La vocera de Unión Travesti-Trans, Josefina González, sostuvo que el denunciado responde a intereses político-ideológicos orientados a cuestionar normativas en favor de las minorías y lo vinculó con antecedentes similares en España.
Desde hace algunas semanas, el colectivo
Unión Travesti-Trans tenía identificada a la persona que fue denunciada ante el
Comité de Ética del Banco República (BROU) por haber hecho un uso "abusivo e inmoral" de la ley 19.684, que estableció que el 1% de los puestos de
trabajo a ser cubiertos cada año en las diversas reparticiones del
Estado deben estar destinadas a personas
trans, siempre y cuando cumplan con los requisitos pertinentes.
Para Josefina González, vocera de Unión Travesti-Trans, no hay margen para interpretaciones: el
funcionario denunciado que comenzó a trabajar hace un mes en la
institución financiera incurrió en un "
fraude ético". A su entender, detrás del caso existen "intereses
políticos" (ver recuadro) con el objetivo de cuestionar la
Ley Integral para Personas Trans aprobada en 2018.
"Hay un fraude ético a la ley, un abuso a la normativa que fue escrita para determinada
población que ha sido
vulnerada y
violentada históricamente, y que precisamente por eso no accede al
mercado laboral. Esta persona se aprovechó y se agarró de la norma para adquirir el cambio registral. Pero además hay un trasfondo político e
ideológico", añadió la vocera.
Como
informó El País, el caso generó atención y motivó una
denuncia anónima, ya que la
persona acusada se presentó a un llamado del
BROU en 2025 y, si bien realizó el cambio de género en su partida de
nacimiento en 2022, no modificó su nombre ni su apariencia, que continúa siendo
masculina en redes sociales, donde mantiene varios perfiles distintos.
En el caso de las activistas, ya estaban al tanto de la situación debido a la "
incomodidad" que había provocado entre las
personas trans que participaron de las distintas etapas del concurso para ingresar a trabajar en la
banca pública (entraron ocho, incluida la persona denunciada).
Sobre lo concreto del funcionario que ya ingresó al BROU, la activista y
licenciada en comunicación indicó: "Es evidente que esta persona no está habitando una
identidad de género travesti-trans. Su
expresión de género es masculina. La ley es clara y esta persona hizo los procedimientos, pasó por la
comisión. Se le otorgó el cambio de sexo registral. Pero fue un error. Lo hizo en 2022, en plena
pandemia. La entrevista fue por videollamada y por lo que se observa estamos frente a una persona que es
hábil declarante. Sorteó ese obstáculo o limitación presentarse ante la comisión y se le otorgó el cambio. No hizo cambio de nombre, en parte porque la ley en eso está
desactualizada".
En esta línea, comentó González, se está actuando para generar "barreras para que personas como esta no se aprovechen de una normativa que fue escrita para población
vulnerable y que sufre violencia por habitar la identidad de género".
"¿Qué pasa? La ley se para desde la
autopercepción. Esta persona se agarró de eso para hacer su cambio de sexo registral y presentarse a ese llamado específico. Por eso estamos trabajando en una
modificación del decreto para tener un protocolo en el que se haga hincapié en el
habitar la identidad de género, que tiene que ver con la autopercepción pero da un paso más. Tiene que haber expresión de género, que es lo que define la ley. No alcanza con que la gente se autoperciba, hay que habitar esa identidad. Es justamente por el hecho de hacerlo que se nos nota públicamente o en cualquier espacio de socialización que sufrimos
violencia transfóbica", comentó.
Al ser contactado por El País, el denunciado se defendió y comentó que decidió vivir su cambio de género de su manera.
"¿Quién tiene la capacidad de decir cómo me identifico? Me parece que es demasiado
heteropatriarcal que tenga que utilizar determinadas formas que se vinculan con un
rol femenino para ser considerado de otro género. Estamos hablando de que, si no me comporto de determinada manera, entonces, no soy. Está completamente en contraposición con lo que se busca. La
vivencia, la sensación y la forma de expresarlo es individual y particular", argumentó.
Por este caso en particular, así como por otros similares con la misma intencionalidad suspendido el trámite, se viene trabajando de forma conjunta con la
Comisión de Cambio de Identidad, presidida por el Ministerio de Educación y Cultura a través del Registro Civil, informó González a El País.
La hipótesis manejada por el colectivo
Luego de semanas de indagatoria, el colectivo maneja un hipótesis cierta sobre los intereses políticos que hay detrás del accionar de la persona acusada.
Según informó González, integró la lista 411 de Cabildo Abierto y también participó en el
Partido de la Gente, donde ocupó el segundo lugar junto a Edgardo Novick. Asimismo, según constató El País, existen registros en redes sociales de comentarios en los que expresa apoyo a declaraciones de
Guido Manini Ríos contra las minorías, en particular en relación con la
autopercepción.
"Sabemos cuál es el posicionamiento político de
Cabildo Abierto y no es ningún secreto su posicionamiento en contra de la diversidad sexual. El objetivo es ir contra la ley trans. En
España hace mucho tiempo sucedió lo mismo. Hay un grupo de 200 varones que se nuclean en una agrupación que se llama '
Trans no normativos'. Son varones de barba, pelados, mayormente (ex)
militares y policías que dicen que se autoperciben mujeres. Solicitan el cambio de
identidad y salen públicamente de manera organizada para ampararse en un discurso
pseudo-feminista (de aupercepción y vivencia), con el mismo tipo de declaraciones que hizo a El País esta persona", señaló González.
Y concluyó: "Hay una movida
internacional de extrema derecha con trasfondo político-ideológico para impugnar por los derechos de la
diversidad y del feminismo, incluso a la ley de
violencia basada en género. Aquí no hay ingenuidad, hay animosidad y es organizada".
El País, Uruguay
10 de abril de 2026
