Los legisladores de la oposición cuestan que no tienen en su poder información clave para continuar con las convocatorias; en el FA entienden que esa información está llegando; en el gobierno entienden que han cumplido y que se enviará lo que falta en el corto plazo.
El oficialismo y oposición tienen siempre visiones contrapuestas sobre la realidad del país, el rumbo político de la administración de turno y las definiciones de gestión que deben tomarse para encarar la mayoría de los asuntos complejos. Todo lo cual se manifestó, como si estuviera condensado, en el
debate parlamentario que gira en torno al proceso que se inició en 2010, con el
gobierno de José Mujica, y que hoy continúa con la
administración de Yamandú Orsi, con vistas a adquirir
dos patrulleras oceánicas para supervisar el mar territorial uruguayo, hoy con importantes eventos de vulnerabilidad.
La forma corta de esta polémica, que se intensificará a partir de este lunes, es con dos palabras: caso Cardama. Pero los parlamentarios, que tardaron semanas en ponerse de acuerdo en cómo investigarlo, hasta que acordaron formar una comisión especial en la Asamblea General, definieron no solo indagar la gestación del cuestionado contrato con el astillero Cardama -que se había comprometido, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025), a entregar dos patrulleras OPV por poco más de 82 millones de euros-, sino también los pasos que siguió luego la administración de Orsi hacia una rescisión final que se anunció el 13 de febrero pasado, y además los 15 años anteriores, cuando el Estado hizo el diagnóstico de la necesidad de contar con las embarcaciones y siguió entonces diversos caminos que condujeron, recién a fines de 2023, a la concreción de la compra al astillero español.
Del período del 2010 al 2020, cuando asumió Lacalle Pou, ya se indagó lo que había que indagar; comparecieron los comandantes en jefe de la Armada y jerarcas políticos de la época, lo que arrojó conclusiones tan dispares como siempre es posible en política.
Ahora, este lunes -cuando ya pasaron casi dos meses de un total de seis que la comisión tiene como plazo para funcionar-, comenzará una nueva etapa exploratoria, centrada en las etapas finales: la compra de las patrulleras y la rescisión del contrato.
Sin embargo, para avanzar en esto la oposición exige todavía contar con información que aún no está en su poder, como por ejemplo las investigaciones administrativas que este gobierno inició tanto en el Ministerio de Economía como en el de Defensa -donde se dispuso un sumario contra el exdirector de Recursos Financieros Damián Galó-, así como todos los intercambios que hubo entre el Estado y Cardama con miras a la cancelación del contrato. "Hay documentación o mensajes entre las partes que no sabemos de qué tenor fueron", dijo, por ejemplo, el diputado nacionalista Pablo Adbala, que también exige contar con "el expediente de la designación de los oficiales que viajaron a Vigo" a inspeccionar la construcción de los barcos (ver recuadro).
"De esto queremos conversar mañana, porque nos falta muchísima información y no tenemos la capacidad de formular las preguntas" a los próximos citados a esta comisión -hay un acuerdo en este sentido de que uno de los primeros en hacerlo sea Jorge Wilson, comandante en jefe durante el período anterior-, sostuvo por su parte el diputado colorado Felipe Schipani, que agregó: "El Frente Amplio quiere empezar ya con las citaciones, pero necesitamos tener toda la información y luego estudiarla".
"Sin irregularidad"
La diferencia de visión con el Frente Amplio sobre lo actuado hasta ahora por la comisión comienza en verdad en este último punto: acerca de qué información tienen hoy los parlamentarios. El senador oficialista Eduardo Brenta dijo también en diálogo con El País que el Ministerio de Defensa "está enviando" los resultados de su investigación administrativa, y que en las últimas horas también llegó a los parlamentarios la del Banco República. Con lo que, a su criterio, "queda terminado el argumento de que falta información, que estuvo siempre orientado a tirar abajo el funcionamiento de esta comisión". En el gobierno, asimismo, entienden que la información sustancial que compete a Presidencia "ya fue entregada" y en el plazo "de una semana", y que la que falta, que tendrá el rótulo de "confidencial", será enviada al Parlamento en el corto plazo, dijo una fuente del Poder Ejecutivo a El País.
Pero las diferencias insalvables crecen cuando los legisladores hacen una primera valoración de los primeros dos meses de trabajo de este ámbito. "Quedó claro que entre 2010 y 2020 se perdió mucho tiempo, ya que en ese momento había consenso de que adquirir estas embarcaciones era algo indispensable y urgente, y no se hizo nada, salvo perder tiempo y recursos en viajes y visitas a astilleros, como ocurrió con la compra de dos fragatas a Portugal por US$ 14 millones, que terminaron costando US$ 20 millones porque se sumaba el mantenimiento, y que dejaron de funcionar 10 años después porque ya estaban obsoletas".
Brenta, sobre lo mismo, cree exactamente lo contrario: su "primera consideración" sobre lo investigado hasta ahora, dijo, "es que no hubo ninguna irregularidad, entre otras cosas porque no se concretó ningún negocio". Sobre la misma compra a Portugal referida por Abdala, Brenta opinó que el costo fue menor, y que en todo caso "las fragatas funcionaron durante años un plazo más que apreciable, con lo que el resultado de esa adquisición fue excelente". "Sobre el resto de las operaciones que se hicieron, quedó claro que no existieron recursos presupuestales para comprar las OPV, y que todos los contraalmirantes que comparecieron manifestaron que cada patrullera de estas salen en el entorno de US$ 70 millones", muy por encima de los US$ 90 millones que acordó la anterior administración por dos unidades, pero que ahora, otra vez, también quedaron por el camino.
El País, Uruguay
19 de abril de 2026
