El agresor y su familia declararon que había sido asesinada en la vía pública por delincuentes desde una moto, pero luego se comprobó que intentaban "desviar la investigación".
El
Tribunal de Apelaciones Penal de 1
er Turno confirmó la condena de un hombre que mató a su pareja doce años menor que él. Habían
comenzado la relación cuando él tenía 28 y ella 16. El equipo fiscal dijo que hubo "
falta de seguimiento institucional", ya que existían denuncias por violencia doméstica presentadas por la madre de la adolescente.
La relación entre el ahora condenado y la víctima comenzó en 2021. La familia de la adolescente
no apoyaba el vínculo, por lo que ella decidió irse de su casa y pasar a convivir con el hombre y sus familiares en un predio ubicado en
Punta de Rieles.
El 30 de enero de 2025, durante las primeras horas de la madrugada mantuvieron una discusión y él le disparó con su arma calibre 32 a la altura del abdomen. Salió de la casa con ella en brazos, mientras pedía ayuda a su familia. Una vecina colaboró para trasladar a la herida a la
policlínica Malinas.
Al llegar al centro asistencial, el ahora condenado la dejó en el suelo, pidió que la asistieran y se fue corriendo, argumentando que iría a buscar los documentos de la joven, pero nunca volvió. A pesar de los intentos de los médicos para salvar a la adolescente, finalmente falleció.
Tras ser consultados, tanto el ahora condenado como su familia dijeron que se había tratado de una
balacera y que los supuestos responsables habían disparado desde una moto roja.
Con el transcurso de los días, los investigadores concluyeron que esto no fue así. Uno de los elementos tenidos en cuenta fue la
llamada al 911 de la hermana del condenado, quien olvidó cortar y se pudo escuchar que manejaban otras hipótesis para declarar, como que la víctima se había disparado a sí misma.
Además, la madre de la adolescente dijo haber sido informada, por una persona de la que no quiso brindar los datos, de que su hija había sido
asesinada por su pareja.
Pero a estos hilos, los cuales siguió la Policía, se sumó que al realizar el análisis de la vía pública, los investigadores no encontraron ningún indicio de una posible balacera.
No había sangre, ni vainas, ni otras señales de disparos. Testigos aseguraron no haber escuchado el ruido de ninguna moto segundos antes del asesinato, aunque sí sintieron una detonación.
Durante un allanamiento, el hermano del agresor confesó que en la noche de la tragedia escuchó un disparo y, al salir de su habitación, se encontró con el ahora condenado. Este, en ese momento, le admitió haber matado a la joven cuando el
arma "se disparó" en medio de una discusión.
Otra testigo del barrio, que relató que se juntaba de forma frecuente con la víctima en un almacén o en la calle, dijo que la joven le había dado información sobre su vida personal. La adolescente le aseguró que "
tenía muchas peleas" con su pareja y que él
era muy celoso, le controlaba el teléfono y no la dejaba salir sola. "Ella le dijo que estaba cansada de tanta discusión por celos", declaró la testigo.
La jueza Mercedes Reyes condenó en primera instancia al hombre a 25 años de penitenciaría por un delito de
homicidio muy especialmente agravado por femicidio y porte de arma de fuego por reincidente. La defensa del hombre no aceptó la sentencia y la apeló, asegurando que la prueba no alcanzó el estándar de certeza requerido.
Además, los abogados relacionaron la muerte de la joven con un conflicto entre bandas de la zona e hicieron énfasis en que la muerte ocurrió en la vía pública, tal como aseguró la familia del condenado. También argumentaron que "no se probó violencia sistemática, dominación ni ejercicio de poder patriarcal". En este sentido, solicitaron la absolución o que, en todo caso, se elimine el agravante.
Por su parte, la Fiscalía de Homicidios de 3
er Turno, representada por
Adriana Edelman y
Alana Eccher, defendió que las versiones de los testigos presentados por la defensa fueron "contradictorias y buscaban desviar la investigación".
El equipo fiscal hizo énfasis en que la joven vivía en un "entorno de control, celos y discusiones frecuentes", mencionando antecedentes de violencia y denuncias previas. En este sentido, aseguraron que existió "
falta de seguimiento institucional" a pesar de que existían actuaciones en un Juzgado de Familia que buscaban brindarle asistencia psicológica y protección.
Luego de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno se pronunció, manteniendo los delitos tipificados, pero disminuyendo la pena. Los ministros consideraron que las evidencias presentadas por Fiscalía fueron suficientes para acreditar la responsabilidad del hombre en el asesinato, así como los motivos para que se trate de un femicidio.
De igual forma, consideraron que la condena a 25 años de penitenciaría fue "
demasiado severa" y que la pena no deja "margen suficiente para eventuales situaciones mucho más graves (por ejemplo, femicidio de varias mujeres, homicidio muy especialmente agravado por femicidio y varias agravantes muy especiales)". Es por esto que finalmente fijaron la pena en 21 años.
El País, Uruguay
27 de abril de 2026
