Los resultados de la JEP

A la vuelta de ocho años de existencia, es necesario hacer un alto en el camino para realizar un balance sobre los resultados alcanzados por la JEP. En cuanto a las cifras, a la fecha hemos imputado, en el contexto de siete macroinvestigaciones, a 333 máximos responsables por la comisión de crímenes de genocidio político, de lesa humanidad y de guerra, con una tasa de aceptación del 90 %, una cantidad jamás alcanzada por ningún tribunal penal internacional. Hemos emitido tres sentencias condenatorias y se avecinan otras dos por aceptaciones tardías de cargos. El juicio de Núremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial, condenó a 19 responsables y absolvió a tres. El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, pasados 24 años, imputó a 161 máximos responsables. El juicio a la junta militar por la dictadura en Argentina condenó a cinco altos mandos militares y absolvió a cuatro, sin que estos hubiesen contado la verdad ni pedido perdón a sus víctimas. Si bien se impusieron elevadas penas privativas de la libertad, como usualmente lo hace nuestra justicia penal ordinaria, las víctimas no obtuvieron verdad plena. Muchas heridas permanecen sin cerrar. En cuanto a los beneficios penales, la JEP ha resuelto 1.587 solicitudes de amnistía; a 566 integrantes de la Fuerza Pública, considerados no máximos responsables, se les ha renunciado al ejercicio de la acción penal tras aportar verdad plena en audiencias públicas ante sus víctimas. De igual manera, la JEP, de la mano de Medicina Legal, ha logrado identificar a 238 víctimas de desaparición forzada, siete de ellas en La Escombrera, luego de haber removido más de 56.000 metros cúbicos de tierra, y contando con el apoyo económico de la Alcaldía de Medellín. Asimismo, los resultados cualitativos de la JEP están a la vista. Por primera vez, las víctimas advierten que es posible alcanzar verdades dolorosas que se encontraban escondidas en los cementerios municipales, en las cárceles bajo pactos inquebrantables de silencio o en lo más profundo de las selvas colombianas. Muchas de ellas, libremente, han decidido perdonar a sus verdugos, en tanto que estos han logrado liberarse de esas culpas que los atormentaban en sus sueños; otras, todavía, cargan mucho dolor en sus corazones y debemos seguir acompañándolas. Al mismo tiempo, varias comunidades étnicas y afrodescendientes han avanzado hacia la sanación de sus territorios ancestrales, duramente golpeados por el conflicto armado. El Gobierno Nacional, las entidades territoriales, la comunidad internacional y el sector empresarial se vienen sumando a la estructuración y financiación de las sanciones restaurativas, al advertir que este es el camino hacia la no repetición y que todo esto hace parte de un proyecto de Nación y que no es solo un tema estrictamente judicial. En conclusión, el modelo de Justicia Transicional Restaurativa ha demostrado que es posible adelantar investigaciones penales con la participación de más de 13.645 víctimas individuales y 423 sujetos colectivos que representan a miles de personas pertenecientes a resguardos indígenas, consejos comunitarios y comunidades campesinas, respecto de crímenes jamás investigados en profundidad en Colombia (v. gr., violencia sexual, ataques contra pueblos étnicos, reclutamiento de menores de edad, vejámenes cometidos contra personas secuestradas, crímenes ambientales, uso de minas antipersonal, entre otros), poniendo rostro a los presuntos responsables de los crímenes más graves y representativos y, en muchos de estos escenarios, logrando lo impensable: un sentido y espontáneo abrazo entre las víctimas y quienes les causaron daños irreparables. Por último, conviene aclarar que la JEP continúa trabajando estrechamente con la Corte Penal Internacional (CPI), y no está entre sus planes, por el momento, abrir una oficina de monitoreo en Bogotá. * Presidente de la JEP
Un balance necesario
Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga*