Como el Titanic

analista sénior
Quienes acabarán recibiendo el

golpe más grande

serán millones

de colombianos que tendrán

que sufragar

de su bolsillo los tratamientos

que requieran o exponerse a la enfermedad o a la muerte. Ese sería el legado más lamentable.
ricardo ávila pinto-especial para el tiempo @ravilapinto
Entre los subgéneros del cine de terror destaca el de los "muertos vivientes", esos cadáveres reanimados que a lo largo de noventa minutos son capaces de acabar con la humanidad. Pero lo que nadie en Hollywood imaginó, cuando hace casi 100 años apareció la primera cinta relacionada, es que la categoría se extendería al mundo de los negocios. Ahora es común oír hablar de empresas zombis, un término que se refiere a firmas que según los criterios contables de siempre deberían estar en quiebra, pero aun así operan. En Colombia seguramente hay múltiples ejemplos que encajan, aunque quizás ninguno más evidente que la Nueva EPS, un actor clave en la salud, con cerca de 11,5 millones de afiliados. La información disponible sobre su verdadera realidad es fragmentaria. Para comenzar, no existen estados financieros aprobados de los tres últimos ejercicios, con lo cual resulta imposible contar con una base sobre la cual tomar decisiones. Ello no impide afirmar que el patrimonio es negativo y que ese saldo rojo suma muchos billones de pesos, suficientes para justificar una causal de disolución. Además, todo indica que hay un gran desorden interno que amenaza la viabilidad del sistema, por las ramificaciones que existen sobre los demás eslabones de la cadena. La principal responsabilidad le corresponde al Ejecutivo, que intervino a la EPS en 2024 y acaba de designar al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como su nuevo interventor. El ingreso de uno nuevo —el quinto en los últimos dos años— no es garantía de nada, frente a las reiteradas acusaciones de desgreño administrativo y corrupción. La madeja está tan enredada que apunta a convertirse en una de las herencias más complicadas que recibirá el gobierno entrante, pues se anticipan movimientos adicionales próximamente. Basta con citar hallazgos que hizo la Contraloría meses atrás, después de una visita. De acuerdo con un comunicado de septiembre pasado, el análisis llevó a "generar una alerta por las presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas". Y no se trata de cifras menores. Con corte a marzo de 2025, las acreencias ascendían a 21,4 billones de pesos, un saldo que tiende a subir en forma permanente. "Esta tendencia refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos, que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios", dijo el ente de control. El tiempo pasa El tortuoso camino era evitable. Creada en 2008 para convertirse en un modelo de cooperación público-privada, la Nueva EPS tuvo como socios a la Nación y a las principales cajas de compensación del país. De hecho, estas últimas aportaron una fracción adicional al 50 por ciento del capital, que logró, a lo largo de década y media, un manejo profesional de la institución y una visión de largo plazo. Entre los propósitos originales estaban atender, además del público en general, grupos de pacientes que requerían tratamientos de alta complejidad y llegar a lugares apartados del territorio nacional con el fin de llenar vacíos y prestar una función con impacto social. En aquellas ocasiones en las cuales el resultado financiero llegó a ser positivo no se distribuyeron utilidades, pues esa nunca fue la idea. "Jamás la vimos como un negocio", explica el director general de Compensar, Carlos Mauricio Vásquez. "Así trabajamos con varios gobiernos que nos reconocieron recursos adicionales para hacer una labor que prácticamente era pública y en la cual nosotros apoyábamos con conocimiento, tecnología y buena gestión, lo cual requería de estabilidad e independencia en el manejo interno", agrega. Aun así, las cosas empezaron a ponerse difíciles en la medida en que el esquema de aseguramiento experimentó problemas crecientes de sostenibilidad. La realidad empeoró con el arranque de la administración Petro, comprometida desde el inicio