La Nación, Costa Rica
25 de abril de 2026
Sobreviven vestigios de un aparato pesado que consume recursos sin resultados. El ingreso a la OCDE nos da la oportunidad de pasar a un Estado regulador, pero necesitamos afinar el lápiz, apoyarnos en tecnología y colocar bien los incentivos
Entre las grandes transformaciones de la Segunda República destaca el cambio en el rol del Estado: de uno patriarcal transitó a uno interventor y prestador de servicios para asegurar que los pobladores de todo el país tuvieran sus necesidades cubiertas. Por poner solo un ejemplo, en los años 70 la Caja Costarricense de Seguro Social pasó de administrar un fondo a gestionar los hospitales directamente. Esta y otras medidas, como la creación del Consejo Nacional de Producción, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la nacionalización de la banca y creación de otras empresas y entidades fueron clave para alcanzar los más altos índices de desarrollo humano el siglo pasado.
En los años 80 y 90, tras la apertura comercial, eliminamos los monopolios del ICE, del Instituto Nacional de Seguros y de las cuentas corrientes, permitiendo tímidamente mayor participación del sector privado en distintas áreas. Sin embargo, sobreviven vestigios de un aparato pesado que todavía consume recursos importantes sin los resultados esperados.
El desperdicio de los recursos nacionales impide el crecimiento económico robusto requerido para alcanzar nuestras ambiciosas metas de desarrollo. En los últimos 40 años el crecimiento real promedio de Costa Rica ha rondado el 4,3% anual; en la última década, el promedio fue cercano al 3,5%. Tampoco hemos resuelto los problemas sociales que aquejan a grandes partes de la población. Es evidente que algo está mal en nuestra organización: el sector privado nacional no produce lo suficiente y el Estado no garantiza el bienestar de la mayoría.
El ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nos ha dado la oportunidad de pasar a un Estado regulador y facilitador. Soltar riendas, eliminar trámites o abrir monopolios, como ya se ha venido haciendo, es solo una parte de la tarea. Necesitamos afinar el lápiz: apoyarse en la tecnología, planificar la obra pública y la educación, colocar los incentivos donde corresponden a la hora de legislar, entre otros aspectos. Por ejemplo, para que la Comisión para Promover la Competencia sea realmente efectiva, no basta con la reforma legal de hace unos años, se impone la asignación de presupuesto y personal adecuados para que produzca el impacto en la competitividad y la productividad económicas de nuestro país.
Espero que el anunciado fortalecimiento de las rectorías de los ministerios conlleve una reorganización del complejo aparato estatal para que se logre darle mayor fluidez y, a la vez, mayor solidez a la conducción del Estado.
