Falla legislativa, la causa del lío de los avalúos catastrales

El país se encuentra en vilo ante las diferentes protestas que se vienen presentando a nivel nacional por los aumentos en el cobro del impuesto predial desde el pasado 9 de abril. Estas movilizaciones se han presentado con la convocatoria de organizaciones campesinas, gremios agropecuarios y veedurías ciudadanas. Este paro nacional principalmente está motivado para hacerle contrapeso y protestar por la actualización masiva de avalúos catastrales, ejecutada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) con la implementación del catastro multipropósito. La idea de los diferentes actores interesados radica en exigirle al Gobierno la derogatoria de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, que derrivó en incrementos en el impuesto predial como producto de esta actualización, considerados insostenibles para la economía rural y urbana. Aseguran las comunidades que protestan que este ajuste disparó la base gravable del predial en proporciones que las comunidades califican como inviables y esto ha generado incrementos, que en algunas zonas del occidente de Boyacá alcanzan entre el 4.000% y el 9.000%. Se destaca que el catastro multipropósito no es solo un inventario de predios, sino un sistema de información que identifica los inmuebles en sus componentes físico, jurídico y económico, pero además sirve como insumo para políticas públicas, ordenamiento territorial, seguridad jurídica de la propiedad, gestión ambiental y fortalecimiento fiscal de los entes territoriales. La lógica del Gobierno es pasar de un catastro meramente técnico a uno útil para tomar decisiones de desarrollo, uso del suelo, formalización y planeación. Pero esto está ocasionado una serie de impactos a nivel rural, principalmente. Para Luis Fernando Calderón, director del programa de contaduría pública de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, esta aplicación del catastro fue amarrada a una meta ambiciosa en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, con la que se busca pasar de 9,4% a 70% del territorio con la actualización catastral. Sin embargo, al cierre de 2024 el país llevaba 26,8% del territorio nacional actualizado, equivalente a 30,5 millones de hectáreas y 208 municipios, lo que muestra que la política avanzó, pero todavía tiene una brecha grande frente a la meta. Qué hacer para

evitar este impacto El experto mencionó que existen tres salidas que puede adoptar el Gobierno nacional para finalizar las protestas que se vienen adelantando en el territorio nacional. La primera salida es técnica y jurídica, y está relacionada en no confundir avalúo con impuesto. El Igac ha reiterado que el ajuste del avalúo catastral no implica un aumento automático ni proporcional del predial, porque el valor final depende también de las tarifas que define cada concejo municipal, del estatuto tributario local y de los topes legales vigentes. Entre tanto, para la mayoría de los predios rurales intervenidos, el incremento del impuesto predial unificado (IPU) no puede superar el 50% frente al año inmediatamente anterior y para viviendas de estratos 1 y 2 con avalúos de hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes aplica un límite atado al IPC, bajo condiciones específicas. La segunda salida que propone es operativa y es acelerar y masificar la revisión individual del avalúo donde haya inconsistencias. La regulación vigente permite que el interesado solicite revisión cuando considere que el nuevo avalúo excede el valor comercial o no corresponde a la realidad física del predio. "El gestor catastral tiene un plazo máximo de tres meses para resolver de fondo, y contra esa decisión proceden recursos de reposición y apelación. En paralelo, el propio artículo 49 permite suspender temporalmente procesos con inconsistencias técnicas reconocidas por el gestor catastral mientras se corrigen. En un contexto de conflictividad rural, esa debería ser la ruta prioritaria: revisión rápida, focalización de casos extremos y corrección predial, no solo defensa general de la metodología", reseñó Calderón. Y finalmente, la tercera salida ya es de política pública. Con lo que resalta que el problema no se resuelve desmontando el catastro multipropósito, porque el país sigue necesitando información predial actualizada; sino que se resuelve desacoplando mejor la modernización catastral del choque tributario de corto plazo. Las opciones que hay "Eso implica que los municipios usen de forma más activa tarifas diferenciales, pagos por cuotas y alivios transitorios, y que el Congreso retome una ley de transición tributaria más estable, porque el proyecto que buscaba rediseñar esos topes terminó archivado. Esa es, hoy, la principal brecha regulatoria", resaltó. Además, mencionó que existe una estrategia para esta situación, pero es parcial y hoy luce insuficiente. Dijo que esta se encuentra diseñada con la gradualidad e inicialmente establece que el artículo 49 fue concebido como una medida transitoria y por una sola vez, no como una actualización integral permanente. Segundo, su implementación fue diseñada en dos etapas: una primera enfocada en predios rurales y una segunda para predios urbanos, centros poblados, corregimientos y rurales con características urbanas. Y tercero, mientras no exista una nueva ley, siguen operando los límites de crecimiento del impuesto previstos en la Ley 1995 de 2019 y la Ley 44 de 1990. "El problema es que esa gradualidad ha sido más técnica que fiscal. Es decir, sí hubo una implementación progresiva del ajuste catastral, pero no se consolidó una nueva arquitectura legal de transición para el predial porque el proyecto de ley que buscaba reformarla quedó archivado. Por eso, desde el punto de vista económico, el país hoy tiene una gradualidad incompleta: hay metodología, hay etapas y hay topes vigentes, pero no una solución legislativa definitiva que cierre la tensión entre actualización catastral y capacidad de pago", mencionó.