"Violencia verbal ha experimentado un aumento inusitado": los atentados y amenazas contra la autoridad crecen 20%

"Atentado contra la autoridad". Ese es el delito por el que ingresó una querella la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, para que se investigue penalmente el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Los hechos se desarrollaron el pasado 8 de abril en la Universidad Austral de Chile, instancias en que la secretaria de Estado fue agredida por un grupo de estudiantes.
Según datos estadísticos de la Fiscalía Nacional, durante 2025, se registraron 846 delitos de atentados y amenazas contra la autoridad, lo que representó un incremento de 7,8% respecto de los 785 ingresados en 2024. De momento, en 2026 se han reportado 238 delitos de este tipo. Ante las cifras, Miguel Chaves, abogado penalista, comenta sobre el perfil de los funcionarios que son afectados por este ilícito. "Han sido víctimas de esta violencia representantes del gobierno y de municipios, diputados y senadores". Y cree que "la violencia verbal ha experimentado un aumento inusitado".
"Acometer, embestir"
El exfiscal Vinko Fodich plantea, a su vez, que "el delito de atentados o amenazas contra la autoridad es un delito tipificado en el Código Penal, que castiga a las personas que acometen, embisten a alguna autoridad en el ejercicio de sus funciones, con violencia o intimidación".
Así, agrega, quienes "acometen, embisten a una autoridad mientras está realizando alguna función propia del cargo, como ocurre en el caso de la ministra de Ciencias, deben responder penalmente".
"Teniendo solo como parámetro las imágenes exhibidas por televisión, los hechos, en mi opinión, se encuadran en el número 2 del artículo 261 del Código Penal", dice Chaves.
Y agrega "las penas aplicables están contempladas en el artículo 262 del Código Penal. Eso, sí, la legislación acota la sanción a algunas circunstancias específicas, menciona Chaves. "Si los delincuentes pusieren manos en la autoridad o en las personas que acudieren a su auxilio", puntualiza y, "por lo que se pudo apreciar en las imágenes, algunas personas intentaron aproximarse a la ministra y empujaron a algunas personas que intentaban protegerla, lo que configuraría 'la puesta de manos'". "En tal caso, la pena es de entre 541 y tres años de reclusión", afirma.
Por su parte, Fodich entiende sobre la agresión que "las sanciones que arriesgan son sanciones de presidio menor en su grado medio a máximo, eso significa, penas que parten en los 541 días de presidio, hasta los cinco años de cárcel. Es decir, se trata de penas relevantes y que deberán ser establecidas por el Ministerio Público".
Frente a ello, destaca que "la importancia de que el Gobierno haya presentado una querella, dice relación con que permite que la fiscalía inicie la investigación y también le permite al Gobierno ser parte de esa investigación, de esa causa, y al ser parte le permite pedir diligencias de investigación".
A largo plazo, fiscalía ve "cierta estabilidad"
Por su parte, el Ministerio Público entregó a este medio los ingresos de este tipo de causas durante los primeros trimestres de los últimos tres años. Así, se evidencian 193, 165 y 199 casos respectivamente en los primeros tres meses 2024, 2025 y 2026. Es decir, entre lo que llevamos en 2026 y la misma fecha de 2025, hubo un incremento en torno al 20,6%.
Sin embargo, la directora de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, sostiene que aquello debe ser analizado con una mirada a más largo plazo. "Entre 2024 y 2025 se observa una variación negativa, es decir, un descenso de un 14,5% y luego 2025-2026, una variación positiva". Pero, acota que al analizar "los tres períodos, en realidad la variación que se observa es (...) del orden del 3,1%". También señala que "yo más bien tendría a hablar de cierta estabilidad en los datos".
Sobre la frecuencia del ilícito, dice: "Observamos hay una concentración regional de este delito, particularmente en Valparaíso, en la región de la Araucanía. En el caso de la Región Metropolitana también hay una fuerte concentración de estos delitos".
''Hay una concentración regional de este delito, particularmente, en Valparaíso, en la región de la Araucanía. En el caso de la RM también".  ANA MARÍA MORALES DIRECTORA DE ESTUDIOS DE LA FISCALÍA NACIONAL
''Las sanciones que arriesgan son sanciones de presidio menor en su grado medio a máximo, eso significa, penas que parten en los 541 días de presidio, hasta los cinco años de cárcel". VINKO FODICH EXFISCAL