Consejo Fiscal no descarta que el Perú pierda grado de inversión en cinco años

Con la implementación de leyes con iniciativa de gasto, promulgadas por el Congreso, el déficit fiscal podría incrementarse cerca de tres puntos porcentuales del PBI entre el 2026 y el 2036, y la deuda pública podría elevarse en 22 puntos porcentuales del PBI en un horizonte de 10 años. Pero esta no es la única consecuencia, pues incluso podría comprometerse el grado de inversión.De acuerdo con Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, esta consecuencia ?no sería inmediata?, pero existe la posibilidad de repetir la historia de Colombia, si el siguiente gobierno mantiene el mismo camino del actual. ?El problema es que estamos reventando la tarjeta de crédito sabiendo que no tenemos manera de pagarla más adelante?, aseguró durante su intervención en la conferencia ?Finanzas públicas y retos macrofiscales?, organizada por el Consejo Fiscal. ?Es un escenario plausible si seguimos en una senda fiscal de ese tipo, y en una gestión de cinco años, sí hay tiempo como para que estos problemas se sigan agudizando y las calificadoras nos hagan dos rondas de ?downgrade? (reduzcan dos calificaciones). Como Consejo Fiscal no estamos pronosticando que ocurra tampoco, lo importante es que si no se corrige el rumbo, es un escenario que no tiene probabilidad cero?, explicó.Agregó que para perder el grado de inversión necesitaríamos que al menos dos calificadoras sitúen al país por debajo del grado de inversión y por ahora el escenario es favorable. ?En una [calificadora] estamos dos niveles por encima, en otro tres?, señaló.?Leyes de alto riesgo?El Perú viene incumpliendo la regla fiscal durante los últimos tres años y con medidas aprobadas por el Congreso, el escenario se ve adverso. Solo en los últimos 18 meses, se aprobaron leyes que le cuestan al país S/36.700 millones o tres puntos del PBI anual.?Marzo [2026] ha sido el mes de mayor generación de gasto público en historia del Perú por el Congreso de la República. Aprobaron en dos sesiones una serie de medidas que en conjunto generan un costo total del 1% del PBI, básicamente en pensiones y beneficios laborales?, precisó.Además, hay un grupo de leyes que, por su naturaleza, se implementarían de forma permanente y podrían demandar hasta el 2,6% del PBI. Gran parte de ellas todavía no están implementadas y tienen que ver con beneficios laborales como el incremento de pensiones para maestros (S/8.018 millones), el pago de CTS y gratificaciones (S/2.044 millones), etc. De hecho, refirió Segura, estas deberían ser revertidas antes de que entren en vigencia. A este bolsón de normas se suman las iniciativas legislativas onerosas que están en trámite.Para el economista, el disparador de estas iniciativas de gasto fue la interpretación del Tribunal Constitucional del artículo 69 de la Constitución, con respecto a las facultades del Congreso. Con ello, se dejó el camino libre para que el Legislativo ?haga lo que quiera? con respecto a las normas.?Tenemos tres partidos en contienda todavía para la segunda vuelta y los tres han aprobado ?aquí no hay derechas ni izquierdas? mayoritariamente estas leyes?, mencionó.A esto se suma la inacción del Ejecutivo. Segura señaló que, en los últimos tres años, no se ha presentado ninguna acción de inconstitucionalidad y se han formulado pocas observaciones a las iniciativas de gasto del Congreso.