Revés que ratifica que opera el Estado de derecho en el país

Las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en contra de iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro ha configurado, desde 2024, un escenario de presión creciente sobre su agenda económica. Los fallos no sólo han frenado proyectos fiscales y regulatorios, sino que han obligado a replantear ingresos, gasto y el alcance de sus reformas, en momentos en que el Ejecutivo buscaba consolidar su estrategia de financiación y control de sectores estratégicos. Uno de los reveses más recientes provino de la Corte Constitucional al suspender provisionalmente el recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, prevista para mayo de este año. La decisión impacta directamente las expectativas de caja del Gobierno y se suma a un golpe mayor: la declaratoria de inexequibilidad del decreto que estableció la emergencia económica. De acuerdo con Gustavo Cote, exdirector de la Dian, "la decisión de la Corte Constitucional confirma la vigencia del Estado de derecho en Colombia y marca claramente la separación de poderes públicos, en donde naturalmente, estando contemplada en la Constitución la posibilidad de decretar impuestos en estados de emergencia económica, las medidas tributarias que se dicten no pueden transgredir las normas de la carta política, en especial el principio de igualdad, en virtud del cual no es admisible tratar igual a desiguales. Las ESAL, por su naturaleza, son diferentes a las sociedades comerciales". El tribunal señaló que esa declaratoria no cumplía los requisitos constitucionales, lo que dejó sin piso jurídico las medidas que suponía esta iniciativa.