con otra visión que incluía la creación de una "crisis explícita" mencionada por la entonces ministra y actual senadora electa, Carolina Corcho. También, desde el primer momento, la Nueva EPS estuvo en la mira de la Casa de Nariño, al ser considerada el brazo ejecutor por excelencia del modelo preventivo propuesto por el Pacto Histórico durante la campaña presidencial. El obstáculo era que el control recaía en las cajas de compensación, con lo cual las diferencias no tardaron en aflorar. Para tomarse el poder, el Gobierno hizo una jugada que fue difícil de anticipar: en septiembre de 2023, la Superintendencia del Subsidio Familiar intervino a Comfenalco Antioquia, alegando irregularidades que incluían desvíos de recursos y pérdidas en proyectos relacionados con el ramo de vivienda. Más allá de la polémica ocasionada por la determinación, el efecto práctico es que un delegado gubernamental quedó a cargo de los destinos de la caja, dueña de cerca del 0,8 por ciento del capital de la EPS. Como consecuencia, esta acabaría alineándose con el Ejecutivo en las asambleas de accionistas subsiguientes, lo cual le otorgó el peso suficiente para contar con más de la mitad de los votos. Para aquellos que alcanzaron a protestar, el mensaje desde los círculos oficiales se encaminó a sugerir que podrían venir más intervenciones, lo cual acabó volviéndose un factor de intimidación muy efectivo. Cuando hace dos años la Supersalud intervino la Nueva EPS, las cajas de compensación respaldaron la medida. La gerencia del momento no había incluido en la contabilidad una serie de obligaciones, pero lo que habría podido desembocar en un ejercicio juicioso de depuración acabó en un cambio de control forzado. Desde entonces, la situación ha evolucionado para peor. La falta de idoneidad en los interventores designados, combinada con un esquema de salud insostenible por cuenta del estrangulamiento al que ha sido sometido el modelo de aseguramiento todavía vigente, ha dado lugar a deplorables resultados. Quienes han sufrido las consecuencias del descalabro son los usuarios. La prensa le ha dado amplio despliegue a tragedias como las de Kevin Acosta en Neiva, Jeisson Pinzón en Tunja o Silvio Perafán en Popayán, quienes murieron esperando medicamentos y atención oportunas. En la medición más reciente, las quejas y reclamos habían subido en 107 por ciento frente al año precedente. Parte del problema es que numerosos proveedores han optado por dejar de prestar sus servicios a la Nueva EPS porque no les pagan. Las historias respecto a la exigencia de "comisiones" de hasta el 35 por ciento para que una factura sea cancelada son incontables. Cada interventor, además, desconoce lo hecho por su predecesor, por lo cual la continuidad es inexistente. "El norte de la entidad ha cambiado de manera repetida, con lo cual se ha generado un traumatismo gigante en la prestación de servicios", dice Alejandro Escobar, de Sectorial. No menos inquietantes son las aseveraciones respecto a interventores que han llegado a llenar sus bolsillos. Así aparezcan evidencias de manejos indebidos, las denuncias son inexistentes, tal vez para que el Gobierno no tenga que asumir el costo de sus equivocaciones. Este prefiere poner el retrovisor más atrás, alegando que todas las irregularidades vienen de antes, lo cual se ajusta al discurso de que a la salud se la robaron. Lo que viene Y lejos de corregir el rumbo, la administración Petro parece decidida a redoblar la apuesta. A pesar de que la intervención concluyó el pasado 2 de abril, la designación de Ospina al frente de la Nueva EPS sugiere que será prorrogada, aunque estrictamente todavía hay otras opciones sobre la mesa como devolverles la entidad a sus dueños u ordenar su liquidación. Respecto a la posibilidad de recibir la sociedad, el director de Compensar dice que para hacerlo "solo sería posible si el bien se restituye en las mismas condiciones en que se entregó, como le sucede a quien arrienda un apartamento". Pero eso resulta imposible, entre otras, "porque la recuperación de la información financiera y contable es imposible". Nadie sabe la verdadera situación. Por ejemplo, en su