Cardama: oposición acusó al gobierno de un acto absolutamente ilegal tras declarar confidencial la información

La comisión especial formada en el Parlamento para investigar el caso Cardama se ha enfrascado en largas discusiones desde que comenzó a funcionar a fines de febrero. Está claro que el foco de las bancadas, y su interés en este caso, es contrapuesto, pues el Frente Amplio está interesado en conocer eventuales irregularidades durante el proceso de selección de los astilleros, y la oposición lo mismo pero en relación a la decisión de la actual administración de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con la empresa española a inicios de este año. Pero en la sesión de este lunes los bandos discutieron por un problema que a primera vista puede ser colateral, pero que para varios legisladores fundamentalmente de la oposición hace al sentido de la comisión parlamentaria.

La polémica tiene que ver con el alcance de la "confidencialidad" de la información en múltiples fojas que el Poder Ejecutivo envió a este ámbito en las últimas horas, referente tanto al legajo de los dos oficiales que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, envió el año pasado a Vigo para hacer tareas de supervisión de la construcción, como a documentación sobre el intercambio de correos y comunicación general entre el gobierno y la firma gallega.
En ambos casos, el gobierno incluyó el aviso de que la información adjuntada "se encuentra en el marco del contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional y Cardama, el cual contiene una cláusula de confidencialidad, y en consecuencia toda documentación vinculada al referido contrato es de carácter confidencial y reservado", esto último resaltado en negrita en el original.

El temor manifestado por varios parlamentarios tiene que ver, en primer lugar, con la finalidad de la comisión en un hipotético caso en que no pueda hacerse ningún uso público esto es, político de la información enviada; en segundo lugar, con la legalidad de la disposición del Ejecutivo; y, en tercero, con la eventual consecuencia de romper la norma al hacer la más mínima mención al tema trabajado, y ser expuesto a la posibilidad de la expulsión de la banca por cometer "actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo", como define la Constitución.

"Si de repente en una nota de prensa a uno se le escapan tres palabras que estaban en un informe que era confidencial, al rato le están aplicando el artículo 115", protestó, por ejemplo, el diputado cabildante Álvaro Perrone.

El nacionalista Pablo Abdala, uno de los más activos en este debate, llegó a plantear que si esta discusión no se aclaraba, "el sentir y la razón de ser de esta comisión han quedado sin efecto y, en tal caso, también sus potestades y sus facultades". Abdala también hizo referencia a que la declaratoria de confidencialidad, según lo establecido por la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, es definida a través de una "resolución del Poder Ejecutivo", y no mediante una formulación "genérica" que recae sobre "todo" lo enviado. "Entonces, (el gobierno) nos está diciendo que nos manda todo pero que nosotros no podemos decir nada; ese es el resumen, y es algo muy grave. ¡Eso es absolutamente ilegal!", reclamó el blanco, de acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió El País.

"Ojalá que la Administración rectifique este temperamento, pero si no lo hace la comisión no tiene ninguna razón de
ser. No va a poder investigar o, en todo caso, lo hará en secreto estoy razonando por el absurdo y la información o las resultancias de lo que investigue tendrá que quedar entre nosotros y no se podrá hacer públicamente el más mínimo comentario", agregó.

El diputado frenteamplista Joaquín Garlo defendió la decisión ministerial. Aseguró que lo que hace el gobierno es simplemente, "en el afán de priorizar la transparencia y la reserva" del contrato entre el Estado y Cardama, trasladar "la confidencialidad y la reserva a este órgano del Poder Legislativo". "No es que se esté ocultando información sino todo lo contrario", afirmó el legislador oficialista, a lo que Abdala respondió: "Antes de razonar por el absurdo, si la interpretación que hace el legislador Garlo fuera correcta, entonces, todos hemos incumplido con las normas que
regulan nuestro funcionamiento como legisladores, como integrantes de la Asamblea General y como miembros de esta comisión, porque todo llega, en algún momento, al contrato o es parte de él".

El debate al respecto tomó gran parte de la sesión, y el asunto se zanjó con una intervención, sobre el final, del presidente de la comisión, José Luis Falero. El senador blanco se mostró también "preocupado", por lo que adelantó que hará "una consulta al área jurídica para que evalúe las respuestas" que dio el gobierno "y, sobre todo, la nota del director de Secretaría". "Para ver si estamos haciendo algo mal. No me gustaría cometer errores".

Citación de Wilson y la exigencia de la información faltante

Lo otro que además resolvió la comisión fue votar la convocatoria del comadandante en jefe de la Armada durante el período pasado, Jorge Wilson, uno de los actores protagónicos del proceso de compra de las patrulleras OPV, y quien fuera sancionado con 20 días de arresto a rigor porque a entender de las autoridades actuales el militar había brindado un "informe falso" a sus superiores al ser interrogado por las negociaciones que se habían mantenido con Cardama.

Sin embargo, la oposición también reclamó que para esa instancia debería haber más información disponible de parte del gobierno de la que está en poder de la comisión, algo que no fue de recibo por parte del Frente Amplio.
"Si consideramos la información que recibimos hoy, ya tenemos a disposición el 90 % de la información; queda, básicamente, el último tramo relacionado con la rescisión del contrato y otras cuestiones", dijo en este sentido el senador Eduardo Brenta, que citó, como ejemplo, "la investigación administrativa del Banco República", y la del Ministerio de Economía que ya estaba por arribar.