Secretos de estado

Los anunciados cambios a la ley de "derecho de acceso a la información pública" ponen sobre la mesa, una vez más, la existencia de una cultura del "secreto" en el Estado que no es fácil de corregir.

El proyecto, iniciativa del Frente Amplio, pretende incluir modificaciones a la ley vigente, con el objetivo de hacerla más eficiente para quien pide información al Estado. Por un lado, propone límites a la discrecionalidad del organismo público para declarar reservada o confidencial determinada información. Por otro lado, sugiere que si el organismo asegura no tener la información requerida, debe demostrar al solicitante que agotó todos los mecanismos para buscarla. Tambien sugiere reducir los plazos para responder.

Por último plantea ampliar quienes son los sujetos obligados a facilitar el acceso a información y ello incluiría a instituciones privadas "que reciban, administren o utilicen fondos públicos o bienes del Estado".

La oposición estaría dispuesta a seguir trabajando sobre el proyecto aunque propone algunos ajustes y arreglos para ser más precisos en lo que se busca.

Con casi dos décadas de vigencia, parece increíble que sea necesario hacer estas modificaciones. Cuando la ley fue promulgada en 2008, su objetivo era romper lo que entonces se llamaba la cultura del secreto, o sea la posibilidad que tenía el Estado, una especie de poder otorgado por nadie, de no compartir con la ciudadanía la información que el propio Estado generaba.

Lamentablemente ese cambio no ocurrió, desde ministros y directores hasta simples burócratas, persiste la resistencia a li-berar información sobre lo que el Estado hace o investiga. Ello obliga a que la búsqueda de los más mínimos datos sea difícil y haya que recurrir al mecanismo previsto por la ley para obligar a los organismos públicos a dar la información requerida.

Y aún así lo hacen de mala gana y a veces se muestran desconcertados si quien lo pide es un ciudadano común (no un periodista), o un universitario que requiere información para completar su tesis doctoral. Esto ocurrió y a un ministro le pareció excesivo que hasta estudiantes avanzados utilizaran el mecanismo. Es que la ley no fue hecha solo para periodistas, aunque ellos son los que más lo usan. Su artículo 3º lo dice bien claro: "El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacio-nalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información".

Hoy, con en el impresionante desarollo de la tecnología, cualquier dato que alguien quiera saber sobre lo que hace el Estado, debería poder accederse con simplemente tocar la tecla de "enter" en la computadora. Además, todo lo que genera un organismo público debería ser rápidamente volcado a su sitio, Es lo que hacen países cuidadosos de la transparencia, países que reconocen que el ciudadano tiene derecho a saber y a acceder sin escollos a la información que busca. Por lo tanto, no hay excusas para que el secretismo continúe.

En una columna anterior me había mostrado sorprendido por la cantidad de veces que los periodistas hacían uso del meca-nismo previsto por la ley para acceder a determinada información. Me pareció que, al ser excesivo, su uso en realidad des-nudaba la reticencia visceral del Estado a abrirse. Había que aplicar el procedimiento debido a la dificultad para llegar a lo que se buscaba y que lo lógico era que se accediera por vías más simples.

Si los periodistas aplican el mecanismo con tanta frecuencia quiere decir que, en primer lugar, la información no está en los sitios de la red del organismo y, en segundo lugar, que no estando ahí tampoco los jerarcas correspondientes o los funcionarios a cargo de determinadas áreas, al ser consultados en forma personal, se prestan a responder al requirimiento del periodista.

Esto significa que la ley allana mediante el mecanismo previsto ese muro de silencio, lo que es bueno, pero que no se logró cambiar la cultura de secretismo. El mecanismo fue previsto como último recurso, no para ser usado con la frecuencia que se hace. Lo ideal debió ser que con el paso del tiempo se usara cada vez menos porque lo requerido iba a estar cada vez más disponible.

La consecuencia es que ahora el Parlamento discute modificaciones que insisten en una mayor transparencia, que exijen al Estado mejor disposición para informar. Muchas veces esa negativa responde no a cuestiones de confidencialidad o seguridad nacional, como suele justificarse, sino simplemente a la creencia que al funcionario consultado no le corresponde dar información, que el organismo público y es dueño de ella y por lo tanto su burocracia decide arbitrariamente que se guarda para sí y a quien responde. Predomina un sentido de propiedad que no es tal. Es esa forma de manejarse ante los requerimientos de los ciudadanos (sean estos periodistas o no) lo que debe cambiar de manera drástica.