momento se contrataron dos firmas para hacer la auditoría financiera de las cuentas, un ejercicio que dio resultados dispares. Mientras unos expertos determinaron una sobreestimación de 3,3 billones de pesos en las reservas técnicas reportadas en el balance preliminar de 2023, otros identificaron una subestimación de 2,7 billones. La Contraloría halló más de 9 millones de facturas repetidas por 8,9 billones de pesos cuando hizo su examen. Sin embargo, el Ministerio de Salud insiste en que la Nueva EPS abarque cada vez más espacio dentro del sector. Así lo muestra el llamado decreto de territorialidad —hoy suspendido por la justicia— que buscaba asignarle de manera inmediata cerca de 2,5 millones de usuarios adicionales. Además, el Gobierno ha sido claro en que quiere quedarse con todas las acciones de los demás. Incluso, se firmó un acuerdo con las cajas que preveía la transferencia de un porcentaje significativo a un valor simbólico. Pero a pesar de lo acordado respecto a un tratamiento equitativo para todos los cedentes, Comfenalco Antioquia se adelantó e hizo la entrega de su parte, con lo cual el ambiente de diálogo se rompió. Según se afirma, la intención gubernamental es hacer una capitalización de la Nueva EPS a cargo del presupuesto nacional, la cual le daría un alivio, aunque limitado, a su crisis financiera. Al mismo tiempo, esto le permitiría avanzar en la senda de concentración de usuarios en un asegurador único. En ese contexto, se optaría por la liquidación de las otras siete EPS intervenidas, lo que implicaría el traslado del grueso de su población hacia la más grande. Pero eso puede no gustarles a muchos. "Hay que considerar el riesgo sistémico que genera la disfuncionalidad actual, pues entre junio de 2025 y febrero de 2026 la Nueva EPS ha perdido 248.000 afiliados que han preferido irse a otro sitio", advierte Ana María Vesga, presidente de Acemi. Agrega que "salta a la vista una tensión evidente, ya que la expansión proyectada ocurre en paralelo con señales de salida por deterioro en el servicio". Para colmo de males, "en un sistema en crisis, con una prima insuficiente, el aumento de afiliados, lejos de fortalecer a las aseguradoras, incrementa su siniestralidad". De imponerse la tesis de concentrar a más del 40 por ciento de los usuarios del sistema bajo un solo paraguas, se daría una nacionalización creciente del servicio de salud por la puerta de atrás. Aun si el Congreso vuelve a negar una reforma que será presentada de nuevo el próximo 20 de julio, contar con un jugador cuyo tamaño supere con creces a los demás y que atienda las instrucciones gubernamentales transformaría el mapa por completo. No obstante, lo planteado comprende otros obstáculos. Para comenzar, las finanzas públicas se encuentran en una posición muy precaria, por decir lo menos, por lo cual no existe la caja para tapar los agujeros abiertos. Aparte de lo anterior, aparece la dificultad de justificar una inyección billonaria de recursos con el riesgo de perderlos. Cualquier funcionario que tenga que estampar su firma en un documento lo pensará varias veces antes de exponer a la Nación a un fracaso adicional por el cual tendría que responder con su patrimonio. Así las cosas, y teniendo en cuenta que a la actual administración no le queda mucho tiempo, surge la probabilidad de que se acabe pateando las dificultades hacia adelante. El lío es que eso aumenta el tamaño de la bola de nieve y la factibilidad de que se derrumbe todo, en caso de que más proveedores de servicios y medicamentos se nieguen a trabajar con la que no les paga. Tal como ha sido la constante en los últimos años, quienes acabarán recibiendo el golpe más grande serán millones de colombianos que tendrán que sufragar de su bolsillo los tratamientos que requieran, para no exponerse a la enfermedad o la muerte. Ese sería el legado más lamentable de esta especie de Titanic cuyo hundimiento, de una u otra manera, parece inevitable y al cual le acaban de nombrar un nuevo capitán a pesar de que muchos ocupantes tratan ya de subirse a un bote salvavidas. Pero así sucede con las empresas zombis a las que no las dejan descansar en paz.