Libertad anticipada en CPP: Díaz dijo que buscarán "soluciones de consenso" para "resolver algunos problemas"

Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, compareció este martes a la Comisión de Legislación y Constitución del Senado por la reforma del Código del Proceso Penal (CPP), junto a integrantes del equipo técnico asesor que elaboró el proyecto.

Uno de los puntos que se discutieron, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País, fue los cambios al régimen de libertad anticipada que se habían incluido originalmente y el gobierno decidió retirar, tal como se anunció a mediados de abril.

Díaz, tras una consulta al respecto del senador colorado Pedro Bordaberry, dijo que fue un aspecto muy discutido, que surgió por una "iniciativa" del Poder Judicial, que finalmente fue adoptada.

"Se envió al Consejo de Ministros y este lo envió al Parlamento. No hubo por parte del Poder Ejecutivo ni tampoco del prosecretario de Presidencia el ejercicio de una especie de comisariato político respecto de las conclusiones del grupo, sino que se remitieron al Parlamento tal como fueron aprobadas", explicó.

Luego, "lo que resolvió la bancada de senadores del Frente Amplio, en combinación con el Poder Ejecutivo, fue que este artículo, tal como estaba redactado, se retirara de la discusión parlamentaria". La decisión se tomó luego de la reunión de Díaz con Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y con Crysol.

No obstante, esto se hizo "sin perjuicio de que, evidentemente, en el proceso de discusión parlamentaria, ojalá puedan encontrarse fórmulas que sean de consenso y que permitan resolver los problemas que se pretendían solucionar con la redacción original".

Actualmente, la libertad anticipada se puede solicitar por aquellos reclusos que hayan cumplido la mitad de su pena, a excepción de delitos graves como violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, secuestro, homicidios y crímenes de lesa humanidad.

Lo que planteaba la reforma, y ahora fue retirado, era habilitar la herramienta en todos esos delitos, a partir del cumplimiento de tres cuartos de la pena, "teniendo en cuenta" la "conducta" del condenado, su "personalidad, forma y condiciones de vida", y si es posible "formular un pronóstico favorable de reinserción social", requisitos que ya están previstos en la normativa actual.

"Si se busca una solución que sea de consenso, en la que haya un acuerdo, bienvenida sea porque nosotros, con esa redacción, pretendíamos resolver algunos problemas que se dan en la práctica", insistió el prosecretario.

Según afirmó Díaz, uno de los "problemas" que la administración pretende resolver es los casos de "mujeres que ingresan cincuenta gramos de marihuana a la cárcel" y "no solamente son penadas con una pena de cuatro años, sino que, además, no se les permite redimir pena por estudio o trabajo y no se les permite dar la libertad anticipada".
El régimen de libertad anticipada fue uno de los cuestionamientos más polémicos en la interpelación de Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro, hace algunas semanas. El senador acusó al gobierno de querer liberar privados de libertad como "pasó en 2005", lo que fue negado por Negro.

"De ninguna manera este gobierno ni el ministerio ha planteado nunca, ni antes ni después de las elecciones, de alguna forma liberar presos", dijo el ministro en la Cámara de Senadores.

Investigaciones previo a imputar

Otro tema que se conversó fue la posibilidad de establecer un plazo de investigación previo a la formalización, lo cual fue cuestionado por el senador colorado Andrés Ojeda, y que quedó a priori descartado tras una "fuerte oposición" de Fiscalía.

"Empezamos a trabajar sobre un primer borrador de un proyecto de reformas en el cual estaba contemplado un plazo específico. Efectivamente, la Fiscalía hizo firme oposición a que haya un plazo de investigación previo a la formalización. Entendimos que sí tenía que quedar contemplado en forma genérica, pero establecer un plazo específico podría condicionar en gran medida el funcionamiento de la fiscalía", dijo la fiscal Valeria Bovio, representante del Ministerio Público en el equipo técnico asesor.

La reforma plantea que "toda persona tiene derecho a ser investigada y juzgada en un plazo razonable", previo a su eventual imputación, pero, tal como dice Bovio, no se fija un plazo determinado.

"Se le podrá solicitar al juez que adopte las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la duración razonable de la investigación, como urgir al fiscal la realización de diligencias pendientes o fijar un plazo para que se tome la decisión de solicitar la formalización o no de la investigación", agrega además el proyecto de reforma.

Sobre el final de la sesión, Díaz también se refirió al punto: "Esa fue una gran discusión y digamos que en el grupo de trabajo fue una gran conquista de la Fiscalía que no se fijase. Ellos van a procurar mantenerla y supongo que el Colegio (de Abogados del Uruguay) buscará otra cosa".