Gobierno niega crisis por falta de recursos en salud

El Gobierno nacional salió a desmentir que la crisis del sistema de salud responda a una falta de recursos y señaló directamente a las EPS como responsables de las fallas. El ministro Guillermo A. Jaramillo afirmó que el problema es de gestión y no de financiación, lo que reabre el debate estructural del modelo. Desde la cartera se insistió en que la discusión sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) debe centrarse en su naturaleza como prima de aseguramiento. Sostuvo que no se trata de un presupuesto insuficiente sino de un instrumento mal gestionado por las EPS, responsables de garantizar la atención efectiva. El funcionario fue enfático en que el actual Gobierno ha realizado el mayor esfuerzo fiscal en salud. Entre 2022 y 2026 el presupuesto creció 51% y la UPC aumentó 28%, sumando más de $21 billones adicionales sin reflejar mejoras proporcionales en atención, según expuso. Pese a este incremento, advirtió que los problemas de acceso persisten. "La pregunta no es cuánto dinero falta, sino qué está pasando con el dinero que ya se giró", señaló Jaramillo. Las quejas por medicamentos y demoras evidencian una desconexión entre recursos y resultados reales. El Gobierno sostiene que el cuello de botella está en la intermediación financiera del sistema. Mientras el Estado gira "oportunamente" los recursos, las EPS acumulan deudas con hospitales y trabajadores, lo que impide que el dinero llegue efectivamente a los servicios de salud, afectando la atención. En esa línea, el Ministerio recalcó que la UPC no es un presupuesto operativo para las entidades. Se trata de una prima que obliga a gestionar el riesgo en salud, por lo que los problemas financieros no pueden atribuirse automáticamente a insuficiencia de recursos, sino a fallas administrativas. El análisis oficial también cuestiona el uso de indicadores financieros en el debate. La siniestralidad no mide la suficiencia de la UPC sino la eficiencia en la administración del riesgo, lo que explica diferencias entre EPS bajo el mismo esquema de financiación. Además, el Ministerio señaló inconsistencias relevantes en la información reportada por las entidades promotoras. Por ejemplo, dicen, se identificaron irregularidades como facturación a personas fallecidas, cobros excesivos de medicamentos y procedimientos inconsistentes que afectan la transparencia del sistema, según lo expuesto en la rueda de prensa. El ministro fue más allá al referirse a recursos sin justificación clara. "Nos piden más dinero, pero no pueden explicar dónde está el que ya se giró", indicó. Las inconsistencias superarían los $15 billones, lo que refuerza las dudas sobre el manejo financiero de las EPS. Estas alertas coinciden con observaciones de los organismos de control. La Contraloría General ha advertido sobre la existencia de recursos sin trazabilidad clara, lo que evidencia fallas en los mecanismos de control y la necesidad de mayor transparencia en el uso del dinero público. Nueva EPS Uno de los casos más críticos expuestos por el Ministerio es el de Nueva EPS. La entidad no cuenta con estados financieros firmados para 2023 y reportó un aumento de gastos de $14 billones a $24 billones en un año, situación que motivó su intervención. Frente a este escenario, el Gobierno anunció medidas para mejorar la calidad de la información. Se implementarán sistemas integrados que cruzan facturación electrónica con registros de servicios y códigos únicos de validación para garantizar trazabilidad en tiempo real, reduciendo riesgos de manipulación. En paralelo, el Ministerio descartó un escenario de liquidación masiva de entidades del sistema. El objetivo es evitar cierres de hospitales y garantizar continuidad en la prestación, incluso en medio de la reorganización posterior a la pandemia. Según datos, el país registra una expansión en la capacidad de servicios. En los últimos tres años se ha ampliado la oferta de atención con un crecimiento del 37% en sedes y prestadores, especialmente en regiones apartadas del país. Defendió los avances en salud pública y atención primaria. Se han desplegado 10.983 equipos básicos, 1.882 proyectos por $4,4 billones y 1.680 vehículos asistenciales para mejorar el acceso en territorios históricamente excluidos, fortaleciendo la red. En materia preventiva, destacó la vacunación contra fiebre amarilla. Se han aplicado más de 5,5 millones de dosis.