Las declaraciones de la directora del INR, Ana Juanche, que habló de la cantidad de presos que puedan acogerse a ese beneficio si prospera la reforma, sorprendió en la bancada oficialista, que analiza la situación pero que está abocada a conseguir consenso en este tema con la oposición.
Como un coletazo de la
interpelación realizada a
Carlos Negro el jueves pasado, el sistema político inició la semana con un intenso debate en torno a uno de los capítulos que dejó el llamado a sala que promovió el senador colorado
Pedro Bordaberry al ministro del Interior: la posibilidad de que sean liberados algunos reclusos que cometieron delitos graves, en un contexto de extremo hacinamiento del sistema carcelario, pero en el que, al mismo tiempo, y pese al descenso de las cifras de los principales crímenes, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.
La oposición insistió aquel día con que el gobierno buscaba llevar adelante "la liberación" de reclusos, algo que "pasó en 2005" afirmó el interpelante y luego a partir de 2017, con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal y los problemas del inicio de su funcionamiento.
Pero el ministro buscó dar por zanjada la discusión y negó que algo así estuviera en los específicos planes de la administración de
Yamandú Orsi. "De ninguna manera este gobierno ni el ministerio ha planteado nunca, ni antes ni después de las elecciones, de alguna forma liberar presos", dijo el ministro ante los senadores.
"
Eso es un relato que se ha generado y que parece que se mantiene con una finalidad absolutamente política, en la que no vamos a entrar porque sería una discusión ante un hecho que no existe y sin fundamento. Lo que sí dijimos agregó Negro el jueves es que cualquier sistema procesal del mundo tiene
vías de escape al sistema penal porque sino eso redunda en un hacinamiento, en una población carcelaria indiscriminada y, en definitiva, en alimentar bandas criminales con personas que salen del sistema penitenciario habiendo ingresado por delitos de muy escasa entidad y devolviendo criminales peligrosos a la sociedad".
Ahora bien, esas "vías de escape" están contenidas en un proyecto de ley que el gobierno envió al Parlamento días atrás, y que plantea una profunda reforma al CPP. Esto implica, entre una gran cantidad de cambios, dos cosas relacionadas a esta discusión. La primera, la reincorporación de la
suspensión condicional del proceso, una figura que permite a los imputados, siempre que hayan cometido delitos leves, evitar la cárcel, y a cambio resolver sus situaciones con un acuerdo con las víctimas. Esto puede configurar una "vía de escape" porque se negaría la prisión a mucha gente que todavía no entró en el circuito de los delitos graves, y que suelen iniciarse en ellos al entrar al sistema carcelario. La segunda, que es a lo que hizo referencia este lunes
Ana Juanche, la directora del
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), fue lo que terminó reactivando la discusión de la semana pasada.
La iniciativa que ya ingresó para su tratamiento en la comisión de Constitución y Legislación del Senado propone ampliar significativamente la aplicación del estatuto de la libertad anticipada, un beneficio que hoy los reclusos pueden solicitar cuando han cumplido
la mitad de su pena, a excepción de
delios graves como violación, abuso sexual y atentado violento al pudor, secuestro, homicidios y crímenes de lesa humanidad aunque este último, como ya se verá, perdió el apoyo del gobierno.
Pues bien, lo que se plantea ahora algo en lo que trabajó un grupo de juristas y representantes de todo el sistema de justicia en el seno de la
Torre Ejecutiva durante todo el año pasado es habilitar la libertad anticipada en todos esos delitos, a partir del cumplimiento de tres cuartos de la pena, "teniendo en cuenta" la "conducta" del condenado, su "personalidad, forma y condiciones de vida", y si es posible "formular un pronóstico favorable de reinserción social" todos requisitos ya previstos actualmente.
Cómo funcionará esto puede entenderse en los ejemplos concretos explicados por el ministro del Tribunal de Apelaciones
Marcelo Malvar (ver recuadro), uno de los redactores de la reforma.
Pero ya se sabe que, como consecuencia, podrá producirse una liberación potencial de unos 2.000 presos, dijo ayer Juanche en entrevista con Canal 5.
"Va a mover la aguja" en la población carcelaria, dijo ante la consulta de los periodistas sobre el impacto que tendrían esos artículos, tendiente a "descompromir" el sistema. "O sea, el 15% o el 17% de 17 mil personas es mucha gente, ¿verdad? Son más de 2.000 personas" el universo de quienes pueden, eventualmente, solicitar su salida, precisó la jerarca, que a continuación agregó que es "inexacto" decir que esa liberación la dispondrá el Ministerio del Interior, ya que es "la Justicia" la que analizará, caso a caso, las solicitudes.
Esto produjo enseguida una andanada de críticas. Por citar un caso, el senador blanco
Javier García afirmó en X que con esas declaraciones se confirmaba "lo que el ministro Negro negó en la interpelación: de aprobarse las modificaciones al CPP se liberarán aproximadamente 2.000 presos". Por citar otro, el colorado Andrés Ojeda lamentó que, con las cartas vistas, se "pretenda legislar sin medir consecuencias" y que ahora el Estado transmita "un mensaje de desprotección y de absoluto desgobierno en materia de política criminal".
En la bancada del
Frente Amplio, mientras tanto, algunos legisladores recibieron con "sorpresa" las afirmaciones de Juanche, afirmó a El País uno de los consultados, por lo que esperarán a contar "con más información" sobre las proyecciones de la titular del INR. Otras fuentes del oficialismo parlamentario señalaron que el debate al respecto está "recién comenzando" y que se espera la comparecencia del grupo a la comisión de Constitución del grupo de expertos que trabajó en el tema para la semana próxima, pero que la vocación de la coalición de izquierda es "lograr el acuerdo" con la oposición y que, en vistas de que en Diputados el FA no tiene mayoría, "si no hay consenso con estos artículos, se quitarán".
"Vamos a trabajar para lograr los apoyos necesarios para que esta reforma pueda ser aprobada en ambas cámaras", sintetizó un legislador frenteamplista en este sentido.
Lo que sí se definió este lunes, informó a El País
Igancio Errandonea, integrantes de Madres Y Familiares de Uruguayos Desaparecidos, es que el inciso que define que los penados por delitos de lesa humanidad también podrán apelar a este beneficio será retirado de la iniciativa. Así fue informado por el gobierno luego de una reunión que el prosecretario
Jorge Díaz tuvo con el grupo ayer por la tarde.
El País, Uruguay
14 de abril de 2026
