De rodillas ante el crimen

Colombia cerró 2025 con 14.780 homicidios según Medicina Legal: 40 personas asesinadas cada día. El secuestro extorsivo creció 128%, con 477 víctimas, la cifra más alta en una década. Los grupos armados organizados pasaron de 15.120 integrantes en 2022 a más de 27.000, un 70% más. El Clan del Golfo duplicó su tamaño. El Eln creció 57%. Los miembros de la Fuerza Pública asesinados se duplicaron: de 77 a 153 en un año. El desplazamiento forzado aumentó 85%. La Cruz Roja declaró a 2025 como el peor año de la última década en consecuencias humanitarias. No son cifras de un país en paz. Son de un país cuyo gobierno renunció a su obligación constitucional de proteger a los ciudadanos. La llamada "Paz Total" dejó de ser una política de paz para convertirse en una fórmula de impunidad que se apartó del Estado de derecho. La lógica es perversa: el Gobierno no hace la paz con los criminales que aterrorizan a la población desde la calle, sino que libera a los ya condenados y en la cárcel para "negociar". Y lo hace sin sustento jurídico, porque la ley no permite otorgar beneficios por delitos como narcotráfico, extorsión u homicidio cuando no son conexos al conflicto político. Los ejemplos son demoledores. En marzo de 2026, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura de 23 cabecillas de las bandas más peligrosas de Medellín: La Oficina, Los Chatas, El Mesa, Pachelly, La Terraza. El gobernador de Antioquia demandó la resolución ante el Consejo de Estado, por ser "autopista de impunidad". Luego, esos mismos capos organizaron una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí para celebrar la inminente libertad de uno de ellos. Y la respuesta del candidato del gobierno, Iván Cepeda, fue: "De mí no esperen declaraciones contra la paz". La frase lo dice todo. La paz se convirtió en escudo retórico para blindar la impunidad. Mientras tanto, los computadores incautados a alias Calarcá revelaron que mientras las disidencias negociaban con el Gobierno, seguían asesinando firmantes de paz, reclutando menores, comprando arsenales y expandiéndose de 66 a 110 municipios. El senador Miguel Uribe Turbay fue asesinado por un menor de 14 años reclutado desde la cárcel, crimen ordenado por un exgestor de paz de la Segunda Marquetalia. En la Sierra Nevada, los grupos armados cobran de 10% a 25% de los ingresos de los hoteles del Parque Tayrona, que debió cerrar por la imposibilidad de garantizar la seguridad. En el Catatumbo, la ofensiva del Eln produjo más de 61.000 desplazados, la peor crisis desde 1997. En Antioquia, 40 miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados en 2025, la cifra más alta en 12 años. Y aquí está la ironía que duele: mientras el Gobierno sube impuestos, millones de colombianos pagan un segundo tributo obligatorio: la extorsión. ¿No debería ser deducible del impuesto de renta, si el Estado no me protege? Lo que propone Cepeda, heredero de esta política, no es que los criminales se sometan al Estado. Es que 50 millones de colombianos se arrodillen ante las pretensiones de los bandidos. Esto es antinatura. Colombia debe restablecer el Estado de derecho. Devolver autonomía a mandatarios locales para proteger a sus comunidades. Fortalecer a una Fuerza Pública sometida y debilitada. Combatir la extorsión con tecnología e inteligencia. Y blindar las elecciones de la interferencia criminal. La línea que conecta el Pacto de La Picota con liberación de capos, camionetas de la UNP para cabecillas, los computadores de Calarcá y la parranda de Itagüí no es una coincidencia. Es un patrón. Y quien lo denuncia no es enemigo de la paz.